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CE. P.I. (GESTIÓN FINANCIERA)

El artículo 106 de la Constitución Española establece que los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa:

Especialmente en el ejercicio de potestades discrecionales.

En especial, en el ejercicio de sus potestades sancionadoras.

Así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

Según el artículo 135 de la Constitución Española, los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones:

Podrán ser objeto de enmienda o modificación cuando resulte necesario.

Se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos.

No se incluirán en sus presupuestos si con ello se incurre en déficit estructural.

El artículo 9.1 de la Constitución Española consagra:

El principio de legalidad y las potestades administrativas que puede ejercer la Administración.

El sometimiento de los poderes públicos y de los ciudadanos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

El sometimiento de los poderes públicos y de los ciudadanos a los poderes ejecutivo y judicial.

El principio de territorialidad de la imposición de las Comunidades Autónomas está regulado en:

El artículo 157 de la Constitución.

El artículo 158 de la Constitución.

El artículo 156 de la Constitución.

De acuerdo con el artículo 134.7 de la Constitución Española, la Ley de Presupuestos:

No puede crear tributos ni modificar los existentes.

No puede crear tributos pero si modificar los existentes, salvo los tipos impositivos.

No puede crear tributos pero si modificar los existentes, cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

La potestad originaria para establecer tributos corresponde:

Al Estado y a las Comunidades Autónomas.

El Estado mediante Ley.

Al Estado mediante Leyes Orgánicas.

El artículo 31.2 de la Constitución Española establece:

Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.

Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado y aprueban sus Presupuestos.

El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

El déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto lo fijará:

Una ley orgánica.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado y las leyes autonómicas de presupuestos.

Gozarán de prioridad absoluta para su pago:

Los créditos para satisfacer los intereses de la deuda pública.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública.

Los créditos para satisfacer al capital de la deuda pública.

Los límites del déficit estructural y de volumen da la deuda pública podrán superarse:

En ningún caso.

En caso de situaciones de emergencia extraordinaria que escapan al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

En caso de situaciones de emergencia extraordinaria que escapan al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado apreciadas por la mayoría absoluta da los miembros del Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno.

El Fondo de Compensación Interterritorial nace para hacer efectivo el principio de:

Autonomía financiera.

Suficiencia.

Solidaridad.

El Fondo de Compensación será destinado obligatoriamente a:

Puede ser destinado a financiar inversiones que contribuyan a disminuir las diferencias de renta y riqueza en el territorio español o a gastos de funcionamiento asociados a dichas inversiones.

No hay obligación alguna respecto a su destino.

Inversiones que contribuyan a disminuir las diferencias de renta y riqueza en el territorio español.