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L.16/12/1954, EXPROPIACIÓN FORZOSA. P.I. A2

Es un procedimiento especial de expropiación forzosa:

Todas las respuestas son correctas.

La expropiación que dé lugar al traslado de poblaciones.

La expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad.

El expediente expropiatorio se inicia con:

El acuerdo de necesidad de ocupación.

La determinación del justo precio.

La declaración de utilidad pública.

En un procedimiento de expropiación forzosa, una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare. Si el pago no se produce en el plazo máximo establecido en la Ley de expropiación, según el artículo 57:

Habrá que volver a determinar el justo precio.

Devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado hasta que se proceda a su pago.

Ninguna de las respuestas es correcta.

Durante la tramitación de los expedientes de expropiación forzosa:

Las transmisiones de dominio o de cualesquiera otros derechos o intereses darán lugar a su archivo.

La transmisión de dominio o de cualesquiera otros derechos o intereses originarán la apertura de nuevo expediente.

Las transmisiones de dominio o de cualesquiera otros derechos o intereses no impedirán su continuación.

En un expediente de expropiación forzosa, la resolución del Jurado Provincial de Expropiación:

Es recurrible en alzada o reposición ante la Administración expropiante.

Ultima la vía administrativa y contra la misma procederá recurso contencioso-administrativo.

En función del carácter del bien expropiado, procederá recurso ante los Tribunales Económico Administrativo Regionales, con carácter previo al Recurso de Alzada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, inicia el expediente expropiatorio:

Las declaraciones de utilidad pública o de interés social.

El acuerdo de necesidad de ocupación.

La relación de bienes y derechos de necesaria ocupación.

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa, además del justo precio fijado en la forma establecida en la citada Ley, se abonará:

Un 5% como premio de afección, si el justo precio se ha acordado de mutuo acuerdo.

Un 5% como premio de afección, en todos los casos de expropiación.

Un 5% como premio de afección, si la Administración ha rechazado la expropiación total del bien.

De conformidad con la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, en qué momento habrá de evaluarse de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación:

Una vez efectuado el pago o realizada la consignación del justiprecio.

Si han transcurrido cuatro años sin que se haya hecho efectivo o consignado la cantidad fijada como justiprecio.

Si han transcurrido dos años sin que se haya hecho efectivo o consignado la cantidad fijada como justiprecio.

En un procedimiento de expropiación forzosa en qué supuesto podrá ejercitarse el derecho de reversión:

Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social.

Cuando realizada la obra o establecido el servicio quede alguna parte sobrante de los bienes expropiados.

Cuando se ejecute la obra o se establezca el servicio que motivó la expropiación.

En un expediente de expropiación forzosa, qué plazo tiene el propietario para extender hoja de aprecio cuando no hay mutuo acuerdo para la determinación del justiprecio:

20 días.

10 días.

15 días.

Con arreglo al artículo 55 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, es presupuesto del ejercicio del derecho de reversión:

Haberse solicitado en 6 meses, a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el exceso de expropiación, la desafectación del bien o derechos expropiados o su propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio.

Haber transcurrido 20 años sin iniciarse la obra o la prestación del servicio.

La restitución de la indemnización expropiatoria actualizada.

El expediente expropiatorio se inicia con:

La declaración de utilidad pública.

El acuerdo de necesidad de ocupación.

La apertura de información pública.