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L.29/2998, CONTENC-ADM. P.I. A1

La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 20, excluye de la posibilidad de interponer recurso contencioso administrativo contra la actividad de una Administración Pública:

Al Ministerio Fiscal.

A los órganos de la misma Administración y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una ley lo autorice expresamente.

A cualquier ciudadano en ejercicio de la acción popular.

¿Qué tipo de recurso cabe ante una sentencia firme dictada en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta?:

Recurso de casación.

Recurso de revisión.

Recurso de súplica.

Cuál de los siguientes órganos no se halla integrado en el orden jurisdiccional contencioso administrativo:

Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

Tribunal Económico Administrativo Central.

Cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público. El plazo para interponer el recurso de lesividad será:

De tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

De dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

De cuatro meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo?

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto, en primera instancia, resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán de los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración pública.

Cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa deberá:

Una Administración no puede demandar la anulación de sus propios actos.

Con carácter previo, declararlo lesivo para el interés público.

Interponer el recurso en el plazo de tres meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.

A quién corresponde conocer en única instancia de los recursos contra las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales:

A los juzgados de lo Contencioso- administrativo.

A las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.

Al Tribunal Supremo.

Según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las Entidades Locales que tengan por objeto sanciones administrativas, cualquiera que sea su naturaleza, cuantía y materia:

Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

En los litigios entre Administraciones, de acuerdo con la Ley 29/1998, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de:

2 meses.

2 meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa.

En los litigios entre Administraciones no cabrá interponer recurso contencioso-administrativo.

La Sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo:

Sólo producirá efectos entre las partes.

Producirá efectos frente a terceros.

Producirá efectos para todas las personas afectadas.

En virtud de lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo cuando el acto administrativo NO fuera expreso será de:

Dos meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Un meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:

Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración Pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Solo las personas físicas que ostenten un derecho o interés legítimo.

Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.

Solo las personas jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.