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L.33/2003, 3 NOV, PATRIMONIO. P.I. A2. GESTIÓN CIVIL AE

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los inmuebles vacantes, de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:

Los inmuebles que carecieren de dueño pertenecen a la Administración de la Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma en que los mismos radiquen.

Los inmuebles que carecieren de dueño pertenecen a la Administración General del Estado.

Los inmuebles que carecieren de dueño pertenecen a la Administración provincial de la localidad en que los mismos radiquen.

Los inmuebles que carecieren de dueño pertenecen a la Administración municipal de la localidad en que los mismos radiquen.

Señale la respuesta correcta en relación con los bienes comunales:

Se regulan en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Son bienes de dominio privado o patrimoniales.

Su aprovechamiento y disfrute se efectuará preferentemente en régimen de explotación colectiva o comunal.

Los que no hubieren sido objeto de disfrute de esta índole durante más de 20 años podrán ser desprovistos de su carácter comunal mediante acuerdo de la Entidad local respectiva.

Según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos:

En el caso de las entidades públicas empresariales, los recursos que constituyen su tesorería.

El dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda.

Los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas.

Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado.

Según el artículo 16 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos con el carácter de:

Comunales.

Privados.

Patrimoniales.

Demaniales.

Tienen la consideración de bienes patrimoniales:

Las playas.

Los derechos de propiedad incorporal del Estado.

Los inmuebles de la Administración General del Estado sede de sus organismos.

La plataforma continental.

Respecto de la potestad administrativa de deslinde, según el artículo 50.2 de la Ley 33/2003, de 30 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:

El inicio del procedimiento administrativo de deslinde tiene la única finalidad de comprobar quiénes son los interesados y se deberá seguir el procedimiento en sede judicial.

El inicio del procedimiento administrativo de deslinde tiene la mera finalidad de comprobar esta posibilidad, que deberá ser instado en sede judicial.

Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, deberá instarse procedimiento judicial con igual pretensión.

Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión.

Según lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la afectación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado a los departamentos ministeriales compete al:

Director General de Patrimonio del Estado.

Presidente del Gobierno.

Ministro competente en materia de Hacienda.

Consejo de Ministros.