Usamos cookies en este sitio web. Lea más acerca de ellas en nuestra política de privacidad. Para desactivarlas, configure adecuadamente su navegador. Si continúa usando este sitio web, está aceptándolas.

Página 1 de 1

L.36/2011, JURISDICCIÓN SOCIAL. P.I. A2

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, no conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social:

De las cuestiones litigiosas que se promuevan en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo.

De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho a huelga relativa a los funcionarios públicos.

De las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, salvo lo dispuesto en la Ley Concursal.

Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social finalizada la actividad comprobatoria inspectora, podrán adoptar la siguiente medida:

Proponer a la autoridad laboral competente la paralización inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, cuando exista riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.

Ordenar la paralización de las ayudas y subvenciones para el fomento del empleo, formación profesional ocupacional y promoción social en los supuestos que compruebe incumplimientos en la aplicación y destino de las mismas.

Proponer a su respectivo jefe la formulación de demandas de oficio ante la Jurisdicción de lo Social en la forma prevista en la Ley reguladora de dicho Orden Jurisdiccional.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá:

En única instancia, de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores.

En única instancia, de los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros.

En única instancia, de los procesos sobre tutela de los derechos de libertad sindical cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.

En un despido disciplinario declarado improcedente por no apreciarse que los hechos acreditados hubieran revestido gravedad suficiente, pero que constituyeran infracción de menor entidad según las normas alegadas por las partes:

El juez podrá autorizar la imposición de una sanción adecuada a la gravedad de la falta.

El juez ni podrá sancionar al trabajador ni podrá autorizar al empresario a que lo haga.

El juez podrá sancionar al trabajador en función de la gravedad de la falta.

Son principios del proceso en el orden jurisdiccional social:

Inmediatez, concentración y celeridad.

Inmediación, oralidad, concentración y celeridad.

Inmediación, oralidad y celeridad.

Son materias excluidas del orden jurisdiccional social:

Los procesos de conflictos colectivos.

Las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades preventivas de riesgos laborales.

Las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad.

En el proceso ordinario en el orden jurisdiccional social y en lo que se refiere a la celebración del acto de conciliación:

Corresponderá al secretario judicial la aprobación del acuerdo alcanzado por las partes antes del día señalado para los actos de conciliación y juicio.

El juez intentará la conciliación, llevando a cabo la labor mediadora que le es propia, y advertirá a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles. Si las partes alcanzan la avenencia, dictará decreto aprobándola y acordando, además, el archivo de las actuaciones.

La acción para impugnar la validez de la conciliación se ejercitará ante el tribunal superior por razón del territorio al que hubiera correspondido conocer de la demanda.