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L.39. (1º). P.I. A2

Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes, o del dictamen de órganos consultivos:

Deberán ser motivados.

Serán anulables.

Son válidos salvo que se aparten de la figura del precedente que así esté reconocida en dos a más sentencias.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con respecto a los efectos de los actos administrativos:

Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Se otorgará siempre eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en modificación de otros.

El apartado 1 del artículo 45 de la Ley 39/2015, establece que "la publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos":

Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.

Todas las respuestas son correctas.

De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, "las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior":

Rectificación y convalidación.

Impugnación ante el orden jurisdiccional que corresponda según la materia.

Impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso - administrativo.

Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio para ello:

Las medidas provisionales que estime oportunas.

Las medidas que correspondan.

Las medidas oportunas que se consideren.

El artículo 75 de la Ley 39/2015, establece que los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán:

A petición del interesado.

Todas las respuestas son correctas.

De oficio.

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, dispone el artículo 74 de la Ley 39/2015:

No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

Podrán suspender la tramitación del mismo sea cual sea la cuestión.

No suspenderán la tramitación del mismo salvo la abstención.

La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad por los siguientes medios:

Apremio sobre el patrimonio.

Todas las respuestas son ciertas.

Ejecución subsidiaria.

Según el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de qué plazo se dispone para interponer un recurso de reposición:

Dos meses si el acto fuera expreso.

Quince días si el acto fuera expreso.

Un mes si el acto fuera expreso.

Qué título y capítulo de la ley 39/2015, de 1 de octubre, regula los recursos administrativos:

Titulo V, capítulo II.

Titulo II, capítulo II.

Titulo I, capítulo III.

Ponen fin a la vía administrativa, según el artículo 114 de la Ley 39/2915, de 1 de octubre:

Las dos respuestas son correctas.

Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 112.2.

Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, se podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado:

Sólo antes del trámite de audiencia.

Si antes de iniciarse el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.

Si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.

El artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial:

Pone fin a la vía administrativa solo en los procedimientos abreviados.

Pone fin a la vía administrativa.

No pone fin a la vía administrativa.

De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, cuando proceda, deberá ser emitido en el plazo de:

10 días.

15 días.

dos meses.

Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a:

A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

Al uso en el territorio de su Comunidad Autónoma de cualquiera de las lenguas declaradas oficiales en el Estado español, sin necesidad de traducción, en su caso.

Al acceso a cualquier registro y archivo de las Administraciones Públicas, sin restricciones.

Los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos:

Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Exclusivamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, sin posibilidad de recurso administrativo.

En alzada ante el superior jerárquico del que lo dictó.

El recurso de alzada puede interponerse ante:

Ante el órgano que ha dictado el acto impugnado exclusivamente.

Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o el competente para resolverlo.

Sólo ante el órgano competente para su resolución.

El órgano que resuelva el recurso decidirá:

Sólo si existe causa de inadmisión.

Cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados.

Cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, sólo si han sido alegadas por los interesados.

El órgano competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado de responsabilidad patrimonial:

Cuando sean inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.

Cuando sean discutibles la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.

Cuando la cuantía de la indemnización no exceda de 30.000 €, con carácter facultativo.

La entrada en el domicilio para la ejecución de una resolución administrativa:

Exige autorización judicial, en todo caso.

No exige autorización judicial, si se obtiene el consentimiento del afectado.

No es precisa autorización judicial, basta con la firmeza de la resolución administrativa.