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L.39 (1º). P.I. C1 AE

Conforme a la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta en relación con una resolución firme:

Es aquella contra la que solo se puede interponer un recurso contencioso administrativo y ningún recurso administrativo.

Admite la interposición en su contra del Recurso Extraordinario de Revisión en circunstancias tasadas.

Es aquella que pone fin a la vía administrativa.

Según la Ley 39/2015:

La insuficiente acreditación de la representación impide que se tenga por realizado el acto.

La insuficiente acreditación de la representación será solventada por la propia Administración pública en virtud del principio de autotutela.

La insuficiente acreditación de la representación no impide que se tenga por realizado el acto, siempre que se subsane el defecto dentro del plazo de diez días hábiles que deberá conceder el órgano administrativo.

Según la Ley 39/2015, el plazo máximo para notificar la resolución expresa del procedimiento si la normativa no fija el plazo máximo para resolver:

Dos meses.

Un mes.

Tres meses.

Según la Ley 39/2015, los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa supone:

La renuncia por parte del interesado a la finalización del procedimiento.

La estimación de la solicitud por silencio administrativo.

La desestimación de la solicitud por silencio administrativo.

El órgano que instruye un procedimiento acuerda un período de información pública. Según la Ley 39/2015:

El trámite de información pública deberá ser anunciado en el Diario oficial correspondiente.

No es necesario anunciarlo, basta con publicarlo en el tablón de anuncios del Ministerio competente por razón de la materia y en las delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

El trámite de información pública podrá sustituir al trámite de audiencia a los interesados.

Si Investigaciones Aplicadas, S.L solicitara certificado acreditativo del silencio administrativos éste debería emitirse en el plazo máximo de:

Cinco días.

Diez días.

Quince días.

La declaración de lesividad de actos anulables, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto.

Podrá adoptarse en cualquier momento.

No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde la notificación del acto.

Para que las Administraciones Públicas puedan declarar de oficio la nulidad de un acto administrativo, según la Ley 39/2015 se requiere:

Que el procedimiento de revisión se inicie siempre de oficio por el órgano competente de la Administración Pública que dictó el acto.

Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.

Dictamen del Consejo de Estado, en todo caso.

Señale una de las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos recogida en el artículo 47 de la Ley 39/2015:

Los que sean constitutivos de infracción penal o administrativa o se dicten como consecuencia de ellas.

Cualquier otro supuesto que se establezca expresamente en una disposición de rango reglamentario.

Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes NO es un medio de ejecución forzosa de los actos administrativos?:

Compulsión sobre las personas.

Multa coercitiva.

Responsabilidad patrimonial.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta con respecto al uso de la lengua en los procedimientos administrativos, de acuerdo con la Ley 39/2015?:

Como norma general, la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano.

En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

La Administración pública instructora podrá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.

Conforme a la Ley 39/2015, cuando el interesado rechace la notificación de una actuación administrativa:

Se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose con el procedimiento.

Se hará constar esta circunstancia en el expediente y se repetirá el intento de notificación por una sola vez en hora distinta dentro de los tres días siguientes.

La notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del ayuntamiento en su domicilio conocido.

En el procedimiento administrativo común, ¿podrán rechazarse las pruebas propuestas por los interesados?:

El órgano competente para resolver podrá rechazar las pruebas propuestas por el interesado en cualquier caso, motivando su resolución.

Las pruebas propuestas por los interesados nunca podrán ser rechazadas por los órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento administrativo.

El instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas propuestas por el interesado solamente cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

Señale la respuesta FALSA en relación con la caducidad de los procedimientos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015:

Podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.

Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.

Los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción de las acciones del particular o de la Administración.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los recursos administrativos?:

Podrá interponerse recurso de alzada contra un acto de trámite que ponga fin a la vía administrativa y que decida indirectamente el fondo del asunto.

El órgano que resuelva el recurso podrá decidir todas las cuestiones de fondo y forma que plantee el procedimiento, aunque no hayan sido alegadas por el interesado, sin más trámite.

En ningún caso podrá interponerse recurso potestativo de reposición contra la resolución de un recurso de alzada.

Según la Ley 39/2015, el derecho a reclamar ante la Administración, en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, prescribe:

Al año de producirse el hecho.

A los tres meses de producirse el hecho.

A los seis meses de producirse el hecho.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, si D. Ulises G. C. reclamara una indemnización por daños físicos, ¿a partir de qué fecha comenzaría el plazo de prescripción del derecho a reclamar por parte de del mismo?:

Desde la fecha del hecho causante, independientemente de la curación o de las secuelas.

Desde la fecha de la curación o de la determinación del alcance de las secuelas.

Desde la fecha de entrada en el registro del órgano competente para resolverlo.

Si el órgano instructor del procedimiento acuerda la iniciación del procedimiento abreviado, ¿qué plazo tiene para dictar resolución expresa, alcanzar un acuerdo o levantar la suspensión del procedimiento general?:

Un mes.

Quince días.

Treinta días.

La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuere el tipo de relación de que derive, pública o privada, según la Ley 39/2015:

No pone fin a la vía administrativa.

Abre la vía económico-administrativa.

Pone fin a la vía administrativa.

El plazo del procedimiento general de responsabilidad patrimonial, salvo que se haya abierto un período extraordinario de prueba, para que se dicte resolución expresa, o se formalice un acuerdo, según la Ley 39/2015, es de:

Un año.

Seis meses.

Cuatro meses.