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L.39. (1º). T.L. A1

De acuerdo con la Ley 39/2915, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, éstos podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes:

En todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario.

En los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.

En todos los casos, sin excepción alguna.

En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.

La suspensión o pérdida temporal de eficacia del acto administrativo está recogida en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señalándose que:

La interposición de cualquier recurso en ningún caso suspende la ejecución del acto impugnado.

Puede suspenderse de oficio o a instancia de parte si la ejecución puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Puede suspenderse de oficio por causas de anulabilidad.

Puede suspenderse de oficio o a instancia de parte si la impugnación se fundamenta en causa de nulidad o de anulabilidad.

Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el trámite de audiencia:

Habrá de practicarse siempre.

El plazo será de un mes.

Podrá prescindirse del mismo cuando no figuren en el procedimiento más hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado.

Tendrá que ser notificado y publicado.

El artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que respecto de los recursos de alzada y reposición:

Cabe interponerse contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, por cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48 de dicha Ley.

Cabe interponerse contra actos de trámite y resoluciones si deciden directamente sobre el fondo del asunto y por los motivos previstos en el artículo 62 de dicha Ley.

Cabe interponerse contra resoluciones y actos de trámite si deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto y por los motivos de nulidad previstos en el artículo 63 de dicha Ley.

Cabe interponerse contra actos de trámite y por los motivos de anulabilidad previstos en el artículo 63 de dicha Ley, siempre que pongan fin a la vía administrativa.

El acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos en el procedimiento administrativo:

Es impugnable en la vía contenciosa-administrativa.

Debe notificarse al interesado a efectos de su posible impugnación.

Es inimpugnable.

Es inimpugnable, no siendo necesaria su notificación expresa al interesado.

Interpuesto cualquier recurso, el órgano competente para su resolución podrá suspender la ejecución del acto impugnado:

De oficio o a solicitud del recurrente cuando la impugnación se fundamente en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluso la desviación de poder.

A solicitud del recurrente cuando la impugnación se fundamente en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluso la desviación de poder.

De oficio o a solicitud del recurrente cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho.

Siempre de oficio cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho.

Si el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos se hubiera iniciado de oficio:

El transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la prescripción del mismo.

El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

El transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la prescripción del mismo.

En el caso de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior:

Sólo podrá dictarse de ser confirmatoria de dicho acto.

No podrá dictarse en ningún caso.

Ninguna respuesta es correcta.

Se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contará:

Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquier registro de la Administración competente por razón de la materia.

Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de cualquier Administración Pública.

Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su resolución.

En los procedimientos iniciados de oficio, el silencio administrativo:

Tendrá efectos positivos o negativos según dispongan las normas reglamentarias que regulen los respectivos procedimientos.

Tendrá efectos positivos en caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas.

Nunca tendrá efectos positivos.

Tendrá efectos positivos en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen.

Las resoluciones administrativas de carácter particular:

No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general aunque tengan igual o superior rango a éstas.

Podrán ser contrarias a lo establecido en una disposición de carácter general cuando tengan superior rango a éstas.

Podrán ser contrarias a lo establecido en una disposición de carácter general cuando sean dictadas por mismo órgano que dictó la disposición de carácter general.

Podrán ser contrarias a lo establecido en una disposición de carácter general cuando sean dictadas por el Gobierno de la Nación o por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

La caducidad, como forma de finalización del procedimiento administrativo:

No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de resolución.

No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.

Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de resolución.

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento:

No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

Suspenderán la tramitación del mismo.

No suspenderán la tramitación del mismo salvo las que se refieran a la nulidad de actuaciones.

No suspenderán la tramitación del mismo.

El plazo para interponer las reclamaciones previas a la vía judicial civil será:

Dos meses.

Un mes.

Ya no se contempla en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debido a su escasa utilidad práctica.

Tres meses.

Una resolución administrativa sancionadora que ha sido recurrida en alzada:

Será ejecutiva porque la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

No será ejecutiva porque no pone fin a la vía administrativa.

Será ejecutiva pero podrá suspenderse su ejecución previa prestación de caución o garantía suficiente.

Será ejecutiva pero podrá suspenderse su ejecución si pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¿En cuál de los siguientes procedimientos o materias el silencio administrativo es positivo?

Establecimiento de servicios de transporte colectivo urbano de viajeros.

Deslinde de bienes patrimoniales.

Inscripción en el Registro de Cooperativas.

Instalación, transmisión y traslado de oficinas de farmacia.

El plazo de un año para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:

Empieza a computarse desde que se produce el daño físico o psíquico a las personas.

Se computa en todos los casos a partir del día siguiente en que se produce el hecho causante.

Es un plazo de caducidad.

Es un plazo de prescripción.

De acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 de la misma, se sujetará al siguiente régimen:

En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

En los casos de estimación por silencio administrativo, no es necesario dictar la resolución expresa posterior a la producción del acto.

En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto podrá dictarse sin vinculación alguna al sentido del silencio.

En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración confirmando la desestimación.

A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

No les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.

Les será de aplicación la misma en los trámites que falten para su finalización.

Les será de aplicación la misma desde el inicio del procedimiento, que deberá retrotraerse hasta dicho momento.

Les será de aplicación la misma desde el inicio del procedimiento, que deberá retrotraerse hasta dicho momento, pudiéndose conservar aquellos trámites respecto de los que la nueva regulación no contenga modificaciones.

Las Administraciones Públicas podrán revocar:

En cualquier momento sus actos favorables, de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción sus actos de cualquier naturaleza, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

En cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

Conforme lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos:

En todo caso será discrecional del órgano superior jerárquico que adopte la decisión.

Sólo será obligatoria cuando lo disponga una disposición de carácter reglamentario.

Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.

Será potestativa, y a instancia de la unidad administrativa.

Previamente a la elaboración de los reglamentos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con carácter general se sustanciará una consulta pública:

A través del portal web de la Junta de Andalucía.

A través del portal de la transparencia de la Junta de Andalucía.

Mediante su publicación en el Boletín oficial del Estado.

Mediante su publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

Los actos que ponen fin a un procedimiento mediante una resolución que contiene la voluntad del órgano administrativo son:

Actos especiales.

Actos de trámite.

Actos definitivos.

Negocios jurídicos.

El principio de jerarquía normativa supone:

El principio de jerarquía normativa no viene reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.

Que, salvo los supuestos previstos legalmente, ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Que, para garantizar los derechos de los ciudadanos, en algunos supuestos las disposiciones administrativas podrán vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Que ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.