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L.39. (1º). T.L. C2

Si se produjera un error en la calificación del recurso por parte del recurrente:

No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

Impedirá su tramitación hasta tanto se subsane el error.

Se iniciará el trámite de audiencia al interesado.

Existirá la obligación de interponerlo de nuevo.

La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es de aplicación:

No es de aplicación a las Entidades de Derecho Público.

Sólo a la Administración General del Estado.

A todas las Administraciones Públicas.

Sólo a la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.

En el procedimiento administrativo, podrá actuar en representación del interesado ante las Administraciones Públicas:

Sólo Abogados y Procuradores.

Cualquier persona con capacidad de obrar.

Sólo los funcionarios públicos.

No existe la figura de la representación.

La convalidación de los actos administrativos:

Es posible tanto en relación con los actos nulos de pleno derecho como con los anulables.

Sólo es posible con los actos nulos de pleno derecho.

No es posible ni en relación con los actos nulos de pleno derecho ni con los anulables.

Sólo es posible en relación con los actos anulables.

En relación con el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale cuál de estas afirmaciones es correcta con respecto al principio de inderogabilidad singular del reglamento:

El principio de inderogabilidad aparece recogido en el artículo 53 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas tengan igual o superior rango a éstas.

El principio de inderogabilidad singular únicamente es aplicable a la ley.

Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular.

Según el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Entidades de Derecho Privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, sujetarán su actividad:

A la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en todo caso.

A lo que dispongan sus normas de creación, cuando ejerzan potestades administrativas.

A las normas de derecho privado, en todo caso.

A lo dispuesto en las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo:

Se considerará hábil o inhábil, dependiendo de que el interesado lo solicite.

Se considerará inhábil en todo caso.

Se considerará hábil en todo caso.

Se considerará hábil o inhábil a criterio del órgano administrativo.

Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el cumplimiento de un trámite fuera del plazo establecido, ¿se puede admitir y produce efectos legales?

Sí, si se produce antes o dentro del día en que se notifica la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

No, en ningún caso.

Ninguna respuesta es correcta.

Sí, siempre que el interesado actúe de buena fe y no se perjudiquen derechos de terceros.

De acuerdo con el artículo 35 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes:

Son siempre nulos de pleno derecho.

Necesitan ser motivados.

La Administración nunca puede separarse del criterio seguido en actuaciones precedentes.

Son actos contra los que no cabe recurso alguno.

Según establece el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada:

Dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Dentro del plazo de 1 mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la tramitación del procedimiento de urgencia:

No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.

Sólo puede acordarse de oficio.

Se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario en la presentación de solicitudes y recursos.

Sólo puede acordarse a petición del interesado.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento administrativo:

Suspenderán la tramitación del mismo si se refieren a la nulidad de las actuaciones.

Suspenderán la tramitación del mismo si se refieren a la recusación.

En ningún caso suspenderá la tramitación del procedimiento.

Suspenderán la tramitación del mismo si se refieren a la caducidad de las actuaciones.

En las solicitudes de iniciación de un procedimiento administrativo, si las pretensiones corresponden a una pluralidad de personas y tienen un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar:

Deberán, no obstante, ser formuladas en solicitudes individuales.

Podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.

Deberán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.

Deberán, no obstante, ser formuladas en solicitudes individuales, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.

En los procedimientos en que la Administración ejercite su potestad sancionadora, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen para los interesados, cuando se supere el plazo máximo establecido sin que se haya dictado resolución, se producirá los siguientes efectos:

La anulación de todos los actos habidos en el procedimiento.

La anulación y acuerdo de inicio de nuevo expediente.

La caducidad del procedimiento y archivo de las actuaciones.

La prescripción del expediente.

Según lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. Respecto a dicho periodo de información cuál de las siguientes respuestas es correcta:

El plazo para formular alegaciones en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

Se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma y en el de la Provincia respectiva.

La incomparecencia en este trámite impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

La comparecencia en el trámite de información pública otorga por sí misma, la condición de interesado.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:

Podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.

Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.

No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si en un determinado procedimiento administrativo, en el que concurren varios interesados, la Administración acuerda la tramitación simplificada ¿qué sucede si uno de ellos manifiesta su oposición expresa a tal decisión?

Que continuara con la tramitación ordinaria, salvo en los procedimientos de responsabilidad inferiores a 5.000 euros.

Que en el supuesto de ese interesado se podría continuar con la tramitación ordinaria.

Que la Administración deberá seguir con la tramitación ordinaria.

Que la Administración podrá seguir con la tramitación ordinaria.

En un procedimiento administrativo, si el interesado recibe la notificación de un acto por distintos cauces, ¿qué fecha se toma en cuenta según el artículo 41 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

La fecha de la notificación por medios electrónicos.

La fecha que elija el interesado.

La fecha de la notificación producida en último lugar.

La fecha de la notificación producida en primer lugar.

Conforme establece el artículo 16.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el registro electrónico de cada Administración u Organismo en cada asiento que se practique se garantizará la constancia de (señale la respuesta incorrecta):

Fecha y hora de su presentación.

Persona u órgano administrativo al que se envía.

Identificación del interesado.

Órgano donde fue presentado.

Según establece el artículo 11.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:

Formular solicitudes.

Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

Mejorar solicitudes.

Desistir de acciones.