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L.39 (1º). T.L. C2 AE

Según lo establecido en el artículo 26 de la Ley 39/2015, para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:

Incorporar una referencia administrativa del documento.

Haber sido válidamente emitidos por un órgano judicial.

Contener información de cualquier naturaleza archivada en soporte papel.

Incorporar los metadatos mínimos exigidos.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:

Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Retroactivamente cuando se trate de actos que produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y no se lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

En todo caso desde la fecha en que se notifiquen.

El artículo 72 de la Ley 39/2015 establece que el principio, en virtud del cual, en el procedimiento administrativo, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, se denomina:

Principio de eficiencia administrativa.

Principio de simplificación administrativa.

Principio de celeridad administrativa.

Principio de unicidad administrativa.

Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015:

Solo las personas que la ostentan con arreglo a las normas civiles.

Los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, pero únicamente con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

Los menores de edad para el ejercicio de aquellos de sus derechos cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

Los menores incapacitados, aun cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

De acuerdo con el artículo 76.1 de la Ley 39/2015, los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento administrativo, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, siempre que lo hagan:

Con anterioridad al trámite de audiencia.

Con posterioridad al trámite de audiencia, pero antes de que se realice la propuesta de resolución.

Con anterioridad a la propuesta de resolución.

Solo con la solicitud o, en su caso, con la subsanación y mejora de la solicitud.

NO forman parte del expediente administrativo, conforme al artículo 70 de la Ley 39/2015:

Los informes solicitados antes de la resolución definitiva.

La información de carácter auxiliar.

Las alegaciones del interesado.

Los informes preceptivos.

Según la Ley 39/2015, si alguna persona física interesada no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por:

El Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Actuación administrativa automatizada.

Cualquier empleado público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.

Un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.

Según la Ley 39/2015, las Administraciones podrán realizar copias auténticas:

Mediante un funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.

Mediante cualquier empleado público.

Mediante cualquier funcionario público.

Únicamente mediante funcionario habilitado inscrito en el Registro de funcionarios habilitados para la identificación y autenticación de ciudadanos.