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L.39/2015. P.I, GESTIÓN CIVIL AE

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos:

Cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

Cuando produzcan efectos desfavorables para el interesado.

Cuando produzcan efectos favorables al interesado, aunque los supuestos de hecho necesarios no existieran ya en la fecha a la que se retrotraen los efectos del acto.

Cuando se dicten en supuestos de nulidad absoluta.

Según la Ley 39/2015, la Administración podrá convalidar:

Los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Ninguna de las respuestas es correcta.

Los actos nulos o anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan.

Según el artículo 81 de la Ley 39/2015, en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:

Será preceptivo el informe del Defensor del Pueblo que será evacuado en el plazo máximo de 3 meses.

Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de 3 meses.

Será preceptivo el informe del Defensor del Pueblo que será evacuado en el plazo máximo de 2 meses.

Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de 2 meses.

De acuerdo con el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, el silencio administrativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados a solicitud de interesado:

Tendrá efecto estimatorio si la cantidad reclamada no excede de 50.000 euros.

Tendrá efecto desestimatorio.

Producirá la caducidad del procedimiento.

Tendrá efecto estimatorio.

¿Cuándo se entenderá rechazada una notificación realizada por medios electrónicos?

Cuando hayan transcurrido 5 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Cuando hayan transcurrido 5 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Señale la respuesta correcta sobre el recurso extraordinario de revisión de acuerdo con la Ley 39/2015:

Se entiende desestimado si transcurren 6 meses sin resolución.

Se interpone en el plazo de 1 mes a contar desde el conocimiento de la circunstancia que lo motiva.

Se interpone contra actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa.

Se interpone ante el órgano administrativo que dictó el acto, que es el mismo competente para su resolución.

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos:

Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.

Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango reglamentario.

No será obligatoria en ningún caso.

Sólo será obligatoria cuando así lo acuerde de oficio el órgano que tramite el procedimiento.

De acuerdo con el artículo 111 de la Ley 39/2015, en el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables:

Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de sus propios actos y disposiciones.

Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado.

Los Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Secretarios de Estado.

Los Secretarios de Estado, respecto de sus propios actos y disposiciones.

Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta:

Contra las disposiciones administrativas de carácter general únicamente cabe recurso de súplica en vía administrativa.

Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe recurso de reposición en vía administrativa.

Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe recurso de alzada en vía administrativa.

Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa

Señale la respuesta correcta sobre las medidas provisionales del procedimiento administrativo común:

Si se adoptan antes del inicio del procedimiento deben confirmarse en el acuerdo de inicio del procedimiento que tendrá lugar en un plazo de 5 días.

No pueden adoptarse si causan un perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados.

Se adoptarán antes del inicio del procedimiento por el órgano administrativo competente para resolver.

Pueden consistir en la suspensión total de la actividad.

Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en:

Treinta días.

Dos meses.

Veinte días.

Un mes.

En relación con los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas y publicados con carácter meramente informativo, ¿qué requisito NO es necesario para ser considerado válido?

Disponer de los datos identificativos que permitan su individualización.

Incorporar una referencia temporal del momento en que ha sido emitido.

Incorporar una firma electrónica.

Incorporar los metadatos mínimos exigidos.

En aplicación de lo establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,señale la opción correcta:

Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto al régimen de recursos, por la normativa anterior.

Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley se regirán para su ejecución por la normativa vigente en el momento de su ejecución.

Los procedimientos de revisión de oficio iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciarán por las normas establecidas en ésta.

Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciarán por las normas establecidas en ésta.

De acuerdo con Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes supuestos NO podrá ser, en ningún caso, objeto de notificación electrónica?

Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

La Ley no recoge ninguna limitación a la notificación por medios electrónicos de cualquier tipo de acto administrativo por parte de la Administración.

Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

De conformidad con la Ley 39/2015, ¿cómo actuará una Administración Pública cuando tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es Ilegal?

Solicitará dictamen al Consejo de Estado, y de no emitirse éste en el plazo de 2 meses se podrá continuar con el procedimiento, dictando resolución prescindiendo del criterio del acto considerado ilegal.

Solicitará dictamen al Consejo de Estado, quedando suspendido el procedimiento para dictar resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 relativo a la responsabilidad patrimonial.

La Administración deberá interponer recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que lo dictó, que también será el competente para su resolución.

Podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo.

En el ámbito de la Administración General del Estado, y de conformidad con el artículo 92 de la Ley 39/2015, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por:

El Subsecretario de Presidencia.

El superior jerárquico del órgano que incurrió en la acción u omisión a la que se imputa la producción del daño.

El Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros.

El órgano que incurrió en la acción u omisión a la que se imputa la producción del daño.

De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas pueden iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial:

Siempre que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado.

Una vez que haya prescrito la acción de reclamación de responsabilidad que corresponde al interesado.

En cualquier momento.

El procedimiento de responsabilidad patrimonial no puede iniciarse de oficio.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, es cierta la siguiente afirmación sobre el procedimiento administrativo:

De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá el desistimiento del procedimiento.

Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el órgano competente para resolverlo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.

La audiencia a los interesados será posterior a la solicitud del Informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.

En relación con la ampliación de plazos, y de acuerdo con la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta:

La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares.

El acuerdo que deniegue una ampliación del plazo será susceptible de ser recurrido en alzada.

La Administración podrá conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de un mes.

En casos excepcionales y previa justificación, podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

De conformidad con la Ley 39/2015, NO estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas:

Una sociedad limitada.

Un notario.

Un empleado público que presenta alegaciones en un procedimiento sancionador que se le ha Incoado por una infracción de tráfico.

Un funcionario en los trámites y actuaciones que realiza con la Administraciones Pública por su condición de empleado público.

Señale la afirmación correcta respecto del cómputo del plazo señalado por horas, de conformidad con la Ley 39/2015:

Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a 24 horas, salvo que por Ley o por Derecho de la Unión Europea se disponga otro superior.

La Ley 39/2015 no contempla un cómputo de plazo en horas, siendo el cómputo de los plazos sólo posible por días, meses o años.

Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a 24 horas.

Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a 48 horas.

En cuanto a la resolución de un procedimiento administrativo, señala la Ley 39/2015 que:

En el caso de procedimientos sancionadores el órgano instructor formulará necesariamente una propuesta de resolución cuando los hechos no pudieran constituir infracción, declarando en la misma el archivo de las actuaciones.

En los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, si transcurren 3 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados, sin valorarse las derivadas del mismo, que darán lugar a la apertura de un nuevo procedimiento.

En el caso de procedimientos de carácter sancionador, en la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.

¿Qué ocurre si una solicitud de revisión de un acto nulo no se basa en una causa de nulidad de las previstas en la Ley 39/2015?

Se remitirá a la Abogacía del Estado para que emita dictamen al respecto.

Se inadmitirá previo dictamen del Consejo de Estado.

Se inadmitirá motivadamente sin necesidad de dictamen del Consejo de Estado.

Se requerirá la subsanación de la solicitud en el plazo de 5 días.

Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, los actos administrativos producirán efectos, salvo que en ellos se disponga otra cosa:

Desde la fecha en que se dicten

Desde el día siguiente a que se dicten.

Desde que se notifiquen.

Desde que se publiquen.

De acuerdo con la Ley 39/2015, en cuanto a los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma:

Cuando, tratándose del procedimiento general o del abreviado, las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.

Cuando, tratándose del procedimiento general o del abreviado, las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía superior a 60.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.

Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

Cuando, tratándose del procedimiento general, las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía superior a 60.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.

Según el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá:

A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

A los tres meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

Señale en cuál de los siguientes casos, de acuerdo con la Ley 39/2015, se puede suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución:

Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos.

Cuando deba solicitarse cualquier tipo de informe a un órgano de la misma o distinta Administración.

Cuando deban motivarse de forma clara las circunstancias concurrentes, y sólo una vez agotados todos los medios a su disposición posibles.

Cuando deba obtenerse un pronunciamiento a posteriori de un órgano de las Comunidades Europeas.

Según el artículo 74 de la Ley 39/2015, las cuestiones incidentales que se planteen en el procedimiento administrativo común no suspenderán el mismo, salvo:

La abstención.

La adopción de medidas profesionales.

La paralización expresa del procedimiento.

La recusación.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa:

Legitima al interesado o interesados para entenderla desestimada por silencio administrativo, en todo caso.

Ninguna de las respuestas es correcta.

Legitima al interesado o interesados para entenderla desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

Legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

¿Qué requisito se debe reunir para poder actuar en representación de otra persona ante las Administraciones Públicas, según el artículo 5 de la Ley 39/2015?

Ostentar la condición de mayor de edad.

Ostentar la nacionalidad española o de la UE.

Gozar de capacidad de obrar.

No hallarse incapacitado jurídicamente.

Según el artículo 18 de la Ley 39/2015:

Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.

Ninguna de las respuestas es correcta.

Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.

Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él no tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables, en los casos de:

Todas las respuestas son correctas.

Renuncia del derecho.

Prescripción.

Caducidad del procedimiento.

Según la Ley 39/2015, el recurso extraordinario de revisión se caracteriza por:

El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente su inadmisión a trámite, previo dictamen del Consejo de Estado, cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, correspondiendo la resolución del recurso al órgano jerárquicamente superior.

El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.

Cuando la causa del recurso sea que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, el plazo de interposición serán 4 años desde que la sentencia judicial sea firme.

Según la Ley 39/2015, los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general:

Ninguna de las respuestas es correcta.

Podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

Podrá interponerse directamente ante el superior jerárquico del órgano que dictó dicho acto.

No podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

Según el artículo 122 de la Ley 39/2015, contra la resolución de un recurso de alzada:

Cabrá otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.

Ninguna de las respuestas es correcta.

Cabrá otro recurso administrativo.

No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.

Según la Ley 39/2015:

No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.

Podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que sean indispensables para dictar resolución.

No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que sean indispensables para dictar resolución.

Podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.

Señale la respuesta correcta en relación con la convalidación prevista en el artículo 52 de la Ley 39/2015:

Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan.

Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el superior jerárquico del que dictó el acto.

El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, según el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, el derecho a reclamar:

Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

Caduca a los seis meses de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

Prescribe a los seis meses de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

Caduca al año de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo

El artículo 23 de la Ley 39/2015 señala en relación con la obligación de resolver que:

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución no se podrá suspender cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio.

La Administración está siempre obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo nunca podrá exceder de seis meses.

De acuerdo con la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de:

Dos meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

Un mes salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

Tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

Seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

El procedimiento del recurso de alzada contra actos administrativos será sustituido por el de conciliación, mediación o arbitraje cuando:

Lo prevea una disposición reglamentaria.

Así lo prevea una Ley.

La Administración y el recurrente lo acuerden con carácter singular.

El órgano competente para resolver así lo considere.

La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos:

sólo será obligatoria cuando así esté previsto en un reglamento.

sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.

Cuando lo acuerde el órgano instructor del procedimiento.

Cuando lo acuerde el órgano competente para resolver el procedimiento.

Según el artículo 25 de la Ley 39/2015:

Ninguna de las respuestas es correcta.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.

Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días:

Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Se entiende que éstos son hábiles, incluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.

Se entiende que éstos son inhábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.