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L.39. (2º). P.I. C1

El recurso administrativo que solo puede interponerse por una serie de motivos legalmente tasados se denomina:

Recurso extraordinario de revisión.

Recurso de alzada.

Recurso de reposición.

Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, según el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

Se archivarán las actuaciones.

No se pondrán de manifiesto a los interesados.

Se pondrán de manifiesto a los interesados.

La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos en un procedimiento administrativo podrá efectuarse:

En cualquier momento.

En el plazo máximo de cuatro años desde la notificación del acto administrativo en que se hubiera cometido.

En el plazo máximo de un año desde la comisión del error.

Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ponen fin a la vía administrativa:

Las resoluciones de los recursos de alzada.

Los Acuerdos de la Comisión General de Viceconsejeros/as.

Las resoluciones de los Directores Generales en todos los casos.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución:

Se entenderá estimado.

Podrá interponerse recurso de reposición.

Se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

La convalidación de los actos administrativos:

Es posible respecto de los actos anulables y los nulos.

Solo es posible respecto de los actos nulos.

Solo es posible respecto de los actos anulables.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad no podrá adoptarse:

Una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo.

Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

Una vez transcurridos seis meses desde que se dictó el acto administrativo.

Se podrá acordar la sustanciación de un procedimiento simplificado de responsabilidad patrimonial, a fin de reconocer el derecho a la indemnización, en el plazo de:

Treinta días.

Seis meses.

Un año.

¿Cabe recurso contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia del procedimiento?

No, no cabe recurso alguno.

Sí, cabe el recurso extraordinario de revisión.

Sí, cabe el recurso de alzada.

La notificación de los actos administrativos deberá ser cursada:

En el plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Al día siguiente de haber sido dictado el acto.

En el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima relación. ¿Cabe recurso contra el acuerdo de acumulación?

Sí, caben el recurso de alzada y el potestativo de reposición.

Sí, cabe el recurso potestativo de reposición.

No, no cabe recurso alguno.

Son anulables los actos de la Administración:

Que tengan un contenido imposible.

Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados en el procedimiento administrativo deberán realizarse en el plazo de:

10 días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

20 días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

15 días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

¿Cuándo podrán los interesados en el procedimiento administrativo aducir alegaciones y aportar documentos?

En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

En cualquier momento del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia.

El procedimiento de responsabilidad patrimonial se iniciará:

Se puede iniciar de oficio o por reclamación de los interesados.

Sólo lo puede iniciar el interesado que ha sufrido el daño, mediante la presentación de la correspondiente reclamación.

Sólo puede iniciarse de oficio, por la Administración responsable del daño.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución:

Se entenderá desestimado, pudiéndose interponer el recurso potestativo de reposición.

Se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

Se entenderá estimado.

La posibilidad de terminar el procedimiento de responsabilidad patrimonial de forma convencional mediante acuerdo indemnizatorio se puede hacer:

No se puede terminar el procedimiento de responsabilidad patrimonial de forma convencional.

En cualquier momento del procedimiento antes del trámite de audiencia.

En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia.

¿Qué actos administrativos han de motivarse?

Los que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Los que no limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

Si el recurso de alzada se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto:

El órgano que dictó el acto lo remitirá al competente para resolverlo en el plazo de 10 días.

El recurso no será válido.

El órgano que dictó el acto lo remitirá al competente para resolverlo en el plazo de 15 días.

Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión:

Cuando en la resolución hayan influido documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, únicamente posterior a aquella resolución.

Cuando aparezcan documentos aunque no sean de valor esencial para la resolución del asunto.

Cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.