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L.39. (2º). T.L. A2

En un procedimiento administrativo, iniciado de oficio, cuando del mismo pudiera reconocerse la constitución de un derecho favorable para el interesado, el transcurso del plazo máximo establecido, sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa:

En este caso no opera el silencio administrativo.

Los interesados podrán considerar desestimadas sus pretensiones.

Los interesados podrán considerar estimadas sus pretensiones.

Se producirá la caducidad del procedimiento.

El desahucio administrativo es:

Un medio de ejecución forzoso contemplado en el artículo 96 de la ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una forma de compulsión sobre la persona.

Ninguna de las respuestas es correcta.

Solo está contemplado en la legislación de régimen local.

Se podrá convalidar por la Administración un acto:

Si el vicio consiste en incompetencia por razón del territorio.

Si el vicio consiste en incompetencia funcional.

En ningún caso de los anteriores.

Solo cuando la causa del vicio sea incompetencia jerárquica.

La obtención de copias de documentación contenida en un procedimiento en tramitación está permitida:

Sólo a los interesados en el procedimiento.

Sólo a los mayores de edad.

A cualquier ciudadano.

Sólo a otro órgano de la misma administración.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no tienen la consideración de Administración Pública:

Ninguna de las respuestas es correcta.

Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.

Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local.

Señale cuál de estas afirmaciones referidas a la discrecionalidad de la Administración Pública es incorrecta:

Los reglamentos no deben ser motivados.

En su ejercicio, hay que tener en cuenta el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, recogido en el artículo 9.3 de la CE.

Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los principios de buena regulación son:

No discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad, proporcionalidad, eficacia, simplificación de cargas y transparencia.

Necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.

Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Ninguna de las respuestas es correcta, ya que dichos principios se encuentran regulados en el artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la consulta pública en el procedimiento de elaboración de normas, según el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse.

Se llevará a cabo con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento.

Se realizará a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.

Todas las anteriores respuestas son correctas.

La solicitud del interesado (también llamada “acción de nulidad”) para la revisión de oficio, según lo establecido en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrá como objeto:

Los actos administrativos y las disposiciones administrativas.

Ninguna de las respuestas es correcta.

Las disposiciones administrativas.

Los actos administrativos.

En la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

Se llevarán a cabo mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.

Todas las respuestas son correctas.

No se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

De conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de subsanación de la solicitud de iniciación en los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, es de:

15 días.

10 días.

5 días.

10 días, que prudencialmente podrá ser ampliado hasta 5 días cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

Señale el plazo de interposición del recurso potestativo de reposición en el supuesto de acto presunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

1 mes.

En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

3 meses en todo caso.

3 meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son causas de nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones Públicas:

Los que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta.

Los dictados por órgano incompetente por razón de la materia o del territorio.

Los dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

Ninguna de las respuestas es correcta.

El interesado en el procedimiento administrativo tiene derecho:

A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Todas las opciones son correctas.

A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

Los medios de prueba en Dº Administrativo:

Sólo son admisibles los contemplados en las leyes procesales.

Varían en función de la materia.

No son tasados.

No existen.

La actuación por parte de la Administración en contra de un informe preceptivo y no vinculante:

Seria el acto nulo de pleno derecho.

El acto es convalidable.

No se ha de motivar expresamente el acto.

Se actúa legítimamente, sin que pueda tachársele de vicio alguno, aunque deberá motivar el acto.