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L.39. (3º). P.I. C1

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa:

No podrá exceder de 6 meses nunca, aunque una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

No podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor, o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

No podrá exceder de 3 meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de:

3 meses.

1 mes.

2 meses.

Contra la resolución de un recurso de reposición:

No podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Podrá interponerse de nuevo dicho recurso en cualquier momento.

No podrá interponerse de nuevo dicho recurso hasta pasados 3 meses de la notificación del anterior.

Según el artículo 111 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso:

No suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Suspenderá la ejecución del acto impugnado.

No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.

Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general, podrán interponerse:

Directamente ante el superior jerárquico del órgano que dictó dicha disposición.

Directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

Directamente ante el órgano que dictó dicha disposición o su superior jerárquico.

La Administración podrá convalidar:

Los actos inválidos, subsanando los vicios de que adolezcan.

Los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan.

El procedimiento de responsabilidad patrimonial:

Se podrá iniciar de oficio aunque haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado.

Sólo puede iniciarse por reclamación de los interesados.

Se podrá iniciar de oficio mientras no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado.

Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de:

Diez días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

Veinte días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije un plazo superior.

Quince días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije un plazo superior.

La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial:

Puede recurrirse en alzada ante el superior jerárquico de la autoridad que la haya dictado.

Pone fin a la vía administrativa, cualquiera que sea el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

Sólo pone fin a la vía administrativa cuando derive de una relación de Derecho público.

Son actos nulos de pleno derecho:

Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Los que tengan un contenido imposible.

Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de recurso de inconstitucionalidad.

El trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento administrativo tendrá un plazo:

No inferior a 20 días ni superior a 25.

No inferior a 15 días ni superior a 20.

No inferior a 10 días ni superior a 15.

La terminación convencional del procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá fijar:

Sólo la cuantía de indemnización.

Ninguna de las respuestas es correcta.

La cuantía y modo de indemnización.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa:

Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y no podrá exceder de 5 meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y no podrá exceder de 3 meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

Son actos anulables:

Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Los actos administrativos producidos por silencio administrativo producirán efectos:

En el plazo de diez días desde que debió dictarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido.

Desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido.

En el plazo de diez días desde que debió notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido.

Ponen fin a la vía administrativa:

Los acuerdos, pactos, convenios o contratos.

Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

Las resoluciones de los procedimientos de impugnación.

Los actos de las Administraciones públicas dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio:

Son anulables según lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Son nulos de pleno derecho según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Son nulos de pleno derecho según lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Podrá acordase de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado:

Si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.

Si antes de iniciarse el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.

Ninguna de las repuestas es correcta.

Tendrán la consideración de interesados en el procedimiento administrativo:

Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que no resulten afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos.

Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento una vez haya recaído resolución definitiva.

El plazo para la interposición del recurso de reposición será:

De tres meses si el acto fuera expreso y de un mes si no lo fuera.

De un mes si el acto fuera expreso y de dos meses si no lo fuera.

De un mes si el acto fuera expreso.