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L.39 (3º). P.I. C1 AE

Respecto a la caducidad de los procedimientos administrativos, la Ley 39/2015 determina que:

Los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

Contra la resolución que declare la caducidad del procedimiento motivada por causa imputable al interesado no cabe la interposición de recurso.

En todos los casos, la inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites supondrá el acuerdo de caducidad del procedimiento.

Respecto a la interposición y resolución del recurso potestativo de reposición, la Ley 39/2015 determina que:

Contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse nuevamente dicho recurso.

Podrán ser recurridos potestativamente en reposición los actos que no pongan fin a la vía administrativa.

Podrá interponerse recurso ante el mismo órgano que dictó el acto o ser impugnados directamente ante el orden contencioso-administrativo.

De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 39/2015 en la interposición del recurso, si la parte legitimada en su pretensión incurre en error en la calificación del recurso:

No será admitido a trámite.

Se procederá a la tramitación del mismo, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

Se le dará un plazo de diez días naturales para que subsane la falta.

De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso:

Podrá suspender la ejecución del acto impugnado previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente.

No suspende la ejecución del acto impugnado salvo que una disposición establezca lo contrario.

Podrá suspender la ejecución del acto impugnado que habrá de solicitarse en pieza separada ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Conforme a la Ley 39/2015 ¿es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado en el procedimiento general de responsabilidad patrimonial?

No, puesto que en el procedimiento general de responsabilidad patrimonial sólo es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía superior a 25.000 euros.

Sí, puesto que en el procedimiento general de responsabilidad patrimonial es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 25.000 euros.

De acuerdo con la Ley 39/2015, frente a la resolución expresa del procedimiento de responsabilidad patrimonial ¿qué recurso administrativo podría interponer D. Luis Amorós?

Recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes.

Recurso potestativo de reposición en el plazo de tres meses.

Recurso de alzada en el plazo de tres meses.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en cuál de los siguientes supuestos el acto administrativo puede tener eficacia retroactiva?

Los que se dicten en sustitución de actos anulados.

Los actos por los que se acuerdan medidas provisionales.

Los actos sujetos a publicación.

Señale la respuesta correcta en cuanto a la forma de los actos administrativos según la Ley 39/2015:

Los actos administrativos se producirán verbalmente a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.

En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede.

Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de distinta naturaleza, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

De acuerdo con la Ley 39/2015, la revisión de oficio de los actos administrativos:

Puede adoptarse con dictamen desfavorable del Consejo de Estado.

Se podrá adoptar respecto de los actos que tengan un contenido imposible.

Deberá dictarse dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

Conforme a la Ley 39/2015, señale cuándo un acto administrativo incurre en "desviación de poder":

Cuando supone el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.

Cuando ha sido dictado por órgano manifiestamente incompetente.

Cuando su contenido es de imposible realización.

De conformidad con la Ley 39/2015, las medidas provisionales en el procedimiento administrativo:

Antes de la iniciación del procedimiento, podrán adoptarse en los casos de urgencia y para la protección provisional de intereses implicados.

Iniciado el procedimiento, se adoptarán por el órgano instructor, previa audiencia a las partes y al órgano competente para resolver.

Iniciado el procedimiento, se adoptarán a instancia de parte únicamente para la protección provisional de intereses implicados.

Respecto al trámite de audiencia en el procedimiento administrativo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2915:

Instruidos los procedimientos, y una vez redactada la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes.

Los interesados, en un plazo no inferior a veinte días ni superior a treinta, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Según el artículo 124 de la Ley 39/2015, el plazo para interponer el recurso de reposición cuando el acto es presunto será de:

En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Cuatro años desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

Un mes y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

En relación con los actos de trámite, señale la respuesta correcta conforme a la Ley 39/2015:

Si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, son recurribles por los interesados mediante recurso extraordinario de revisión ante el superior jerárquico del órgano administrativo que los dictó.

Si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos son recurribles por los interesados mediante recurso de alzada y potestativo de reposición.

No son recurribles por los interesados, si bien la oposición a los actos de trámite podrá alegarse por aquéllos para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

El artículo 112 de la Ley 39/2015 regula el objeto y clases de recurso, estableciendo que:

Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos en la Ley 39/2015.

Contra todos los actos de trámite podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, si se funda en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.

Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en un plazo de:

Quince días para cumplimentarlo.

Veinte días para cumplimentado.

Diez días para cumplimentarlo.

Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, ¿sería posible que en la Ley de Aguas se establezca un plazo mayor de 6 meses para resolver y notificar el procedimiento?

Sí, ya que únicamente las normas con rango de ley pueden establecer un plazo mayor.

Sí, toda norma reguladora de un procedimiento administrativo puede establecer un plazo mayor.

Sí, cuando lo establezca una norma con rango de ley o venga previsto en la normativa comunitaria europea.

Señale la respuesta correcta según la Ley 39/2015:

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión siempre que se trate de procedimientos iniciados de oficio.

El órgano competente para acordar la acumulación de expedientes que guarden identidad sustancial o íntima conexión es el superior jerárquico del órgano competente para la resolución del procedimiento y ésta sólo puede ser acordada en los procedimientos iniciados de oficio.

Indique, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la respuesta sobre la convalidación de actos:

Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, se podrá convalidar el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

Cuando el vicio consista en incompetencia determinante de nulidad, podrá convalidarse por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho, subsanando los vicios de que adolezcan.

Según la ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados:

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, en todo caso.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.