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L.39. (4º).P.I. C1

Contra la resolución de un recurso de alzada:

No cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso potestativo de reposición en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

No cabe ningún otro recurso administrativo.

No cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La declaración de lesividad de actos anulables:

No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

Podrá adoptarse una vez-transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y no exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

Podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. ¿Cabe recurso contra el acuerdo de acumulación?:

Sí, cabe el recurso potestativo de reposición.

No, no cabe recurso alguno.

Sí, caben el recurso de alzada y el potestativo de reposición.

Acordada la sustanciación de un procedimiento simplificado en materia de responsabilidad patrimonial, si no recae resolución expresa en el plazo de 30 días:

Se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización.

Se podrá entender estimada la solicitud de indemnización.

Los órganos competentes, en todo caso podrán acordar o proponer que se siga el procedimiento abreviado.

¿Puede la Administración rectificar de oficio en el año 2018 un error material advertido en una resolución dictada en el año 2009?:

Sólo previa impugnación.

No.

Sí.

¿Cómo puede la Administración revisar una resolución administrativa que reconoce el derecho de un particular a percibir una subvención si ha advertido que la misma ha sido concedida contraviniendo alguno de los preceptos de su normativa reguladora?

No puede si la resolución ya es definitiva.

Mediante el procedimiento de revisión de actos nulos o anulables previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Mediante el procedimiento de revocación de actos y rectificación de errores regulado en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que:

En un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

En un plazo de veinte días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

En un plazo de quince días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:

Unos y otros deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente resolución.

Unos y otros podrán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente resolución.

Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

Según el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose abierto período de información pública:

El plazo para formular alegaciones, en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

La comparecencia en el trámite de información pública otorga, por sí misma, la condición de interesado.

La incomparecencia en el trámite de información pública impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pondrán fin al procedimiento:

La resolución, la renuncia de la solicitud, el desistimiento en el derecho en que se funde la solicitud y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

La resolución, la renuncia de la solicitud, el desistimiento en el derecho en que se funde la solicitud, cuando tal desistimiento no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.

El desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la resolución, y la declaración de caducidad.

Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado o de oficio, cuando se produzca su paralización por causa imputable al interesado, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo.

Contra la resolución que declare la caducidad no procederá recurso alguno.

Según la estructura de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las fases del procedimiento administrativo comprendidas en el Título IV son:

I) La iniciación, II) ordenación, III) instrucción, IV) alegaciones, V) finalización, VI) ejecución.

l) La iniciación, II) ordenación, III) instrucción, IV) finalización, V) de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común VI) ejecución.

I) La iniciación, II) ordenación, III) instrucción, IV) prueba, V) finalización, VI) ejecución.

Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:

A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que estén interesados.

A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.

A obtener originales y copias de documentos contenidos en los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

Contra la resolución de un recurso de alzada

No cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Podrá interponerse el recurso de reposición y el extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

No cabrá ningún recurso administrativo.

En la tramitación de los recursos administrativos cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario:

Se pondrán de manifiesto a los interesados, para que, en un plazo no inferior a diez días, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

Se pondrán de manifiesto a los interesados, para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

Se pondrán de manifiesto a los interesados, para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

Interpuesto recurso administrativo, se entiende suspendida la ejecución del acto impugnado:

Transcurridos quince días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma y éste no ha dictado resolución expresa al respecto.

Transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma y éste no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.

Transcurridos veinte días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma y éste no ha dictado resolución expresa al respecto.

El órgano competente para la resolución del recurso extraordinario de revisión, podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite del recurso sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado:

Cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el artículo 125 apartado 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

Es preceptivo el informe del Consejo de Estado en todo caso.

Exclusivamente en el supuesto de que el recurso no se funde en alguna de las causas previstas en el artículo 118 apartado 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

De conformidad con el artículo 128.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el ejercicio de la potestad reglamentaria:

Corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Corresponde únicamente al Gobierno de la Nación.

Corresponde al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos.

Tal y como establece el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la tramitación simplificada del procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:

En ningún caso, podrá acordarse la tramitación simplificada una vez iniciado el procedimiento general.

Podrá acordarse, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, de oficio o a solicitud del interesado.

Además de lo dispuesto en el apartado anterior, podrá acordarse si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, previa suspensión del procedimiento general.

Tal y como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que son horas hábiles:

Todas las horas del día que formen parte de un día hábil.

Los plazos se computan por días, no por horas.

Desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas de cada día hábil.