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L.39 (5º). P.I. C1 AE

En relación con la emisión de informes, la Ley 39/2015 señala que:

Si un informe se emite fuera de plazo, podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

Los informes serán emitidos en papel, salvo que una norma exija que sea a través de medios electrónicos.

Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no vinculantes.

De acuerdo con la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta sobre el expediente administrativo:

Cuando haya que remitir el expediente a otro órgano se incluirá un índice autentificado de los documentos que contiene.

Un mismo documento administrativo sólo puede formar parte de un expediente electrónico.

Si el titular del órgano administrativo lo estima oportuno, el expediente contendrá copia electrónica certificada de la resolución.

De acuerdo con la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa NO podrá exceder de:

2 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea

3 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

De acuerdo con la Ley 39/2015, el plazo para la interposición del recurso de alzada será de:

1 mes, si el acto fuera expreso.

3 meses, si el acto fuera expreso.

2 meses, si el acto fuera expreso.

En relación con el recurso extraordinario de revisión, la Ley 39/2015 indica que:

El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse sobre la procedencia del recurso, y en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.

Transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá estimado.

Se puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales, previo dictamen del Consejo de Estado.

La Ley 39/2015, en relación con el recurso de reposición, indica que:

Se interpone ante el órgano superior jerárquico que hubiera dictado el acto que se recurre.

Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Se puede interponer simultáneamente el recurso de reposición y el recurso contencioso-administrativo.

En relación con la convalidación de los actos administrativos, la Ley 39/2015, dispone que:

La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho y los anulables.

Si el victo consiste en la falta de alguna autorización, se puede convalidar mediante su otorgamiento por el órgano competente.

El acto de convalidación producirá efecto desde su notificación al interesado.

Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial
será necesario:

Que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 67.

Que haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 67.

No se puede iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, ¿puede actuar D. Valentín Monte Nieto en representación de D. Juan para presentar la solicitud de Inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial?

Sí, pero deberá acreditar la representación mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

No, no se puede actuar por medio de representante para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

No, dado que uno de los requisitos en materia de responsabilidad patrimonial que establece la Ley 40/2015 es que la solicitud debe ser presentada por el interesado.

Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, al haberse efectuado la notificación por varios cauces, ¿qué fecha se tomará como fecha de notificación?

La fecha de la notificación que se produce en último lugar.

El día siguiente al que recibe la notificación en papel.

La fecha de la notificación que se produce en primer lugar.

Según la Ley 39/2015, ¿de qué plazo dispone D. Juan para subsanar su solicitud?

10 días hábiles, excluyendo del cómputo los domingos y festivos.

10 días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, domingos y festivos.

20 días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, domingos y festivos.

Según la Ley 39/2005:

La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos.

La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder, únicamente de oficio, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos

La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que exceda de la mitad de los mismos.

¿Qué consecuencias tendría para D. Juan la no subsanación de la solicitud requerida?

Su solicitud caducará.

Se le tendrá por desistido de su petición.

Su derecho prescribirá.

En materia de responsabilidad patrimonial, según la Ley 39/2015:

Transcurridos doce meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, ¿quién sería el órgano competente para la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial en el ámbito de la Administración General del Estado?

El Ministro respectivo en todo caso.

El Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando un reglamento así lo disponga.

El Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga.

Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

Los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.

Los actos que no rechacen pruebas propuestas por los interesados.

Durante la tramitación del expediente de contratación, el funcionario responsable advierte un error material en una resolución que forma parte del expediente. Según la Ley 39/2015, ¿qué puede hacer la Administración?

Rectificar el error, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

Revocar el acto, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción.

Rectificar el error, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde que se dictó.

En su escrito, D. Juan solicita que el procedimiento sea tramitado en catalán. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, ¿en qué lengua será tramitado el procedimiento?

El procedimiento será tramitado en castellano dado que se trata de un procedimiento tramitado por la Administración General del Estado.

El procedimiento será tramitado en catalán; no obstante, si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano.

El procedimiento deberá ser tramitado en catalán al ser la lengua elegida por el interesado.

La Ley 39/2015 indica que el inicio del procedimiento de naturaleza sancionadora se caracteriza por lo siguiente:

Se podrá imponer una sanción económica con carácter previo al inicio del procedimiento.

Se encomiendan a distintos órganos la fase instructora y la fase sancionadora.

Se iniciará de oficio o a instancia de parte por acuerdo del órgano competente.

Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución
expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse:

Que se continúa con el procedimiento general.

Que la resolución es favorable a la indemnización del particular.

Que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

En los supuestos en los que el dictamen del Consejo de Estado sea preceptivo, ¿cuál es el plazo del que dispone este órgano consultivo para emitirlo?

Un plazo máximo de un mes.

Un plazo máximo de dos meses.

Un plazo máximo de tres meses.

En la instrucción del procedimiento disciplinario:

La fase instructora y la sancionadora quedarán separadas y encomendadas a órganos distintos.

La fase instructora y la sancionadora serán encomendadas al mismo órgano.

Ninguna de las respuestas es correcta.

Ante una reclamación de un opositor que, teniendo la constancia documental de haber presentado en plazo la solicitud, no figura en la lista provisional de admitidos,
la subsanación del error cometido:

Ha de solicitarla el opositor en el plazo máximo de diez días hábiles desde la publicación de las listas.

Sólo será posible si la solicitud se presentó por vía telemática.

No será posible si la solicitud se presentó por vía telemática.