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L.39. P.I. A1

Cuando un procedimiento de revisión de actos administrativos nulos fuera iniciado a solicitud del interesado, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución determinará:

La caducidad del procedimiento.

Que el interesado podrá entender la solicitud estimada por silencio administrativo.

Que el interesado podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo.

Son derechos del interesado en el procedimiento administrativo, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

Según el artículo 83.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano al que corresponda la resolución de un procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. Con relación a la comparecencia en el mismo se determina que:

La incomparecencia impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

La comparecencia no otorga, por si misma, la condición de interesado.

La comparecencia otorga, por sí misma, la condición de interesado.

La caducidad de un procedimiento, tal como se regula en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

Producirá, por sí sola, la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.

No producirá por sí sola, la prescripción de las acciones del particular o de la Administración pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

No producirá, por sí sola, la prescripción de las acciones del particular o de la Administración pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.

El principio de inderogabilidad singular de los Reglamentos significa:

Que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas.

Que para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones administrativas habrán de publicarse en el Diario oficial que corresponda.

Que ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Cuál de las siguientes causas ponen fin al procedimiento administrativo, según lo dispuesto en el Capítulo V del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

La conversión de actos viciados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

La suspensión de la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil resolución.

Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa:

La notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el “Boletín Oficial del Estado”, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

Se repetirá el intento por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.

Tanto en el desistimiento como en la renuncia:

La Administración los aceptará de plano y declarará concluso el procedimiento, en todo caso.

La Administración los aceptará de plano, y declarará concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de quince días desde que fueron notificados del desistimiento.

La Administración los aceptará de plano y declarará concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento.

No es un derecho de los interesados en el procedimiento administrativo recogido en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

Derecho al acceso a los documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes.

A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los trámites de alegaciones, informes, prueba y audiencia, forman parte:

De la fase de terminación del procedimiento administrativo.

De la fase de ordenación del procedimiento administrativo.

De la fase de instrucción del procedimiento administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, la petición razonada de otros órganos administrativos distintos de los competentes para iniciar el procedimiento general de responsabilidad patrimonial .¿Qué deberá contener?

Deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo.

Sólo deberá recoger su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo.

Deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica en todo caso, y el lugar en que la lesión efectivamente se produjo.

De acuerdo con el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Los interesados, en un plazo de diez días, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte, podrán alegar y presenta los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Los actos administrativos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales:

Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

Podrán no estar motivados.

Se dictan siempre de oficio, ajustándose al procedimiento establecido.

El Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se denomina:

De la estructura de los órganos de las Administraciones Públicas.

De la actividad de las Administraciones Públicas.

De los órganos de las Administraciones Públicas.

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

El artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, versa sobre la notificación de las disposiciones administrativas.

El artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, versa sobre la jerarquía y competencia de las disposiciones administrativas.

El artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, versa sobre la inderogabilidad singular de las disposiciones administrativas.

Si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable:

Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días.

Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días.

Se requerirá al interesado para que, en un plazo de quince días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días.

El ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, se denomina:

Principio de arbitrariedad.

Principio de interdicción.

Desviación de poder.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas:

Que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o consentido su utilización exclusivamente en el momento de iniciación del procedimiento.

Las notificaciones administrativas no se pueden llevar a cabo por medios electrónicos.

podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, transcurrieran diez días naturales sin que el sujeto destinatario acceda a su contenido:

La notificación telemática se entenderá practicada a todos los efectos legales porque hay constancia de su recepción.

La notificación deberá volver a practicarse por correo ordinario en el domicilio del interesado y, si no fuere posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin.

Se entenderá que la notificación ha sido rechazada.

La revocación de los actos de gravamen o desfavorables corresponderá:

Al mismo órgano administrativo que dictó el acto.

A las personas titulares de las Consejerías respecto de los actos dictados por órganos directivos de ellas dependientes.

A las personas titulares de las Consejerías respectivas o al Consejo de Gobierno, según los casos.