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L.39. P.I. A2

Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán:

A los procedimientos establecidos por La Ley 39/2015, de 1 de Octubre.

A los procedimientos establecidos por La Ley 40/2015, de 1 de Octubre.

A los procedimientos establecidos por su legislación específica.

En el caso de que una persona presente denuncia por la comisión de hechos presuntamente constitutivos de infracción administrativa:

Deberá iniciarse, en todo caso, expediente sancionador, sin perjuicio de que posteriormente se puede archivar.

Podrá dar lugar a la iniciación, de oficio, del correspondiente procedimiento.

Se entenderá iniciado, con dicha denuncia, el correspondiente procedimiento.

La presunción de legitimidad de los actos administrativos:

Puede ser objeto de impugnación por el particular.

Sólo se da cuando la Ley expresamente lo diga.

No admite prueba en contrario.

Cuando un órgano administrativo, al dictar un acto, se desvía de un dictamen vinculante de un órgano consultivo:

No puede hacerlo.

Vicia el acto de que se trate.

Debe motivar el acto.

Siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico, la Administración puede revocar sus actos:

Nulos, si son favorables para el interesado.

Si son actos de gravamen o desfavorables.

Anulables si hay declaración previa de lesividad.

La declaración previa de lesividad para que la Administración pueda anular un acto suyo, requiere:

Que se trate de un acto favorable para los interesados.

Que se trate de un acto nulo o anulable.

Que hayan transcurrido más de cuatro arios desde que se dictó el acto.

La falta o insuficiencia de acreditación de la representación:

Impedirá que el acto de que se trate se tenga por realizado.

No impedirá que el acto de que se trate se tenga por realizado.

No impedirá que el acto de que se trate se tenga por realizado siempre que se aporte o se subsane en el plazo establecido.

Las oficinas de Correos recibirán los escritos dirigidos:

A cualquier centro o dependencia administrativa.

Sólo a la administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Sólo a la administración del Estado.

Cuando por el número de solicitudes formuladas u otras razones, excepcionalmente fuere necesario la ampliación de los plazos para resolver:

Este no podrá ser superior a tres meses.

Este no podrá ser superior a la mitad del plazo inicialmente establecido.

Este no podrá ser superior al plazo inicialmente establecido para la tramitación.

Si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo:

Se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente.

Se prorrogará hasta el primer día hábil del mes siguiente.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los plazos expresados en días se contarán:

A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto que se trate.

Desde el primer día hábil siguiente a la notificación.

Desde el mismo día de su notificación o publicación.

La inderogabilidad singular de los Reglamentos significa que:

Que las resoluciones administrativas particulares no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque tenga superior rango.

Que los reglamentos no pueden derogarse sino en su totalidad.

Que aunque se deroguen algunos artículos de un reglamento permanece vigente el resto de su articulado.

Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos:

Serán nulos.

Deberán ser motivados.

Serán anulables.

Salvo que en ellos se disponga otra cosa los actos administrativos se presumirán válidos y producirán efectos:

Desde el día siguiente a aquel al que se dicten.

Desde la fecha de su notificación o publicación.

Desde la fecha en que se dicten.

Los actos administrativos realizados fuera del tiempo establecido:

Implicará su anulabilidad.

Serán anulables cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Implicarán su nulidad radical en cualquier caso.

La resolución que pone fin a un procedimiento sancionador será ejecutiva:

Cuando adquiera firmeza en vía administrativa.

Cuando ponga fin a la vía administrativa.

Cuando se resuelva en vía contenciosa.

El recurso extraordinario de revisión se basa en:

Exclusivamente en errores de hecho o de derecho.

Cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluido la desviación de poder.

Ninguna de las respuestas es cierta.

El plazo para entender desestimado el recurso extraordinario de revisión sin que haya recaído resolución expresa será de:

Seis meses desde la interposición.

Tres meses desde la interposición.

Un mes desde la interposición.

Iniciado el procedimiento las medidas provisionales se adoptarán:

Por el instructor del procedimiento con conocimiento del órgano superior que ordenó su incoación.

Por el órgano inmediatamente superior al competente para resolver.

Por el órgano competente para resolver el procedimiento.

El procedimiento general de responsabilidad patrimonial:

Se iniciará de oficio o por reclamación de los interesados.

Se iniciará siempre de oficio.

Se iniciará siempre por reclamación de los interesados.

Si no recae resolución expresa en un procedimiento abreviado de responsabilidad patrimonial de una Administración Pública:

Se podrá entender estimada la solicitud de indemnización.

Se entenderá caducado el procedimiento y se procederá al archivo de la solicitud.

Se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización.

Contra las disposiciones administrativas de carácter general se puede interponer:

No cabe recurso en vía administrativa.

Recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno.

Recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia.

En el procedimiento abreviado para exigir la responsabilidad patrimonial a las Administraciones públicas se concederá un trámite de audiencia a los interesados para formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes por un plazo:

De 10 días.

No hay trámite de audiencia en este procedimiento.

Máximo de 5 días.

¿El Presidente de la Junta de Andalucía puede dictar una resolución administrativa que contradiga una disposición general dictada por la persona titular de una Consejería?

No.

Sí.

Sí, si es ratificada por la persona titular de la Consejería que dictó la disposición general.

Cuando el interesado que pidió la iniciación de un procedimiento manifiesta que se aparta de su solicitud, y pide que se archive el expediente, nos encontramos ante:

Una renuncia.

Una caducidad.

Un desistimiento.

En el caso de que al interponer un recurso de alzada se solicite la suspensión del acto, se entenderá producida la suspensión:

Si la ejecución causa perjuicios de imposible o difícil reparación.

Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.

Si transcurren 30 días sin que se resuelva el recurso.

En el procedimiento administrativo si el vicio consistiere en la falta de alguna autorización:

El acto se entenderá convalidado tácitamente si no se recurre en plazo.

El acto no podrá convalidarse.

El acto podrá convalidarse mediante el otorgamiento de autorización por el órgano competente.