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L.39. T.L. C1

De acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la impulsión de los trámites se realizará:

A instancia de los interesados.

Por órdenes de los superiores de quien tiene encomendado el trámite.

De oficio y a través de medios electrónicos.

De oficio en unos trámites y a instancia de parte en otros.

Como regla general, el derecho a reclamar la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública prescribe:

No se establece plazo alguno de prescripción.

Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

A los cuatro años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala que el órgano que resuelva un recurso administrativo, decidirá:

Sobre cuantas cuestiones, tanto de fondo como de forma, plantee el procedimiento y hayan sido alegadas por los interesados.

Sólo sobre las cuestiones de fondo que hayan sido planteadas por los interesados.

Sólo sobre las cuestiones de forma planteadas en el recurso por el recurrente.

Sobre cuantas cuestiones, tanto de fondo como de forma, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados.

¿En qué supuesto de la revisión de oficio el órgano competente para ello no necesita recabar dictamen del Consejo de Estado u Órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma?

Siempre que la revisión se promueva a iniciativa de la Administración Pública.

Todas pueden ser correctas.

En todo caso se requiere previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

Cuando la solicitud del interesado no se base en algunas de las causas de nulidad del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿es imprescindible que en la solicitud figure la firma del solicitante?

No, basta con que aparezca el nombre y apellidos del interesado.

Sí, en todo caso.

Es suficiente la rúbrica acompañada de una copia del D.N.I.

Ninguna es correcta.

¿Qué recurso cabe en vía administrativa contras las disposiciones administrativas de carácter general?

Ninguno.

Recurso extraordinario de revisión.

Recurso de alzada y potestativo de reposición.

Recurso de alzada.

Un convenio que una Consejería firme con una Universidad, ¿se puede entender que dicho acto pone fin a la vía administrativa?

Ninguna de las respuestas es correcta.

Cuando tenga consideración de finalizador del procedimiento.

Sí, cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

Sólo si se firma por los órganos competentes.

¿Ante quién se podrá interponer el recurso de alzada?

Ninguna es correcta.

Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

Sólo ante el competente para resolverlo.

Sólo ante el órgano que dictó el acto que se impugna.

En el caso de daños físicos o psíquicos el plazo para reclamar empezará a computarse:

Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

En cualquier momento.

Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.

Desde el momento en que se manifiesta el efecto lesivo del hecho o acto que motive la indemnización.

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los ciudadanos, en sus relaciones con las administraciones públicas tienen derecho:

A conocer la tramitación del procedimiento, sólo al final del mismo.

A conocer los recursos adecuados al procedimiento.

A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos, sólo en los casos urgentes.

A conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesados y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

De acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una vez iniciado el procedimiento de revisión de oficio, ¿el órgano competente para resolver puede suspender la ejecución del acto?

Sí, siempre que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Sí, siempre que la no ejecución pudiera causar un beneficio superior al perjuicio causado por la ejecución.

Sí, en los casos de nulidad del procedimiento.

No, nunca.

De acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿se puede prescindir del trámite de audiencia?

Sí, cuando, aunque figuren en el procedimiento, no sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

No, nunca.

Sí, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Sí, cuando así lo pida el solicitante.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la obligatoriedad de comunicarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos podrá establecerse reglamentariamente:

Para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

En ningún caso.

Siempre que se trate de personas jurídicas.

En cualquier caso.

Por regla general una notificación electrónica se entenderá rechazada con los efectos previstos en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando teniendo constancia de la puesta a disposición transcurran:

Diez días naturales desde que se accedió al contenido sin existir respuesta.

Diez días naturales sin que se acceda al contenido.

Diez días hábiles sin que se acceda a su contenido.

Quince días hábiles desde que se accedió al contenido sin existir respuesta.

Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que la Administración debe notificar la resolución expresa no podrá exceder:

De seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

De tres meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

De tres meses, salvo que una norma con rango de ley o reglamentaria establezca uno mayor.

De seis meses, salvo que una norma con rango de ley o reglamentaria establezca uno mayor.

Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los acuerdos de ampliación de plazos:

No tienen que ser notificados a los interesados.

Son recurribles en reposición.

No son recurribles.

Son recurribles en alzada o reposición según pongan o no fin a la vía administrativa.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en materia de Responsabilidad Patrimonial, si la Consejería de Educación iniciara de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial por entender que ha producido una lesión a D. Arturo BB en sus bienes, el plazo que debe concederle para aportar alegaciones, es de:

Un mes.

Quince días.

Diez días.

Siete días.

La Consejería de Empleo notifica por correo certificado una sanción a D. Manuel XX que incluye un pie de recurso erróneo. ¿Debe entenderse que la notificación se ha producido?

No, porque la notificación defectuosa afecta a la validez del acto notificado.

Sí, porque la notificación sólo debe contener el texto íntegro del acto.

Sí, porque al contener el texto íntegro del acto se entiende cumplido el deber de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento.

No, porque debe ser correcta en todos sus términos.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los términos y plazos establecidos en las leyes obligan a:

Las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.

Sólo a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Los términos y plazos sólo son indiciarios pero en ningún caso vinculantes.

Únicamente a los interesados en los mismos.