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L.4/1986, PATRIMONIO CAA. T.L. A1

En el ámbito patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa y no se recoge en el articulado de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía?:

Las herencias en favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía se entenderán siempre aceptadas a beneficio de inventario.

Se presumirá que los bienes son de dominio privado.

Queda prohibida toda donación de bienes de dominio privado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo lo previsto para compromisos o subvenciones de auxilios en la legislación especial.

Si el inmueble objeto del contrato de arrendamiento en favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, va a ser utilizado por varios Departamentos o Entidades Públicas, la competencia para el arrendamiento corresponderá al Consejo de Gobierno.

La afectación por silencio, del dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía tendrá lugar:

Cuando el bien o derecho, que ya sea anteriormente de dominio privado de la Comunidad Autónoma o sus entidades públicas, se destine durante al menos 5 años de forma continuada a un uso o servicio público.

Ninguna de las respuestas es correcta.

Cuando el bien o derecho no tenga la consideración de dominio privado de la Comunidad Autónoma y ésta lo adquiera por usucapión, siempre que se haya destinado durante al menos 10 años de forma continuada a un uso o servicio público.

Cuando el bien o derecho, que ya sea anteriormente de dominio privado de la Comunidad Autónoma o Sus entidades públicas, se destine durante al menos 4 años de forma continuada a un uso o servicio público.

Los bienes de dominio privado pertenecientes a Entidades de derecho público dependientes de la Comunidad:

Se regularán por los convenios de colaboración que se formalicen entre la Comunidad Autónoma y la entidad de derecho público a la que pertenezcan.

Se regulan por sus leyes especiales y, en su defecto por la Ley del Patrimonio de Andalucía y las normas generales de derecho privado.

Se regularán por normas de derecho privado.

Quedan regulados por la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Son características comunes a los bienes de dominio público:

Su inembargabilidad.

Su inalienabilidad y prescriptibilidad.

Su usucapibilidad.

Su prescriptibilidad e inembargabilidad.

Las discrepancias que se produzcan en la Junta de Andalucía entre dos o más Departamentos en materia de afectación, mutación y desafectación de bienes serán resueltas por:

El titular de la Consejería competente en materia de Patrimonio.

El Consejo de Gobierno.

El titular de la Dirección General de Patrimonio.

Los titulares de las Consejerías afectadas.

Las adquisiciones a título lucrativo en favor de la Comunidad Autónoma, o de cualquiera de las Entidades públicas dependientes de ella, deberán ser previamente aceptadas por:

Orden de la persona titular de la Consejería con competencia en materia de Hacienda.

Decreto del Consejo de Gobierno.

La Comunidad Autónoma no puede adquirir bienes a título lucrativo.

Ley del Parlamento de Andalucía.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, NO son bienes de dominio público:

Aquellos a los que se atribuya esta condición por disposición legal o reglamentaria de la Comunidad Autónoma.

Los bienes y derechos así declarados por una norma estatal, una vez hayan sido transferidos como tales a la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio de sus funciones.

Aquellos bienes y derechos que sean transferidos a la Comunidad Autónoma y se afecten a un uso o servicio público.

Los bienes y derechos que la Comunidad Autónoma adquiera por cualquier título legítimo y se afecten a un uso o servicio público.

Según el artículo 48 b) de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la afectación de un bien o derecho perteneciente a la Comunidad Autónoma podrá tener lugar mediante:

Silencio.

Expropiación forzosa.

Disposición reglamentaria.

Declaración responsable de utilidad pública.