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L.40. (1º). P.I. C1

En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas:

A la adopción de disposiciones de carácter especial.

A la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

Todas las respuestas son correctas.

De acuerdo con el artículo 3 de La Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de:

Eficacia, jerarquía, desconcentración, descentralización y coordinación.

Eficiencia y celeridad.

Eficacia y celeridad.

Según el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención tener parentesco de consanguinidad dentro del:

Tercer grado.

Primer grado.

Cuarto grado.

Según el artículo 24 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en caso de recusación, si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de:

Quince días.

Tres días.

Diez días.

Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad patrimonial, aquéllas responderán:

De forma subsidiaria.

De forma solidaria.

Atendiendo a criterios de competencia.

En materia de responsabilidad patrimonial de la Administración:

Aunque no exista acuerdo con el interesado, la indemnización podrá sustituirse por una compensación en especie, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público.

Siempre que exista acuerdo con el interesado, la indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público.

La indemnización procedente nunca podrá sustituirse por una compensación en especie.

Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:

Se pueden derivar de la actuación de las mismas, en relaciones de Derecho público o de Derecho privado.

Se pueden derivar de la actuación de las mismas solamente en relaciones de Derecho privado.

Se pueden derivar de la actuación de las mismas solamente en relaciones de Derecho público.

La responsabilidad patrimonial del estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:

Se regirá por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, su Reglamento de desarrollo y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se regirá por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y su Reglamento de desarrollo.

Los procedimientos de ejercicio de la potestad disciplinaria de las Administraciones Públicas, respecto del personal a su servicio:

Se regirán por las disposiciones relativas a responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio, contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en su Reglamento de desarrollo.

Se regirán por las disposiciones relativas a la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Se regirán por las disposiciones relativas a responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio, contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La cuantía de la indemnización en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se calculará:

Con referencia a la fecha de la curación o determinación del alcance de las secuelas, en caso de daños de carácter físico o psíquico.

Con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo.

Con referencia al día en que se ponga fin al procedimiento.

No deberán ser necesariamente motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

Los actos administrativos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes.

Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta.

Los actos administrativos que se separen del dictamen de órganos consultivos.

Señale la respuesta correcta, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre:

Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Las respuestas a y b son correctas.

Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, pero si éstas no fijan plazos de prescripción:

Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses.

Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres y las leves a los tres meses.

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses.

¿Quiénes están obligados a abstenerse de intervenir en el procedimiento administrativo?:

Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.

El que hubiere intervenido como perito o testigo en el procedimiento de que se trate.

El representante legal de cualquier persona con capacidad de obrar.