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L.40/2015. P.I. A2. GESTIÓN CIVIL AE

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la dirección y coordinación de la protección civil de la provincia corresponde:

A la Comunidad Autónoma.

A la Diputación Provincial.

Al Subdelegado del Gobierno.

Al Delegado del Gobierno.

Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas tienen, entre otras, la siguiente competencia:

Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un Departamento.

Proponer ante el Consejo de Ministros las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General del Estado como con otras Administraciones Públicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia.

Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación.

Proponer la suspensión de los actos impugnados dictados por los órganos de la Delegación del Gobierno cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el artículo 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con la Ley 40/2015, ¿qué rango tendrán los directores insulares de la Administración General del Estado?

Subdirector General.

El nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo.

Director General.

Subsecretario.

Según la Ley 40/2015, los consorcios en los que participe la Administración General del Estado se crean mediante:

Real Decreto.

Ley.

Convenio.

Orden Ministerial.

Las competencias relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros:

Son delegables en el Ministro correspondiente.

No son, en ningún caso, delegables.

Son delegables en el propio Presidente del Gobierno.

Son delegables, a propuesta del Presidente del Gobierno en las Comisiones Delegadas del Gobierno.

De acuerdo con la Ley 40/2015, en la encomienda de gestión:

No hay cesión de la titularidad de la competencia pero sí de los elementos sustantivos de su ejercicio.

Se produce una transferencia de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio.

No hay cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

Se produce una transferencia de la titularidad de la competencia pero no de los elementos sustantivos de su ejercicio.

¿Puede un Delegado del Gobierno suscribir un Convenio con una Comunidad autónoma para constituir un consorcio entre ambas?

Sí que puede, previa autorización del Consejo de Ministros.

No puede. Deberá suscribirlo el Ministro, previa autorización del Consejo de Ministros.

Sí que puede, previa autorización del Ministro de Hacienda y Función Pública.

No puede. Deberá suscribirlo el Ministro, sin que sea necesaria la previa autorización del Consejo de Ministros.

De conformidad con lo que establece el artículo 82 de la Ley 40/2015, la integración y gestión del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local y su publicación dependerá de:

La Intervención General de la Administración del Estado.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales.

La Secretaría de Estado de Función Pública.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, en su artículo 89 regula la personalidad jurídica y potestades de los organismos públicos estatales, señalando que corresponden a los mismos:

Dentro de su esfera de competencia, las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad sancionadora.

Dentro de su esfera de competencia, las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria y la sancionadora.

Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, sin mayor limitación legal.

Dentro de su esfera de competencia, las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.

De conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley 40/2015, son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica:

Los Directores Generales.

Los Ministros.

Los Secretarios Generales Técnicos.

Los Secretarios de Estado.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:

No cabe responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en los casos de lesiones derivadas de la anulación en vía administrativa de una disposición de carácter general.

La anulación en vía administrativa de los actos o disposiciones administrativas dará lugar necesariamente a la correspondiente indemnización.

La anulación por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas dará lugar necesariamente a la correspondiente indemnización.

La anulación por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de entre las entidades que integran el sector público institucional estatal se encuentran los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en:

Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, sociedades mercantiles estatales, autoridades administrativas independientes y consorcios.

Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales.

Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y sociedades mercantiles estatales.

Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, sociedades mercantiles estatales y autoridades administrativas independientes.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los miembros de un órgano colegiado de la Administración General del Estado deberán:

Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. Todos los miembros podrán abstenerse en las votaciones libremente.

Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto sin necesidad de motivarlo. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.

Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. Sólo podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.

Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.

De acuerdo con la Ley 40/2015, es competencia expresa del Subsecretario de un Departamento:

Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación, excepto al personal eventual del Departamento.

Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento.

Nombrar y cesar a todo el personal del Departamento, independientemente de la forma de provisión del puesto.

Nombrar y cesar a todo el personal del Departamento, excepto aquellos puestos cuya forma de provisión sea la libre designación.

Según la Ley 40/2015, en caso de ausencia, vacante o enfermedad del Delegado del Gobierno, éste será suplido por:

El Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, el de la provincia en que tenga su sede, salvo que se trate de una Comunidad Autónoma uniprovincial en que no exista Subdelegado, en cuyo caso corresponderá al Secretario General.

Cualquier funcionario que sea designado a tal efecto por el Delegado.

Por el Secretario General de la Delegación del Gobierno correspondiente, tanto en Comunidades Autónomas uniprovinciales o pluriprovinciales, por ser una de sus funciones reglamentariamente establecidas la de sustituir al Delegado y al Subdelegado.

En primer término, por el Subdelegado del Gobierno de la provincia en que la Delegación tenga su sede, salvo que se trate de una Comunidad Autónoma uniprovincial en que no exista Subdelegado, en cuyo caso corresponderá al Secretario General.

Conforme a la Ley 40/2015, ¿puede un Delegado del Gobierno coordinar los usos de los edificios de Servicios de la Administración General del Estado no integrados en la Delegación del Gobierno?

Sí puede, pero de acuerdo con las directrices del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de la Dirección General de Patrimonio.

No, no tiene ningún poder de coordinación sobre los edificios de los servicios no integrados de la Administración pero si sobre los de los servicios integrados, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

No, no tiene poder de coordinación alguno sobre los inmuebles de la Administración, ya sean servicios integrados o no integrados, ya que corresponde en exclusiva al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Dirección General de Patrimonio.

No, únicamente puede coordinar el uso de los edificios de los servicios integrados, sin sujeción en este caso a directriz alguna por ser una competencia propia.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 40/2015, de las Secretarías Generales de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno dependen:

Los servicios territoriales de la Intervención General del Estado.

Los servicios territoriales de la Administración General del Estado integrados en las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno.

Las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, en el ámbito territorial respectivo.

Los servicios territoriales de la Abogacía del Estado.

Señale la afirmación correcta respecto de la organización administrativa de la Administración General del Estado de conformidad con lo que establece la Ley 40/2015:

La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.

Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y una Secretaría General Técnica que, sin depender de aquélla, realizará la gestión de los servicios comunes previstos en el Título I de esta ley.

La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.

La organización en Departamentos ministeriales no es compatible con la existencia de órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro.

¿Qué es un consorcio conforme a la Ley 40/2015?

Son entidades de derecho privado, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.

Son entidades de derecho público, sin personalidad jurídica propia, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.

Son entidades de derecho privado, sin personalidad jurídica propia, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.

Son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.

Desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015, deben inscribirse en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local:

Los organismos y entidades dependientes del Estado obligatoriamente, y los dependientes de otras Administraciones facultativamente.

No hace falta que se inscriban si ya lo estuvieran en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.

Los organismos y entidades del sector público institucional que se creen a partir de la entrada en vigor de la Ley.

Los organismos y entidades del sector público institucional que ya existieran antes de la Ley o que se creen posteriormente.

La creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada:

Por el Ministro competente en la materia.

Por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

Señale la afirmación correcta de conformidad con la Ley 40/2015 respecto de las transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal:

La transformación se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación.

La ejecución de las medidas de transformación podrá dar lugar a un incremento de la masa salarial preexistente en la entidad transformada.

Cualquier organismo autónomo, consorcio, entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades citadas.

La transformación podrá alterar las condiciones financieras de las obligaciones asumidas, las cuales se darán en este caso por resueltas, sin perjuicio de su liquidación.

La sede electrónica, según la Ley 40/2015, es:

Es el medio o soporte en el que se almacenan los documentos utilizados en actuaciones administrativas.

Es un sistema de firma electrónica.

El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de Internet a la información publicada.

Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.

Conforme a la Ley 40/2015, indique cuál de los siguientes constituye uno de los requisitos imprescindibles para que proceda la Indemnización a un particular por aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea:

Que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares.

Que la valoración del daño ocasionado supere las cuantías fijadas anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Que el particular no hubiera llegado a recurrir judicialmente contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.

Que el particular no haya sido condenado, por sentencia firme, por alguno de los delitos contra la Hacienda Pública contemplados en el Título XIV del Código Penal

Según el artículo 36 de la Ley 40/2015, para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por los daños causados por las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, los particulares exigirán la correspondiente indemnización:

Directamente al empleado o autoridad que llevó a cabo del nombramiento del personal o autoridad causante del daño.

Directamente al personal o a la autoridad que provocó el daño.

Directamente a la Administración Pública de la que dependan las referidas autoridades y personal.

Directamente a la Administración Pública de la que dependan las referidas autoridades y personal, si el valor estimado del daño supera las cuantías previstas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, o directamente al personal o a la autoridad que provocó el daño si su valor estimado es inferior.

Conforme a la Ley 40/2015, contra las resoluciones que se adopten en materia de recusación:

Cabe interponer recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del recusado.

Cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicte el acto en el que intervenga el recusado.

Cabe interponer recurso contencioso-administrativo.

No cabe recurso alguno, sin perjuicio de poder alegar la recusación al interponer el recurso contra el acto que ponga fin al procedimiento.

Según la Ley 40/2015, ¿a qué órgano directivo corresponde desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento?

A los Secretarios Generales.

A los Directores Generales.

A los Subsecretarios.

A los Ministros.

Según la Ley 40/2015, los Secretarios Generales con rango de Subsecretario son:

Órganos directivos de existencia excepcional en la Administración General del Estado.

Órganos superiores de existencia excepcional en la Administración General del Estado.

Órganos superiores de existencia ordinaria de la Administración General del Estado.

Órganos directivos de existencia ordinaria en la Administración General del Estado.

Señale la respuesta correcta en relación con la regulación de los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que realiza la Ley 40/2015:

Las Subdirecciones Generales están necesariamente adscritas a una Dirección General.

La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia de las Secretarías de Estado se establece mediante Real Decreto de Consejo de Ministros.

Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Las Secretarías Generales con rango de Subsecretaría se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Presidente del Gobierno.

Señale la respuesta correcta en relación con la regulación que realiza la Ley 40/2015 de los Directores Insulares:

Los Directores Insulares serán nombrados por los Subdelegados del Gobierno por el procedimiento de libre designación entre los funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, o el título de Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado Universitario o equivalente.

El nombramiento de los Directores Insulares se realizará por Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Delegado del Gobierno.

Se determinará reglametariamente en qué islas existirá un Director Insular de la Administración General del Estado.

En cada isla existirá un Director Insular de la Administración General del Estado.

Según la Ley 40/2015, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas:

Son órganos de la Administración periférica de existencia excepcional.

No existen en las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.

Representan al Gobierno en el territorio de la Provincia.

El artículo 75 de la Ley 40/2015 establece que a los Subdelegados del Gobierno les corresponde:

Elevar, con carácter anual, un informe al Gobierno, a través del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales y su evaluación global.

Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el artículo 111.2 de la Ley 30/1992, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno.

Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal.

Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de sus Organismos públicos, e informar, regular y periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.

Según la Ley 40/2015, los estatutos de los Organismos Públicos se aprueban:

Por Orden Ministerial del Ministro de adscripción.

De forma conjunta con la norma de creación del propio organismo.

Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de adscripción.

Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente.

Según el artículo 39 de la Ley 40/2015, se entiende por Portal de internet:

Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.

Ninguna de las respuestas es correcta.

El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.

aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.

Un Organismo público estatal que ha cumplido totalmente sus fines y, por ello, ya no se justifica su pervivencia, se extingue mediante:

Orden del Departamento ministerial del que dependa el Organismo, que aprueba la extinción.

Real Decreto que aprueba la extinción.

Ley que aprueba la extinción.

Acuerdo de su máximo órgano de dirección.

La creación de los Organismos Autónomos se efectuará por:

Real Decreto del Consejo de Ministros.

Orden Ministerial.

Real Decreto del Presidente del Gobierno.

Ley.

En virtud del artículo 8 de la Ley 40/2015, los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autónomas requieren:

Su comunicación al Tribunal de Cuentas.

Su comunicación al Tribunal Constitucional.

Su comunicación al Congreso de los Diputados.

Su comunicación al Senado.

Conforme con el artículo 35 de la Ley 40/2015, cuando las Administraciones Públicas actúen en relaciones de Derecho privado responderán:

Subsidiariamente, de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, sin que quepa considerar la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre.

Directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre.

Directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, sin que quepa considerar la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre.

Subsidiariamente, de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre.

Señale la afirmación que se corresponde con la figura de la avocación recogida en el artículo 10 de la Ley 40/2015:

Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

En ningún caso podrán ser objeto de avocación las competencias relativas a la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

El instrumento de formalización de la avocación y su resolución deberá ser publicado para su eficacia en el Diario Oficial correspondiente.

La avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con posterioridad a la resolución final que se dicte.

En relación a las las encomiendas de gestión recogidas en el artículo 11 de la Ley 40/2015:

No supone cesión de la titularidad de la competencia pero sí de los elementos sustantivos de su ejercicio.

Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.

Supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.

Los Subdelegados del Gobierno en cada provincia son nombrados por:

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Ministro de la Presidencia.

El Delegado del Gobierno de su respectiva Comunidad Autónoma.

El Consejo de Ministros.