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L.40. P.I. A1

Según la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Secretarios de Estado son:

Órganos superiores de la Administración General del Estado.

Órganos directivos de la Administración General del Estado.

Órganos unipersonales de la Administración General del Estado.

Las actividades que pueden ser objeto de la encomienda de gestión contemplada en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre:

Puede recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado, pero su régimen jurídico se ajustará a las normas de derecho privado.

Puede recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado pero su régimen jurídico se ajustará a la legislación correspondiente de los contratos del Estado.

Nunca puede recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado.

La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas:

Suspenderá, en todos los casos, los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.

No suspenderá, en ningún caso, los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial.

No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

Cuál de las siguientes competencias podrá ser objeto de delegación:

Adopción de disposiciones de carácter general.

Resolución de recursos en los órganos administrativos que no hayan dictado los actos objeto de recurso.

Resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

De acuerdo con el artículo 147 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se denominan Conferencias Sectoriales:

Los órganos de coordinación entre representantes de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Administración Local sobre una materia.

Los órganos de cooperación de composición multilateral y de ámbito sectorial entre miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado y miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

Foros de discusión de política general entre el Presidente del Gobierno y los Presidentes de las CCAA.

¿En qué instrumento debe formalizarse una encomienda de gestión entre órganos y Entidades de distintas Administraciones Públicas?

Mediante escritura pública, en todo caso.

Mediante firma del correspondiente convenio.

Mediante el correspondiente documento denominado “Protocolo bilateral de gestión”.

¿Desde cuándo obligarán los Convenios de Colaboración?

Desde que se publique en el BOE y en los Boletines Oficiales de las CCAA respectivas.

Desde el momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa.

Desde que se aporten los medios de financiación del mismo.

Cuál de estas funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no corresponde al Secretario de los órganos colegiados:

Preparar el despacho de asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.

Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.

Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

De entre las siguientes, señale cuál es la afirmación correcta:

La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.

La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.

La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.

El acuerdo de avocación:

Requiere motivación y notificación a los interesados en el procedimiento.

No requiere motivación.

No requiere motivación y no es susceptible de recurso.

Es competencia de la persona titular de la Secretaría de un órgano colegiado:

Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden de la persona titular de la Presidencia del órgano.

Asegurar el cumplimiento de las leyes.

Según lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención:

El parentesco no es motivo de abstención si no va acompañado de interés directo en el asunto.

Tener parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados en el procedimiento de que se trate.

Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados en el procedimiento de que se trate.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de firma y la suplencia:

No suponen alteración de la titularidad de la competencia.

Dependiendo del caso, pueden suponer alteración de la titularidad de la competencia.

Suponen alteración de la titularidad de la competencia.

Cuando de la gestión dimanante de fórmulas colegiadas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad, ésta tendrá el carácter de:

Responsabilidad individual.

Responsabilidad mancomunada.

Responsabilidad solidaria.

Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate:

Sólo es causa de recusación.

Es causa de abstención y de recusación.

Es causa de abstención, pero no de recusación.

Según dispone el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, NO es un motivo de abstención:

Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

Tener parentesco de afinidad dentro del cuarto grado, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento.

Tener parentesco de afinidad dentro del segundo grado, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento.

De conformidad con lo previsto en el Capítulo III, del Título Preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, entre otros, son principios de la potestad sancionadora:

Principio de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y presunción de inocencia.

Principio de legalidad, irretroactividad, tipicidad y presunción de inocencia.

Principio de legalidad, tipicidad y proporcionalidad.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dispone, en su artículo 46, que todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas:

Se almacenarán tanto por medios electrónicos como en papel.

Se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.

En todo caso se almacenarán por medios electrónicos.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la sede electrónica es:

Un documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web (WWW) y que puede ser accedida mediante un navegador.

Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.

El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada.

Entre los principios de la potestad sancionadora establecidos en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el artículo 27 regula el principio de tipicidad, según el cual:

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.

Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.

Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley.