Página 1 de 1

L.40. P.I. A2

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse:

Desde el día siguiente a aquel en que se paralice el procedimiento durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

Desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

Desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria el Gobierno tiene potestad para:

Suprimir sanciones administrativas.

Determinar el procedimiento sancionador.

Establecer y tipificar infracciones administrativas.

La resolución administrativa mediante la que se declare la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas:

Pondrá fin a la vía administrativa.

Puede ser impugnada mediante reclamación previa a la vía judicial.

Puede ser impugnada mediante un recurso de apelación.

Promovida la recusación por los interesados en el procedimiento, el recusado deberá manifestar a su inmediato superior si se da, o no en él la causa alegada en el plazo de:

Tres días.

En el día siguiente.

Dos días.

Los órganos de cooperación de composición multilateral y de ámbito sectorial que reúnan a miembros del Gobierno y del Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas se denominan:

Comisiones sectoriales.

Conferencias sectoriales.

Consejos sectoriales.

Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de las administraciones públicas, tendrán asimismo la consideración de Administración Pública:

Cuando ejerzan potestades administrativas.

En todo caso.

No, nunca.

No podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación:

Sí, si lo autoriza el órgano delegante.

En ningún caso.

Salvo autorización expresa de una ley.

Las normas definidoras de infracciones y sanciones:

No serán susceptible de aplicación analógica salvo que una ley lo prevea.

No serán susceptible de aplicación analógica.

Serán susceptible de aplicación analógica.

La anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de los actos o disposiciones:

Supone el derecho a la indemnización.

Presupone el derecho a la indemnización si se anuló por la jurisdicción contencioso-administrativa.

No presupone el derecho a la indemnización.

Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades de distintas Administraciones Públicas:

Se formalizará mediante la firma del correspondiente convenio entre ellos, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales, que se regirá por la legislación de Régimen Local.

Se formalizará mediante acuerdo expreso de los órganos o entidades intervinientes.

Se formalizará en los términos que establezca su normativa propia.

La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por:

El Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

La Ley Orgánica del Poder Judicial.

La cuantía de la indemnización en los casos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se calculará:

Con referencia al día en que presente la reclamación el interesado.

Con referencia al día que se dicte resolución.

Con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo.

Según lo establecido en el punto 2 del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre:

La encomienda de gestión supone cesión de titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio.

La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia pero si de los elementos sustantivos de su ejercicio.

La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

El artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece que:

Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes o reglamentos que las establezcan.

Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres anos, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

En relación con la delegación de competencias:

Podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.

La delegación no será revocable por el órgano que la haya conferido.

Las causas de recusación de autoridades y del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía:

Se plantearán por escrito con expresión de la causa o causas en que se fundan dentro de los diez días siguientes al inicio del procedimiento.

Si el recusado niega su existencia, el procedimiento continuará en todo caso, pudiendo recurrirse en alzada ante el superior jerárquico del órgano competente para resolver el citado procedimiento.

Podrán invocarse por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

Las disposiciones sancionadoras:

No son retroactivas en ningún caso.

Son retroactivas siempre.

Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.

De acuerdo con el principio de tipicidad, son infracciones administrativas:

Las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Las que así sean determinadas por disposiciones de carácter general de cualquier rango.

Las vulneraciones graves del ordenamiento jurídico penal.

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualesquiera de sus bienes y derechos:

Salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión o el daño no sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Salvo en determinados supuestos tasados, siempre que la lesión no sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

El acuerdo de avocación:

Requiere motivación y notificación a los interesados en el procedimiento.

No requiere motivación y contra el mismo no cabe recurso alguno.

No requiere motivación y no es susceptible de recurso.

Es competencia del Secretario de un órgano colegiado:

Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano.

Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

Acordar la convocatoria de las sesiones y determinar el orden del día.

Es motivo de abstención:

Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados en el procedimiento de que se trate.

El parentesco no es motivo de abstención si no va acompañado de interés directo en el asunto.

Tener parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados en el procedimiento de que se trate.

Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado, la responsabilidad por los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio:

Podrá exigirse la Administración Pública, por el mismo procedimiento administrativo previsto para el supuesto de daños que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Deberá exigirse necesariamente a la persona causante del daño, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1902 del Código Civil.

Podrá exigirse a la Administración Pública, mediante demanda ante la jurisdicción civil.

Es motivo de abstención:

Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del tercero, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas o con sus asesores o representantes legales.

Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

Haber prestado servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar en los últimos años a persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto.

La recusación la promueve:

El superior jerárquico de la autoridad o funcionario.

La autoridad o funcionario.

El interesado.

Con arreglo al artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la determinación de la responsabilidad de la Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, seguirá el procedimiento establecido en:

La Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Ley de Contratos del Sector Público.

La propia Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

La indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública se calculará con arreglo a:

La legislación en materia de contratos del sector público.

La normativa en materia de responsabilidad civil y extracontractual.

La legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables.