Página 1 de 1

L.9/2017, CONTRATOS (1º). P.I. C1

Las certificaciones de obras que mensualmente expide la Administración:

Comprenden la obra ejecutada durante ese periodo y sirven de recepción de la misma.

Tienen el concepto de pagos a cuenta que aprueban las obras ejecutadas hasta ese momento.

No suponen en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden.

Los contratos celebrados por la Administración que tengan por objeto la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos:

Pueden ser privados o públicos dependiendo de la cuantía y de su plazo de ejecución.

Son contratos administrativos.

Son contratos privados de la Administración.

Los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público:

Reducirán todos sus plazos a la mitad.

Podrán tramitarse por el procedimiento de emergencia.

Podrán ser objeto de tramitación urgente.

En cuanto a su régimen de contratación, una sociedad mercantil en cuyo capital social participe, en más de un 50 por ciento, la Administración de la Comunidad Autónoma:

No forma parte del sector público pero se le aplica, supletoriamente, el régimen de los contratos del sector público.

Se rige por lo dispuesto en su norma de creación y, supletoriamente, por el derecho privado.

Se considera que forma parte del sector público a los efectos de la Ley de contratos del sector público.

Los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la ejecución de un contrato administrativo:

Serán en todo caso responsabilidad del contratista, que deberá indemnizarlos siempre que el daño sea cierto y cuantificable.

Se reclamarán a través del procedimiento especial regulado en la Ley de Contratos del Sector Público.

Serán responsabilidad de la Administración cuando sean consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.

El órgano de contratación:

Podrá resolver el contrato sin trámite de audiencia del contratista cuando la causa sea imputable al mismo.

Ostenta las prerrogativas de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Podrá imponer al contratista la modificación de condiciones esenciales del contrato siempre que no altere el precio total del mismo.

En la tramitación de emergencia, el órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida:

Sin obligación de tramitar expediente administrativo y sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, incluso el de la existencia de crédito suficiente.

Acompañando al expediente la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada. Estos expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación.

Acompañando al expediente la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación y la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de modificación de crédito.

A los efectos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el valor estimado de los contratos de obras, suministros y servicios, vendrá determinado por:

El importe total, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El importe total, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, debiendo tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.

Cuando la causa de resolución de un contrato sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, la Administración:

Está obligada a continuar el contrato con sus herederos o sucesores si éstos lo solicitan.

Podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores.

Pagará a los herederos o sucesores, una indemnización del 3 % del importe de la prestación dejada de realizar.

Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general:

Se rigen por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando la prestación se realice por un sujeto que forme parte del sector público.

Están incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La Administración podrá recurrir a la tramitación de emergencia:

Cuando tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.

En aquellos contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público.

Cuando tenga que actuar de manera inmediata a causa de necesidades que afecten a la defensa nacional. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.

La tramitación del expediente exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente:

En los contratos menores de obras.

En los expedientes que sean objeto de tramitación urgente.

En los contratos menores.

Según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente de contratación:

Que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.

Que se iniciará por el órgano de contratación sin necesidad de motivación del contrato.

Que se iniciará por el órgano de contratación sin necesidad de incorporar el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya.

Será competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos:

El orden jurisdiccional civil.

El orden jurisdiccional penal.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional:

No podrá bajo ningún concepto contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos.

El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida.

El órgano de contratación, está obligado a tramitar el correspondiente expediente administrativo.

¿Cómo se denomina el contrato en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio?

Contrato de suministro.

Contrato de servicios.

Contrato de concesión de servicios.

En los procedimientos con negociación:

La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos.

El órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento, que no podrá ser inferior a cinco.

Sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación.

Según el artículo 24 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos administrativos:

Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro, consultoría y servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.

Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios.

Únicamente los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro, y servicios.

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se inscribirán de oficio:

En los Registros apud acta.

En el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

En el Registro de Contratos del Sector Público.

Con carácter general, los adjudicatarios de los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público estarán obligados a constituir una garantía definitiva de:

2% del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

5% del precio final ofertado por aquellos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

5% del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En los contratos administrativos la Administración, con carácter general, estará obligada a abonar el precio:

Dentro de los veinticuatro meses siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados.

Dentro de los doce meses siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Es causa de resolución de los contratos administrativos:

El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

La falta de prestación por el contratista de las garantías provisionales.

La demora en el pago por parte de la Administración por plazo inferior a 2 meses.

Los contratos de obras tendrán la consideración de contratos menores cuando su cuantía no exceda de:

50.000 euros.

6.010,12 euros.

40.000 euros.

Están facultados para contratar con la Administración:

Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija Ley de Contratos del Sector Público, se encuentren debidamente clasificadas.

Únicamente las personas naturales españolas que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Cualquier persona que acredite su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con:

La formalización del contrato en documento público.

su formalización.

su adjudicación.

En el procedimiento de adjudicación restringido:

El contrato se adjudica al empresario justificadamente elegido por la Administración.

Podrá presentar proposición cualquier empresario interesado.

Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación.