Página 1 de 1

L.9/2017, CONTRATOS. P.I. A1

Los contratos de seguros y bancarios y de inversiones y los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, en cuanto contratos de carácter privado, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 se adjudicarán:

Conforme a las normas de la legislación patrimonial de las correspondientes Administraciones Públicas.

Conforme a sus propias normas con carácter preferente y, en su defecto, conforme a las normas contenidas en el Capítulo I del Título I, Libro II del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esto es, las aplicables a los contratos de obras.

En defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la Ley de Contratos con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. Les resultarán de aplicación, además del Libro Primero de la Ley de Contratos, el Libro Segundo de la misma.

En los expedientes de contratación de tramitación de emergencia, esto es, aquellos en que la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:

El órgano de contratación competente, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el evento producido, satisfacer la necesidad sobrevenida o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, excepto el de la existencia de crédito.

El órgano de contratación competente acordará la declaración de urgencia debidamente motivada y, tras los trámites oportunos, dispondrá el comienzo de la ejecución del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que se haya constituido la garantía definitiva correspondiente.

Según el artículo 166.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el procedimiento negociado, el contrato podrá ser adjudicado al empresario justificadamente elegido por la Administración, previa consulta y negociación de los términos del contrato con:

Uno o varios empresarios.

Tres o más empresarios.

Al menos tres empresarios.

El importe correspondiente a las revisiones de precios en los contratos de obras, se hará efectivo:

Siempre en la liquidación del contrato.

Mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales, o excepcionalmente, en la liquidación del contrato cuando no hayan podido incluirse en dichas certificaciones o pagos parciales.

Mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales, sin que en ningún caso pueda incluirse en la liquidación del contrato.

Las modificaciones del contrato de obras que produzcan un aumento, reducción o supresión de unidades de obra, o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en el contrato:

No son obligatorias para el contratista, salvo que la modificación implique una minoración que resulte inferior al 20% del importe del contrato.

Son obligatorias para el contratista.

Son obligatorias para el contratista, si bien en caso de supresión o reducción de obras, el contratista tendrá derecho a reclamar la indemnización correspondiente.

En los contratos de elaboración de proyectos celebrados por la Administración, el contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por defecto o insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que haya incurrido e imputables a aquel, y esta responsabilidad será exigible:

Dentro del término de 15 años desde la recepción del proyecto por la Administración.

Dentro del término de 20 años desde la recepción del proyecto por la Administración.

Dentro del término de 10 años desde la recepción del proyecto por la Administración.

De conformidad con la normativa vigente en materia de contratos de las Administraciones Públicas, se consideran contratos administrativos:

Los contratos de obra, concesión de obra pública, concesión de servicios públicos, suministro y servicios.

Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro.

Los contratos de servicios comprendidos en la categoría 6 del Anexo II y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo.

¿Cuál de las siguientes modalidades de contratación no es de suministros recogida en el artículo 16 de la Ley de Contratos del Sector Público?

Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición.

La adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas para el tratamiento de la información.

Los que tengan por objeto la adquisición de energía secundaria o energía reciclable.

Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tienen la consideración de contratos de obras:

La adquisición de programas de ordenador a medida.

La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I.

La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo II.

Cuál de las siguientes entidades tiene personalidad jurídica pública y consideración de Administración institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía:

Agencias de régimen especial.

Fundaciones del sector público andaluz.

Sociedades mercantiles del sector público andaluz.

La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos y con las salvedades establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, hasta un máximo:

del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad.

del treinta por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad.

del veinte por ciento del precio inicial.

¿Cómo se definen los contratos de servicios en la Ley de Contratos del Sector Público?:

Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro.

Aquellos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado por un período determinado en función de la duración de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global de interés general.

Aquellos en los que la realización de su objeto sea de carácter técnico, económico, industrial, comercial o cualquier otro de naturaleza análoga, siempre que no se encuentren comprendidos en los contratos de obras o suministros.

¿Qué previsión contiene la Ley de Contratos del Sector Público respecto a la exigencia de clasificación para las Universidades Públicas?

No será exigible la clasificación a las Universidades Públicas para ser adjudicatarias de contratos que tengan por objeto la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.

Las Universidades Públicas están sometidas al mismo régimen de exigencia de clasificación que las empresas.

Las Universidades Públicas están exentas de acreditar su clasificación y no tienen que exigir clasificación en los contratos que adjudiquen.

Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos de arrendamiento con opción de compra de bienes muebles que celebran las Administraciones Públicas, son:

Contratos mixtos.

Contratos privados.

Contratos de suministro.

La renuncia por la Administración a la celebración de un contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria está prevista en la Ley de Contratos del Sector Público:

Cuando ninguna ofertase haya presentado a la licitación.

Cuando esté fundada en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

Cuando concurran razones de interés público debidamente justificadas en el expediente.

A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las Fundaciones del sector público:

Tienen la consideración de Administración Pública y poder adjudicador.

No tienen la consideración de Administración Pública, pero sí de poder adjudicador.

Están excluidas de su ámbito de aplicación.

Son contratos privados celebrados por la Administración:

La suscripción de revistas publicaciones periódicas y bases de datos.

Todos son contratos privados.

La creación e interpretación artística y literaria.

De conformidad con lo previsto en la Sección 2ª del Capítulo II, del Título Preliminar del Texto Refundido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se considerarán contratos sujetos a regulación armonizada:

Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.

Los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 750.000 euros que tengan por objeto lo servicios sociales enumerados en el anexo IV.

Los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 144.000 euros que hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Según dispone el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, NO podrán ser objeto del recurso especial en materia de contratación:

Los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.

Los anuncios de licitación.

Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.

Según se prevé en el artículo 107.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el contrato de concesión de obras públicas, el importe de la garantía definitiva se calculará aplicando el:

3 por cien sobre el valor estimado del contrato.

5 por 100 sobre el importe de adjudicación.

Se fijará en cada caso por el órgano de contratación en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en función de la naturaleza, importancia y duración de la concesión de que se trate.