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L.9/2017, CONTRATOS. T.L. A1

¿Cuál de los siguientes requisitos deberá cumplir el adjudicatario de un contrato con una Administración Pública para ceder sus derechos y obligaciones a terceros, según el artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

Las prestaciones parciales que el adjudicatario ceda no superarán el porcentaje que, superior al 50 por 100 del importe de adjudicación, se fije en el pliego de cláusulas administrativas.

Formalizar la cesión, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

Dar conocimiento por escrito a la Administración de la cesión a celebrar, con indicación de las partes del contrato a realizar por el cesionario.

El cedente ha de tener ejecutado al menos un 15 por 100 del importe del contrato.

El artículo 234 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que, la contratación conjunta de la elaboración de proyecto y la ejecución de las obras correspondientes tendrá carácter excepcional y sólo podrá efectuarse en los siguientes supuestos:

Cuando se trate de la elaboración de un proyecto de obras singulares de transporte.

Todas las respuestas son correctas.

Cuando se trate de la elaboración de un proyecto de obras singulares de infraestructuras hidráulicas.

Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares, requieran soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de las empresas.

El artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al regular la cesión de contratos dispone que:

El órgano de contratación puede autorizar expresa o tácitamente la cesión.

El cedente ha de tener ejecutado el contrato en al menos un 30 por ciento.

La cesión deberá formalizarse en escritura pública entre órgano de contratación y cesionario.

La autorización ha de ser previa y expresa.

Según el artículo 19 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos sujetos a regulación armonizada:

Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica, o los relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de programas que sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica.

Los declarados secretos o reservados.

Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa.

Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.350.000 euros.

¿En qué supuesto se produce la suspensión automática del acto recurrido?

Cuando el recurso se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo.

En las reclamaciones económico-administrativas.

En el recurso especial en materia de contratación interpuesto contra la adjudicación.

Cuando se preste garantía o caución suficiente para responder de los perjuicios.

La revisión de precios en los contratos regulados en la ley tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado:

Ninguna de las respuestas es correcta.

En el 5% y haya transcurrido un año desde su adjudicación.

En el 20% y haya transcurrido dos años desde su adjudicación.

En el 10% y haya transcurrido un año desde su adjudicación.

No podrán contratar con la Administración las personas en quienes concurran alguna de las siguientes circunstancias:

Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia de obras públicas y transportes.

Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia urbanística.

Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de transportes.

Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional.

El artículo 82 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señala entre otros aspectos, que para la conservación de la clasificación:

Cada tres años deberá justificarse la solvencia técnica y profesional.

Ésta será revisable cada tres años.

Deberá justificarse cada tres años la solvencia económica y financiera que sirvieron de base para la concesión de la clasificación.

Tendrá vigencia indefinida en cualquier caso.

El artículo 234 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras, disponiendo que:

No requerirá la redacción previa por la Administración o entidad contratante del correspondiente anteproyecto o documento similar, debiendo limitarse a redactar las bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse.

Requerirá informe preceptivo y no vinculante de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

Deberá licitarse por el procedimiento abierto.

Requerirá la redacción previa por la Administración o entidad contratante del correspondiente anteproyecto o documento similar, y sólo cuando por causas justificadas fuera conveniente al interés público, podrá limitarse a redactar las bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse.

El artículo 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto o restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité de expertos. De dicho comité se indica que:

Sus miembros, que no podrán superar el número de tres, han de estar integrados en el órgano proponente del contrato.

Sus miembros, con un mínimo de tres, que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato.

Estará formado por, al menos, tres miembros integrados en el órgano proponente del contrato, siendo potestativa la incorporación de personal técnico adscrito a organismos especializados.

Sus miembros, con un mínimo de tres, no han de estar integrados en el órgano proponente del contrato.

El artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula la garantía provisional, cuyo importe ha de determinarse en los pliegos de cláusulas administrativas y su cuantía:

No podrá ser superior al 4% del importe de adjudicación.

No podrá ser superior al 3% del presupuesto del contrato.

No podrá ser superior al 5% del presupuesto del contrato.

No podrá ser superior al 5% del importe de adjudicación.

El artículo 270 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, trata del mantenimiento del equilibrio económico del contrato, disponiendo a tal efecto que:

Implicará la reversión del servicio a la Administración.

La Administración podrá restablecerlo si concurren determinadas circunstancias.

La Administración deberá restablecerlo cuando realice una modificación de las señaladas en el artículo 262.

El restablecimiento se realizará, en todo caso, prorrogando el plazo del contrato.

Respecto de las cuestiones litigiosas relativas a contratos privados de las Administraciones Públicas:

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación y adjudicación; y el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para las relativas a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación y adjudicación; y el orden jurisdiccional civil para las relativas a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.

NO se encuentran sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público:

Los contratos subvencionados por los entes, organismos y entidades del sector público que celebren otras personas físicas o jurídicas, siempre que estén sujetos a una regulación armonizada.

Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades que la LCSP considera sector público a los efectos de contratación de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y privado.

Los contratos de obras que celebren los concesionarios de obras públicas cuando la adjudicación se realice por el propio concesionario y tenga el carácter de poder adjudicador.

Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles.

Según la Ley de Contratos del Sector Público, la mesa especial del dialogo competitivo:

Es poder adjudicador.

Es un órgano de arbitraje.

Es un órgano consultivo.

Es un órgano de asistencia.

Según el artículo 135.3 de la Ley de Contratos del Sector Público:

El envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» deberá preceder a cualquier otra publicidad.

La publicidad efectuada en los diarios oficiales autonómicos o provinciales puede sustituir a la que debe hacerse en el «Boletín Oficial del Estado» cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada.

La licitación deberá publicarse únicamente en el «Diario Oficial de la Unión Europea» cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada.

Los procedimientos para la adjudicación de contratos de obras, suministros o servicios no sujetos a regulación armonizada deberán ser anunciados en todo caso, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

Según el artículo 190 de la Ley de Contratos del Sector Público, las prerrogativas de la Administración en materia de contratos son:

Interpretar los contratos administrativos, modificarlos por razones de interés público, ejecutarlos y acordar su resolución.

Resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, ejecutarlos y acordar su resolución.

Interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, ejecutarlos y acordar su resolución.

Los contratos públicos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan:

Con su formalización.

Con la propuesta de adjudicación.

Con su adjudicación provisional.

Con su adjudicación definitiva.