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LO. 2/2012, 27 ABRIL, ESTAB. PRESUP. Y SOST. FINANC. T.L. A2. GESTIÓN CIVIL AE

De acuerdo con la instrumentación que del principio de estabilidad presupuestaria establece el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, pueden incurrir en déficit estructural:

Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural.

Excepcionalmente el Estado y las Comunidades Autónomas, en los supuestos tasados en la citada Ley.

Sólo el Estado, en los supuestos tasados en la citada Ley.

Excepcionalmente el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en los supuestos tasados en la citada Ley.

Según el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas (60% PIB nacional), se distribuirá entre las mismas, de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos nominales del PIB nacional:

44% para la Administración central, 13% para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3% para el conjunto de Corporaciones Locales.

40% para la Administración central, 17% para el conjunto de Comunidades Autónomas de Corporaciones Locales.

44% para la Administración central, 14% para el conjunto de Comunidades Autónomas. y 2% para el conjunto de Corporaciones Locales.

43% para la Administración central, 14% para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3% para el conjunto de Corporaciones Locales.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LO 2/2012) define el principio de sostenibilidad financiera como:

La situación de superávit estructural.

La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.

La situación de equilibrio estructural.

La situación de equilibrio o superávit estructural.

La regla del gasto, consagrada en el artículo 12 de la LO 2/2012, implica que:

La variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento de la productividad de medio plazo de la economía española.

La variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

La variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento de la inflación a medio plazo de la economía española.

La variación del gasto computable del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento de sus ingresos a medio plazo.

Según la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural:

Del 0,2 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior.

Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural.

Del 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior.

Del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior.

¿Quién tiene por objetivo garantizar el cumplimento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la CE, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones económicas?

La Intervención General de la Administración del Estado.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

El Banco de España.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública.