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LPAC-2

El artículo 1 de la LPAC, relativo al objeto de la Ley, recoge la posibilidad de incluir trámites adicionales o distintos de los contemplados en la misma, pudiéndose establecer:

La LPAC dispone expresamente que "Ninguna norma puede incluir trámites adicionales distintos a los contemplados en esta Ley".

Mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada.

Mediante reglamento, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada.

Mediante ley o reglamento, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, tiene por objeto regular:

Los principios de la potestad sancionadora.

La potestad reglamentaria y el procedimiento legislativo.

Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.

El régimen jurídico del sector público.

En materia de procedimiento administrativo, a las Universidades públicas se aplica:

Su normativa específica y, supletoriamente, las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Su normativa específica exclusivamente.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, supletoriamente, su normativa específica.

Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por:

Por lo especificado en su ley de creación.

Su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública y, supletoriamente, por la LPAC.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, supletoriamente, por su normativa específica.

Por sus propios estatutos de creación.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común, tienen la consideración de Administraciones Públicas:

La Administración del Estado, de las CC.AA., de las Entidades Locales y las Universidades públicas.

La Administración del Estado, de las CC.AA., de las Entidades Locales y el sector público institucional.

La Administración del Estado, de las CC.AA., de las Entidades Locales, y cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las AA.PP.

La Administración del Estado, de las CC.AA. y de las Entidades Locales.

Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

Los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses.

Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos que se determinen reglamentariamente.

Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Tienen las personas jurídicas capacidad de obrar ante las AA.PP?

No, las personas jurídicas no pueden actuar ante las AA.PP., sólo las personas físicas.

Sí, si así lo dispone su norma de creación.

No. Tienen personalidad jurídica pero no capacidad de obrar, pues tienen que actuar siempre a través de representante persona física.

Sí, de acuerdo con las normas civiles.

Se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 39/2015, los siguientes procedimientos y actuaciones:

En materia tributaria y aduanera.

En materia de Seguridad Social y desempleo, así como en materia de extranjería y asilo.

Todas las respuestas son correctas.

Los procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería.

Los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

a) y c) son correctas.

Su archivo se regirá por lo dispuesto en la normativa anterior.

Se archivarán aplicando las normas contenidas en la vigente LPAC.

Deberán digitalizarse, siempre que sea posible, y de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

Se aplicará el régimen de recursos establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

a) y b) son correctas.

A partir del 2 de octubre de 2016.

A los procedimientos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, en todo caso.

A los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, si la resolución recurrida es dictada con posterioridad a dicha entrada en vigor.