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T 46 CE 02

La iniciativa legislativa corresponde, según el art. 87 CE, corresponde:

Al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y con las leyes.

Al Gobierno, al Congreso y al Senado de acuerdo con la Constitución y con las leyes.

Al Gobierno, de acuerdo con la Constitución y con las leyes.

Nada de lo anterior es correcto.

La aprobación de los proyectos de ley corresponde.

Al Consejo de Ministros.

A las Cortes Generales.

Al Congreso de los Diputados.

Al Presidente del Gobierno.

Según el art. 87.2 CE:

Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar de las Cortes Generales la aprobación de un proyecto de ley, delegando ante dicha Cámara a un miembro de la Asamblea encargado de su defensa.

Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar de las Cortes Generales la aprobación de un proyecto de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de cinco miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

Nada de lo anterior es correcto.

Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar de las Cortes Generales la aprobación de un proyecto de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

No procederá la iniciativa legislativa popular:

En el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas.

En materia tributaria.

En lo relativo al régimen electoral general.

Todo lo anterior es correcto.

Las proposiciones de ley que tome en consideración el Senado:

Se remitirán al Gobierno para su tramitación como proyecto de ley.

Se remitirán al Congreso para su tramitación como proposiciones de ley.

Se tramitarán en el Senado como proposiciones de ley y después se remitirán al Congreso para su aprobación definitiva.

Se remitirán al Congreso para su tramitación como proyectos ley.

Aprobado un proyecto de ley orgánica por el Congreso de los Diputados:

El Presidente del Congreso dará cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.90.1

La Mesa del Congreso dará cuenta del mismo a la Mesa del Senado, la cual lo someterá a la deliberación de éste.

El Presidente del Congreso lo presentará al Rey para su sanción y promulgación.

El Presidente del Gobierno lo presentará al Rey para su sanción y promulgación.

Recibido un proyecto de ley ordinaria, el Senado podrá oponer su veto o introducir enmiendas al mismo:

En el plazo de tres meses a partir de la aprobación por el Congreso, mediante mensaje motivado.

En el plazo de dos meses a partir del día de la recepción del texto, mediante mensaje motivado.

En el plazo de dos meses a partir de la aprobación por el Congreso, mediante mensaje motivado.

En el plazo de tres meses a partir del día de la recepción texto, mediante mensaje motivado.

Si el Senado opone su veto a un proyecto de ley ordinaria remitido por el Congreso, dicho veto deberá ser aprobado:

Por mayoría absoluta.

Nada de lo anterior es correcto.

Por mayoría simple.

Por mayoría de 2/3.

Si el Senado opone su veto a un proyecto de ley ordinaria remitido por el Congreso:

Para que el proyecto sea sometido a la sanción real deberá ser ratificado por el Congreso por mayoría simple.

Para que el proyecto sea sometido a la sanción real deberá ser ratificado por el Congreso por mayoría absoluta.

El procedimiento legislativo se entiende concluido, siendo necesaria, si se estima oportuno, la presentación de un nuevo proyecto de ley por el Gobierno.

El procedimiento legislativo se entiende concluido, siendo necesaria, si se estima oportuno, la presentación de una proposición de ley por el Congreso.

Según el art. 91 CE:

El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y ordenará su promulgación así como su inmediata publicación.

Nada de lo anterior es correcto.

El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulgará y ordenará su inmediata publicación, que tendrá lugar en el referido plazo.

El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Según el art. 92 CE:

Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a referéndum.

Las decisiones políticas, sociales y económicas de especial trascendencia deberán ser sometidas a referéndum.

Las decisiones políticas, sociales y económicas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum.

Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum.

El referéndum:

Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Congreso, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

Será convocado por el Gobierno, mediante propuesta de su Presidente, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por las Cortes Generales.

Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

Las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, se regularán, según el art. 92.3 CE:

Por ley ordinaria.

Por ley orgánica.

Por ley ordinaria, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales ratificados por España.

Por ley orgánica, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales ratificados por el España.

Cuando se celebren Tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, la garantía del cumplimiento de los mismos y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión corresponde:

Al Gobierno.

Al Gobierno y a las Cortes Generales.

A las Cortes Generales.

Al Gobierno o a las Cortes Generales.

Cuando se pretenda la celebración de un Tratado que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución, de acuerdo con el art. 95 CE:

Su celebración exigirá la previa revisión del Tratado.

Su celebración exigirá la previa revisión constitucional.

Se prohibe expresamente la celebración de dichos Tratados.

Nada de lo anterior es correcto.

Las disposiciones de un Tratado Internacional que forme parte del ordenamiento interno:

Sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista para las leyes españolas.

Sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.

Sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista para las leyes orgánicas.

No podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas.

Los Tratados internacionales válidamente celebrados formarán parte del ordenamiento interno:

A los tres meses contados desde su celebración.

Una vez publicados oficialmente en España.

Desde su celebración.

A los veinte días contados desde su publicación oficial en España.