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T 47 L39 01

El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución:

Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley.

Mediante la remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.

Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.

Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales, así como mediante la presentación de proposiciones de Ley en los términos fijados en los reglamentos de las Cámaras.

Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará:

En el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.

Todo lo anterior es correcto.

En el diario oficial correspondiente.

En el portal web de la Administración Pública correspondiente.

Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general:

A otros órganos dependientes o subordinados de ellos.

Al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo.

A los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno.

a y b son correctas.

Quedará suficiente justificada la adecuación de los proyectos de reglamento a los principios de buena regulación establecidos en la Ley 39/2015:

En la exposición de motivos.

En el preámbulo.

En la introducción.

Todo lo anterior es correcto.

En el ejercicio de la iniciativa legislativa (y la potestad reglamentaria), las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de buena regulación siguientes:

Necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Competencia, necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

La Ley 39/2015 atribuye la potestad reglamentaria:

A las Administraciones Públicas institucionales.

A las Administraciones Públicas.

A los órganos de gobierno locales.

Nada de lo anterior es correcto.

La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, según la Ley 39/2015:

Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa respectiva.

Mediante la remisión de los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa respectiva.

En los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley.

Las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad de las disposiciones administrativas (de las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas), complementarios a la publicación en el diario oficial correspondiente:

Adicionalmente y de manera preceptiva.

Adicionalmente y de manera facultativa.

Alternativamente y de manera facultativa.

Sustitutivamente y de manera facultativa.

La iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos en virtud del principio de:

Justificación.

Racionalidad.

Eficiencia.

Proporcionalidad.

Las Administraciones Públicas definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos en virtud del principio de:

Transparencia.

Justificación.

Seguridad jurídica.

Racionalidad.

La iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas, en virtud del principio de:

Seguridad jurídica.

Eficacia.

Transparencia.

Racionalidad.

La iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución en virtud de los principios de:

Oportunidad y eficacia.

Oportunidad, claridad e instrumentalidad.

Necesidad y eficacia.

Oportunidad e interés general.

En el ejercicio de (la iniciativa legislativa y) la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de buena regulación siguientes:

Eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Jerarquía, necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Legalidad, necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán regular tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público:

Salvo en los supuestos expresamente establecidos en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

Nada de lo anterior es correcto.

Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley.

En ningún caso.

El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde, según el artículo 128 de la Ley 39/2015:

A los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y a su Presidente.

A los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas.

A los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y a cada uno de sus miembros.

A los órganos de las Administraciones Públicas territoriales.