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T 49 L39 02

En los casos de renuncia del derecho:

Persiste la obligación de resolver y notificar la resolución.

La resolución expresa es potestativa para la Administración.

No hay obligación de resolver porque no hay procedimiento.

Persiste la obligación de resolver, pero la notificación es potestativa.

El plazo máximo para notificar la resolución expresa de los procedimientos será:

En todo caso, el fijado en la norma reguladora del procedimiento.

El fijado en la norma reguladora del procedimiento, que no podrá exceder de seis meses salvo que así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

El fijado en la norma reguladora del procedimiento, que no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor.

b) y c) son correctas.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo máximo para notificar la resolución expresa se contará:

Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su resolución.

Desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento.

Son directamente responsables del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo:

El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos.

Nada de lo anterior es correcto.

Los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver.

Todo lo anterior es correcto.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados:

Para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo que una ley establezca lo contrario.

Para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo que una ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

Para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo que una norma con rango de ley establezca lo contrario.

Para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

La estimación por silencio administrativo:

Todo lo anterior es correcto.

Nada de lo anterior es correcto.

Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

En los casos de desestimación por silencio administrativo:

Persiste la obligación de notificar la resolución expresa, que sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del sentido desestimatorio del silencio.

No existe obligación de dictar resolución expresa, pues la estimación tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

No existe obligación de dictar resolución expresa, pues la desestimación permite a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

Persiste la obligación de notificar la resolución expresa, que podrá dictarse sin vinculación alguna al sentido desestimatorio del silencio.

En los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, si vence el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa:

Se producirá la caducidad del procedimiento, cuya resolución ordenará el archivo de las actuaciones.

Los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Se producirá la prescripción del procedimiento.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la paralización del procedimiento por causa imputable al interesado interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución:

En los procedimientos iniciados de oficio de los que puedan derivarse el reconocimiento de derechos.

En los procedimientos iniciados de oficio.

En los procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables.

En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados.

Serán en todo caso motivados:

Los acuerdos de ampliación de plazos.

La aplicación de la tramitación de urgencia.

Los actos que resuelvan recursos administrativos y procedimientos de arbitraje.

Todo lo anterior es correcto.

Los actos administrativos:

Se producirán por escrito, salvo requerimiento al interesado para su comparecencia ante las oficinas públicas para recibir la notificación del acto de viva voz.

Se producirán en la forma de expresión y constancia más adecuada a su naturaleza.

Nada de lo anterior es correcto.

Se producirán siempre por escrito a través de medios electrónicos.

Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria son:

Nulas.

Ineficaces.

Inválidas.

Anulables.

Son nulos de pleno derecho:

Los actos administrativos que lesionen los derechos y libertades comprendidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución.

Los actos administrativos que lesionen los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Los actos administrativos que lesionen los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución.

Los actos administrativos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Son nulos de pleno derecho:

Nada de lo anterior es correcto.

Los actos que sean constitutivos de infracción penal o administrativa o se dicten como consecuencia de ésta.

Los actos que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta.

Los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

Toda causa de nulidad deberá ser establecida:

Expresamente por una disposición legal o reglamentaria.

Expresamente por una disposición con rango de Ley.

Por una disposición legal o reglamentaria.

Por una disposición legal.

El defecto de forma, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, determinará:

La anulabilidad del acto.

La inexistencia del acto.

La existencia de una irregularidad no invalidante.

La nulidad del acto.

La regla según la cual la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero se contiene en la Ley 39/2015 bajo la expresión:

Transmisibilidad.

Conservación de actos y trámites.

Conversión de actos viciados.

Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos.

La regla según la cual la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado, se contiene en la Ley 39/2015 bajo al expresión:

Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos.

Conversión de actos viciados.

Conservación de actos y trámites.

Transmisibilidad.

La regla según la cual el órgano que declara la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción, se contiene en la Ley 39/2015 bajo la expresión:

Transmisibilidad.

Conversión de actos viciados.

Conservación de actos y trámites.

Convalidación.

Si el vicio de un acto consistiese en la falta de alguna autorización, este acto:

Podrá ser convalidado mediante subsanación de la autorización por el órgano competente para resolver.

No podrá ser convalidado.

Podrá ser convalidado mediante el otorgamiento de la autorización por el órgano competente.

Podrá ser convalidado mediante el otorgamiento de la autorización por el superior jerárquico del órgano competente.