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T 49 L39 03

En los casos de desistimiento de la solicitud:

Persiste la obligación de resolver, pero la notificación es potestativa.

Persiste la obligación de resolver y notificar la resolución.

No hay obligación de resolver porque no hay procedimiento.

La resolución expresa es potestativa para la Administración.

En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo máximo para notificar la resolución expresa se contará:

Nada de lo anterior es correcto.

Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

Desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación.

Desde la fecha del acuerdo de iniciación.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución se deberá suspender:

Nada de lo anterior es correcto.

Las dos respuestas anteriores son correctas.

Cuando deban solicitarse informes preceptivos, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe, y sin que en ningún caso la suspensión pueda exceder de tres meses.

Cuando deba requerirse al interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos.

El acuerdo de ampliación del plazo máximo para resolver y notificar la resolución:

Será notificado a los interesados y contra el mismo no cabrá recurso alguno.

Será notificado a los interesados y el interesado podrá oponerse al mismo mediante un recurso directo contra o bien en el recurso que, en su caso, interponga contra la resolución del procedimiento.

Nada de lo anterior es correcto.

Será notificado a los interesados y contra el mismo caben los recursos que procedan.

El incumplimiento de la obligación legal de dictar y notificar resolución expresa en plazo, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad a que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente, dará lugar:

A la exigencia de responsabilidad penal.

A la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

En su caso, al cese del órgano competente para resolver.

Todo lo anterior es correcto.

Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo:

En los procedimientos iniciados de oficio.

A petición expresa de los interesados.

En todo caso.

En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa:

Legitima al interesado para entender estimada la solicitud, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar de forma expresa.

Legitima al interesado para entender estimada o desestimada la solicitud por silencio administrativo, según proceda, debiendo la Administración abstenerse de dictar resolución.

Legitima al interesado para entender estimada la solicitud por silencio administrativo, debiendo la Administración abstenerse de dictar resolución expresa.

Legitima al interesado para entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar de forma expresa.

En los casos de estimación por silencio administrativo:

No existe obligación de dictar resolución expresa, pues la estimación tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

Persiste la obligación de notificar la resolución expresa, que sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del sentido estimatorio del silencio.

No existe obligación de dictar resolución expresa, pues la desestimación permite a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

Persiste la obligación de notificar la resolución expresa, que podrá dictarse sin vinculación alguna al sentido estimatorio del silencio.

Los actos administrativos producidos por silencio administrativo:

Todo lo anterior es correcto.

Producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en que debe dictarse y notificarse resolución expresa sin que la misma se haya producido.

Se podrán hacer valer ante la Administración o ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

Su existencia podrá ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio, que el órgano competente para resolver deberá emitir en el plazo máximo de quince días desde su solicitud.

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa:

Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver cuando el efecto sea la prescripción del procedimiento.

Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver cuando el efecto sea la estimación de las pretensiones de los administrados.

Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver cuando el efecto sea la caducidad del procedimiento.

No exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.

11. Cuando se regula en la Ley 39/2015 la motivación de los actos que ponen fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, expresamente se establece:

Que dicha motivación se realizará de acuerdo con las normas que regulen sus convocatorias.

Nada de lo anterior es correcto.

Que en todo caso deberán quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

Todo lo anterior es correcto.

En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto se efectuará:

En todo caso.

Cuando sea necesaria.

Cuando así lo requiera la autoridad judicial.

Cuando lo requiera el órgano superior jerárquico del que dictó el acto .

Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado:

b y c son correctas.

Cuando deban dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias.

Cuando deban dictarse un número elevado de actos administrativos que así lo aconsejen por razones de eficacia y celeridad.

En ningún caso.

Se presumirán válidos:

Nada de lo anterior es correcto.

Todo lo anterior es correcto.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho privado.

Son nulos de pleno derecho:

Los actos administrativos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

Los actos administrativos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.

Los actos administrativos dictados por órgano incompetente.

Los actos administrativos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, del territorio o de la jerarquía.

Los actos que no constituyen infracción penal pero se dictan como consecuencia de ésta son:

Anulables.

Irregularidades invalidantes.

Nulos de pleno derecho.

Irregularidades no invalidantes.

Son nulos de pleno derecho:

Nada de lo anterior es correcto.

Los actos constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de ésta.

Los actos constitutivos de falta administrativa o que se dicten como consecuencia de ésta.

Todo lo anterior es correcto.

Las disposiciones administrativasque establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales:

Serán anulables.

Serán nulas o anulables, según los casos.

Serán nulas de pleno derecho.

Se consideran inexistentes.

Los supuestos de anulabilidad de los actos administrativos se regulan en la Ley 39/2015:

En el artículo 47.

En el artículo 48.

En el artículo 46.

En el artículo 51.

La realización de actuaciones fuera del tiempo establecido para ellas:

Implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Implicará la nulidad o la anulabilidad del acto.

Implicará la anulabilidad del acto.

Implicará la nulidad o la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.