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T 50 L39 01

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no forman parte del sector público institucional:

Todo lo anterior es correcto.

Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.

La Administración General del Estado.

Las Universidades públicas.

Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por la Ley 39/2015:

Preferentemente.

En ningún caso.

Supletoriamente.

En todo caso.

Para formular solicitudes:

Los interesados deberán personarse en el registro electrónico general de apoderamientos.

Las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma.

Será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos.

Todo lo anterior es correcto, según el caso.

Las personas físicas:

Estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, salvo que acrediten que carecen de acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

Podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, sin que en ningún caso puedan estar obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

Estarán obligadas en todo caso a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

Las entidades sin personalidad jurídica:

Estarán obligadas en todo caso a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración:

Estarán obligadas en todo caso a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

De los siguientes derechos que se regulan en la Ley 39/2015, cuál de ellos se reconoce en el artículo 13 como un derecho de personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas:

El derecho a obtener resolución expresa en todo procedimiento en que tengan la condición de interesados.

El derecho a interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que procedan contra los actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses legítimos.

El derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. L39 13,e)

Todo lo anterior es correcto.

Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución:

Se podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo, y, excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de manera motivada y sólo una vez agotados todos los medios disponibles.

Podrá acordarse de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, por tiempo no superior a la mitad del mismo y, excepcionalmente, se podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

Podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de manera motivada y, excepcionalmente, se podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

Se podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo, y, excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, por tiempo no superior a la mitad del mismo, de manera motivada y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles.

En los procedimientos de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa:

Producirá la caducidad.

Producirá la prescripción.

Legitima al interesado para entender estimada su solicitud.

Los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Cuando los plazos se señalen por horas:

Se entiende que éstas son naturales.

Se entiende que éstas son hábiles, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo.

Se entiende hábiles o inhábiles según lo dispuesto en la normativa reguladora de cada procedimiento.

Se entiende que éstas son hábiles, salvo que por Ley se disponga otro cómputo.

Cuando los plazos se señalen por días:

Se entiende que éstos son hábiles, salvo que por ley o en el Derecho de la Unión Europea se expresa otra cosa.

Se entiende que son hábiles, salvo que el órgano competente para resolver exprese otra cosa.

Se entiende éstos son naturales, salvo que por ley o en el Derecho de la Unión Europea se exprese otra cosa.

Se entiende que son hábiles, salvo que por normal legal o reglamentaria se establezca otra cosa.

Si el plazo se fija en meses o años, el plazo concluirá:

El día siguiente a aquél en se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento.

El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento.

La misma hora y minuto en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento.

Todo lo anterior puede ser correcto, según el procedimiento de que se trate.

El derecho a aportar documentos, según la Ley 39/2015, podrá ejercerse en cualquier fase del procedimiento:

Posterior al trámite de audiencia.

Anterior a la propuesta de resolución.

Posterior a la propuesta de resolución.

Anterior al trámite de audiencia.

El derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos se reconoce:

A las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

A los ciudadanos.

A los administrados.

A los interesados en los procedimientos administrativos.

¿Cuáles de los siguientes actos inician un procedimiento administrativo?

La denuncia y la orden superior.

Todo lo anterior es correcto.

Nada de lo anterior es correcto.

La petición razonada de otro órgano.

Cuando las actuaciones previas no sean realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia, corresponderá realizarlas:

A la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.

Al órgano competente para la resolución del procedimiento.

Al órgano competente para la iniciación del procedimiento.

Al órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.

Iniciado el procedimiento, podrán ser acordadas:

Las medidas provisionales expresamente previstas en la Ley 39/2015.

Las medidas provisionales que estime oportunas el órgano competente (para resolver el procedimiento) .

Las medidas provisionales expresamente previstas en la Ley 39/2015, así como aquellas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.

Todo lo anterior es correcto.

Los procedimientos se iniciarán de oficio:

Por acuerdo del órgano competente.

Por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa y por orden superior.

Por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, por orden superior y por petición razonada de otros órganos.

Por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, por orden superior, por petición razonada de otros órganos y por denuncia.

Cuando el denunciante haya participado en la comisión de los hechos y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado:

Siempre que el denunciante hubieracesado en la participación de la infracción al menos tres meses antes de la denuncia y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.

Siempre que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.

Siempre que el denunciante no haya destruido elementos de prueba esenciales relacionados con el objeto de la denuncia.

Siempre que el denunciante no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.

Los interesados podrán aportar con la solicitud su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico:

Adicionalmente, con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.

Alternativamente, con el fin de que de que las Administraciones Públicas practiquen en ellos las notificaciones.

Adicionalmente, con el fin de que de que las Administraciones Públicas practiquen en ellos las notificaciones.

Alternativamente, con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.