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Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se regulan en la Ley 40/2015, de 1 de octubre:

Nada de lo anterior es correcto.

En virtud del título competencial contenido en el artículo 149.1.18 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

En virtud del título competencial contenido en el artículo 149.1.18 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación general de las Administraciones Públicas.

En virtud del título competencial contenido en el artículo 149.1.18 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el procedimiento administrativo común.

El principio de tipicidad:

Es un principio de la potestad sancionadora.

Es un principio del procedimiento sancionador.

Todo lo anterior es correcto.

Nada de lo anterior es correcto.

La presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario:

Nada de lo anterior es correcto.

Es un principio de la potestad sancionadora.

Todo lo anterior es correcto.

Es un principio del procedimiento sancionador.

El principio de tipicidad:

Todo lo anterior es correcto.

Nada de lo anterior es correcto.

Es un principio del procedimiento sancionador.

Es un principio de la potestad sancionadora.

La prescripción:

Es un principio del procedimiento sancionador.

Todo lo anterior es correcto.

Nada de lo anterior es correcto.

Es un principio de la potestad sancionadora.

Las Administraciones públicas ejercerán la potestad sancionadora:

Cuando les sea expresamente reconocida por una norma con rango de ley.

Cuando les sea expresamente reconocida por una ley.

Nada de lo anterior es correcto, porque la potestad sancionadora se atribuye a los órganos administrativos y no a las Administraciones públicas.

Cuando les sea expresamente reconocida por una norma de rango legal o reglamentario.

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde:

Nada de lo anterior es correcto, porque la potestad sancionadora se atribuye a las Administraciones públicas y no a los órganos administrativos.

A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por una norma de rango legal o reglamentario.

A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por una ley.

A los órganos administrativos con facultades de inspección.

Los principios de la potestad sancionadora regulados en la Ley 40/2015:

No son extensivos al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.

Son extensivos al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio cuya relación de empleo se regule por el Derecho administrativo.

Son extensivos al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal funcionario a su servicio.

Son extensivos al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.

En virtud del principio de tipicidad:

Constituyen infracción administrativa las vulneraciones del ordenamiento jurídico sancionadas como tales infracciones.

Sólo constituyen infracción administrativa las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una norma con rango de ley.

Sólo constituyen infracción administrativa las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una norma jurídica.

Sólo constituyen infracción administrativa las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley.

Las sanciones administrativas:

Estarán, en todo caso, delimitadas por una Ley.

Estarán, en todo caso, delimitadas por una norma con rango de Ley.

Pueden estar delimitadas por una norma reglamentaria.

Estarán, en todo caso, delimitadas por una norma reglamentaria.

Pueden ser responsables de la comisión de infracciones administrativas:

Las personas físicas y jurídicas y las comunidades de bienes.

Sólo las personas físicas.

Las personas físicas y jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica.

Sólo las personas físicas y jurídicas.

Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, éstas responderán de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan:

Solidariamente.

Mancomunadamente.

Proporcionalmente.

Subsidiariamente.

La afirmación de que las normas definidoras de infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica es una manifestación:

Del principio de legalidad.

Del principio de tipicidad.

Nada de lo anterior es correcto.

Del principio de responsabilidad.

La afirmación de que las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar directa o subsidiariamente, privación de libertad es una manifestación:

Del principio de tipicidad.

Nada de lo anterior es correcto.

Del principio de legalidad.

Del principio de responsabilidad.

Según sean muy graves, graves o leves, las infracciones administrativas prescriben, según la Ley 40/2015:

A los tres años, a los dos años y a los seis meses.

A os seis años, a los tres años y al año.

A los tres años, a los dos años y al año.

A los tres años, al año y a los seis meses.

Según se impongan por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves, las sanciones administrativas. prescriben, según la LPAC:

A los tres años, al año y a los seis meses.

A los tres años, a los dos años y al año.

A los tres años, a los dos años y a los seis meses.

A los seis años, a los tres años y al año.

Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo:

En cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

En ningún caso.

En cuanto favorezcan al presunto infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

En cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición, y excepto a los plazos de prescripción.

Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos:

Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar siempre que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.

Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar.

Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa.

Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa sin necesidad de que una Ley les reconozca capacidad de obrar siempre que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.

Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles:

Con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. L

Nada de lo anterior es correcto.

Con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por un órgano distinto al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.

Con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, pero no con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora en un procedimiento complementario.

En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente entre otros el siguiente criterio:

La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución administrativa o sentencia firmes.

La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por sentencia judicial firme.

La reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.