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T 52 L39 01

Según la Ley 39/2015, la declaración de nulidad de los actos administrativos la realizarán las Administraciones públicas:

Por propia iniciativa o a solicitud de interesado.

De oficio o a solicitud de los interesados.

De oficio, por propia iniciativa o a solicitud de interesado.

A solicitud de interesado.

Para que un acto pueda ser declarado nulo de oficio por la Administración se requiere:

Todo lo anterior es correcto.

Que el acto sea firme.

Que el acto haya puesto fin a la vía administrativa.

Que el acto se incluya en uno de los supuestos del art. 47.1 Ley 39/2015.

El dictamen favorable, siempre previo, del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma se exige:

En la revisión de oficio de los actos nulos.

Todo lo anterior es correcto.

Nada de lo anterior es correcto.

En la revisión de oficio de los actos anulables.

El plazo máximo de que dispone la Administración para notificar la resolución expresa, una vez iniciado el procedimiento de declaración de nulidad de un acto, es:

De lo que disponga la legislación específica.

De 6 meses.

De 3 meses.

De 5 meses.

La declaración de lesividad:

Es el acto a través del cual la Administración pública anula de oficio un acto suyo favorable.

Es un requisito previo que debe cumplir la Administración autora de un acto para solicitar judicialmente la anulación de un acto suyo.

Es el acto de la jurisdicción contencioso–administrativa que anula un acto administrativo a petición de la Administración autora de dicho acto.

Es el acto a través del cual la Administración pública anula de oficio un acto suyo.

El plazo máximo de que se dispone para adoptar la declaración de lesividad es de:

Seis meses.

Un año.

Cuatro años.

Tres meses.

Según la Ley 39/2015, la Administración puede revocar sus actos gravamen:

En cualquier momento.

Impugnándolos ante la jurisdicción contencioso–administrativa.

En cualquier momento si son nulos y en el plazo establecido para la declaración de lesividad si son anulables.

Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

Las Administraciones Públicas podrán rectificar, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos:

En cualquier momento.

En cualquier momento si son nulos y en el plazo establecido para la declaración de lesividad si son anulables.

Impugnándolos ante la jurisdicción contencioso–administrativa.

Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

El recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición pueden interponerse:

Contra las resoluciones y contra determinados actos de trámite. L39 112.1

Contra las resoluciones y contra los actos de trámite.

Nada de lo anterior es correcto.

Contra las resoluciones.

El recurso de alzada puede fundarse:

En cualquiera de los motivos de nulidad del artículo 47 Ley 39/2015.

Sólo en los supuestos expresamente previstos en la Ley 39/2015.

En cualquiera de los motivos de anulabilidad del artículo 48 Ley 39/2015.

En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 Ley 39/2015.

El recurso potestativo de reposición puede fundarse:

En cualquiera de los motivos de anulabilidad del artículo 48 Ley 39/2015.

Sólo en los supuestos expresamente previstos en la Ley 39/2015.

En cualquiera de los motivos de nulidad del artículo 47 Ley 39/2015.

En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 Ley 39/2015.

Las reclamaciones económico–administrativas se regirán:

Por el Título VII Ley 39/2015.

Por el Título VI Ley 39/2015.

Por su legislación específica

Por el Título V Ley 39/2015.

El recurso extraordinario de revisión procede

Contra los actos firmes en vía administrativa

Contra los actos que ponen fin a la vía administrativa.

Contra los actos firmes.

Todo lo anterior es correcto

En todo caso ponen fin a la vía administrativa:

La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Las resoluciones de los recursos administrativos.

Todo lo anterior es correcto.

Las resoluciones de los recursos de reposición.

En el error en la calificación del recurso por parte del recurrente:

Será causa de desestimación del recurso.

No impedirá su tramitación, siempre que ésta produzca efectos favorables o desestimatorios para el recurrente.

Será causa de inadmisión del recurso.

No impedirá su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

En vía de recurso, carecer de legitimación el recurrente:

Es causa de inadmisión del recurso.

Es causa de subsanación del recurso.

Todo lo anterior es correcto, según los casos.

Es causa de desestimación del recurso.

En vía de recurso, carecer el recurso manifiestamente de fundamento:

Es causa de inadmisión del recurso.

Todo lo anterior es correcto, según los casos.

Es causa de subsanación del recurso.

Es causa de desestimación del recurso.

La interposición de cualquier recurso administrativo:

No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.

Suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.

Los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos y, por ello, no son susceptibles de suspensión.

Impedirá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.

Pueden ser objeto de recurso de alzada:

Las resoluciones administrativas y determinados actos de trámite que no pongan fin a la vía administrativa.

Las resoluciones administrativas y determinados actos de trámite, pongan o no fin a la vía administrativa.

Las resoluciones administrativas y los actos de trámite que pongan fin a la vía administrativa.

Las resoluciones administrativas y los actos de trámite, pongan o no fin a la vía administrativa.

El recurso de reposición:

Tiene carácter obligatorio y sólo cabe contra los actos que ponen fin a la vía administrativa.

Tiene carácter potestativo y sólo cabe contra los actos firmes en vía administrativa.

Tiene carácter obligatorio y sólo cabe contra los actos firmes en vía administrativa.

Tiene carácter potestativo y sólo cabe contra los actos que ponen fin a la vía administrativa.