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T 58 L39 01

Son titulares del derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente:

Las personas, aunque no tengan capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.

Los interesados.

Los ciudadanos.

Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición razonada de otros deberá individualizar:

La lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público y su evaluación económica si fuera posible.

La lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible y, en su caso, la conducta dolosa o culposa determinante de la responsabilidad de la autoridad o agente interviniente.

La lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo.

Nada de lo anterior es correcto pues no se puede iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial como consecuencia de petición razonada de otros órganos.

Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial:

El acuerdo se dictará con independencia del plazo de prescripción del derecho a reclamar del interesado.

Será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado.

Se extingue el derecho a reclamar de los interesados.

Será necesario que haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado.

El acuerdo de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial:

Se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

Se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de un mes días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

Nada de lo anterior es correcto.

Se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de quince días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

Si los particulares presuntamente lesionados en un procedimiento de responsabilidad patrimonial no formulan alegaciones en el plazo concedido en el acuerdo de incoación:

El procedimiento iniciado será sobreseído para los lesionados que no hayan formulado alegaciones, continuando para el resto.

Se les concederá trámite de audiencia expreso antes de formular la propuesta de resolución.

El procedimiento iniciado será sobreseído y archivadas las actuaciones que se hayan practicado.

El procedimiento iniciado se instruirá igualmente.

Los interesados podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial:

Sólo cuando haya prescrito su derecho a reclamar.

Cuando haya prescrito su derecho a reclamar sin que la Administración haya iniciado el procedimiento de oficio.

Sólo cuando la Administración no haya iniciado el procedimiento de oficio.

Sólo cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.

El derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas prescribirá:

En todo caso, al año desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

En todo caso, al año de la manifestación del efecto lesivo del hecho o acto que motive la indemnización.

Nada de lo anterior es correcto.

En todo caso, al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización

El derecho a reclamar prescribirá:

A los dos años.

Al año.

Cuando se determine por cada Administración Pública.

Cuando se determine para cada procedimiento por razón de la materia.

El plazo de prescripción del derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se contará:

Desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo o desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo, aunque en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización.

Desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá:

Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

A los tres meses de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

Nada de lo anterior es correcto.

En los casos de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, el derecho a reclamar prescribirá:

A los tres meses de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la sentencia que declare la inconstitucionalidad.

Al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la sentencia que declare la inconstitucionalidad.

A los tres meses de la notificación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad.

Al año de la notificación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad.

En los casos de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, el derecho a reclamar prescribirá:

A los tres meses de la notificación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad.

Al año de la notificación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad.

Al año de la publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea» de la sentencia que declare su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

A los tres meses de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la sentencia que declare su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial el reclamante deberá especificar en la solicitud:

El momento en que la lesión efectivamente se produjo, si fuera posible.

Nada de lo anterior es correcto.

La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible.

Todo lo anterior es correcto.

En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial:

Será facultativo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable.

Será preceptivo y vinculante solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable.

Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable.

Será facultativo y vinculante solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable.

En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la emisión del informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable no puede exceder:

De quince días.

De tres días.

De cinco días.

De diez días.

Los acuerdos que se suscriban en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ya sean finalizadores del procedimiento, ya se inserten en el mismo con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que le ponga fin:

No supondrán alteración de la competencia atribuidas a los órganos administrativos.

No supondrán alteración de la competencia atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos.

No supondrán alteración de la competencia atribuidas a los órganos administrativos aunque sí de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos.

No supondrán alteración de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el órgano competente someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo:

Una vez recibido el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

En todo caso, una vez finalizado el trámite de audiencia. (No: esto no es en todo caso, sino cuando no sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente)

Con anterioridad al trámite de audiencia.

Con anterioridad a la solicitud del dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial es necesario que la resolución se pronuncie:

Sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

Sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización.

Todas las respuestas son correctas.

Sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo:

Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

Se entenderá caducado el procedimiento.

Podrá entenderse estimada la pretensión del particular.

Ninguna respuesta es correcta.

En todo caso ponen fin a la vía administrativa:

La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Las resoluciones de los recursos administrativos.

Todo lo anterior es correcto.

Las resoluciones de los recursos de reposición.