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T 61 L 4.1986 02

El acuerdo por el que la Comunidad Autónoma se reserva el uso de ciertos bienes de dominio público por razones de interés general o porque así lo establezca la legislación especial corresponde:

Al Parlamento de Andalucía.

A la Consejería o entidad pública de adscripción.

Al Consejero de Hacienda.

Al Consejo de Gobierno.

La afectación por silencio puede producirse:

Respecto de bienes o derechos ya pertenecientes al dominio privado de la Comunidad Autónoma.

Respecto de bienes o derechos ya pertenecientes al dominio privado de las entidades públicas de la Comunidad Autónoma.

Respecto de bienes o derechos ya pertenecientes al dominio privado de la Comunidad Autónoma o sus entidades públicas.

Nada de lo anterior es correcto.

La afectación por silencio puede producirse respecto de bienes que no tengan la consideración de dominio privado de la Comunidad Autónoma:

Si la Comunidad Autónoma lo adquiere por usucapión y el bien viene siendo destinado a un uso o servicio público durante los últimos tres años

Si la Comunidad Autónoma lo adquiere por usucapión y el bien viene siendo destinado a un uso o servicio público durante el tiempo necesario para la usucapión.

Si la Comunidad Autónoma lo adquiere por usucapión y el bien viene siendo destinado a un uso o servicio público durante los últimos quince años.

Si la Comunidad Autónoma lo adquiere por usucapión y el bien viene siendo destinado a un uso o servicio público durante los últimos cinco años.

Según la Ley 4/1986, salvo que en ella o en otras leyes se disponga lo contrario, es competente para adoptar los actos de afectación:

El Consejero de Hacienda a petición de la Consejería u Organismo interesado.

La Consejería u Organismo interesado a petición del Consejero de Hacienda.

El Consejo de Gobierno.

El Parlamento de Andalucía.

La competencia para acordar la cesión de bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma, muebles o inmuebles, de forma gratuita u onerosa, a entidades públicas para un uso o servicio público corresponde:

A la Consejería u Organismo de adscripción.

Al Consejo de Gobierno.

A la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.

Al Consejero de Hacienda.

Los bienes patrimoniales de titularidad de la Comunidad Autónoma cedidos a una entidad pública para un uso o servicio público de su competencia:

Adquiere la condición de bien patrimonial de la entidad cesionaria.

Pasa a ser dominio público trasladándose su titularidad a la entidad cesionaria.

Pasa a ser de dominio público sin que suponga cambio de titularidad.

Mantiene su condición de bien patrimonial de la Comunidad Autónoma.

Los bienes de dominio privado pertenecientes a entidades de derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regulan:

Por sus leyes especiales, en su defecto por la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y disposiciones que la desarrollen y complementen y, finalmente, por las normas generales de derecho privado.

Por las normas generales de derecho privado.

Por la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.

Por la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y disposiciones que la desarrollen y complementen y, en su defecto, por las normas generales de derecho privado.

Quedan sometidos a las reglas generales de derecho privado, salvo los actos preparatorios de competencia o adjudicación que, por su condición de separables, quedan sometidos a las reglas de derecho público:

Los bienes de dominio privado o patrimoniales de la Comunidad Autónoma o de las entidades de derecho público dependientes de la misma.

Los bienes de dominio privado o patrimoniales de la Comunidad Autónoma.

Los bienes pertenecientes a las entidades de derecho privado dependientes de la Comunidad Autónoma.

Los bienes de dominio privado o patrimoniales de las entidades de derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma.

Las facultades que en derecho se reconocen a los propietarios se ejercen:

Nada de lo anterior es correcto.

Por la persona que tenga la titularidad de los bienes o derechos de dominio privado.

Todo lo anterior es correcto.

Por el órgano que tenga adscritos o cedidos los bienes o derechos de dominio privado.

Las facultades y obligaciones que se deriven de la gestión o uso de los bienes corresponden:

Nada de lo anterior es correcto.

Todo lo anterior es correcto.

A la persona que tenga la titularidad de los bienes o derechos de dominio privado.

A el órgano que tenga adscritos o cedidos los bienes o derechos de dominio privado.

Es competente para el ejercicio de las facultades que como titular de bienes y derechos patrimoniales corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía:

La Consejería de Hacienda.

La Consejería de Hacienda por medio de la Dirección General de Patrimonio.

El Consejo de Gobierno.

Las Consejerías y organismos de la Comunidad Autónoma.

Las facultades y obligaciones que se deriven de la titularidad de los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma pueden delegarse:

A las Consejerías.

A la Consejería de Hacienda.

A la Dirección General de Patrimonio.

A las Consejerías y organismos de la Comunidad Autónoma.

La recuperación por sí de la posesión indebidamente perdida de sus bienes de dominio privado corresponde:

A la Comunidad Autónoma y a sus entidades de derecho público y privado.

A la Comunidad Autónoma y a sus entidades de derecho público.

Nada de lo anterior es correcto.

A la Comunidad Autónoma.

El plazo establecido en la Ley 4/1986 para obtener la recuperación de oficio de la posesión indebidamente perdida de los bienes de dominio privado es de:

Dos años.

Seis meses.

Un año.

Ocho meses.

Cuando exista oposición, para recuperar la plena posesión de sus bienes de dominio privado una vez que haya terminado la relación jurídico privada por la que se autorizaba a un tercero para su utilización:

La Comunidad Autónoma y sus entidades de derecho público no podrán ejercer potestades de autotutela.

a) y b) son correctas.

La Administración debe dirigirse a los tribunales ordinarios.

La Administración puede recuperar por sí dicha posesión.

Según la Ley 4/1986, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, se presume:

Que los bienes son de dominio público si su titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma.

Que los bienes son de dominio privado. 75 (Esta presunción, puesto que se contiene en el Cap. II “Adquisición de los bienes de dominio privado” del Tit. III “Bienes de dominio privado” se debe entender referida a los bienes que se adquieren por la Comunidad Autónoma, al igual que establece el art.16 L 33/2003 para la AGE: “Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o al servicio público”. Puesto que se trata de una presunción, no excluye la adquisición con carácter demanial cuando la afectación es simultánea)

Que los bienes son de dominio público.

Que los bienes son de dominio privado si su titularidad corresponde a las entidades de derecho público pertenecientes a la Comunidad Autónoma.

Según el artículo 77 de la Ley 4/1986, corresponde la celebración de contratos para la adquisición de bienes inmuebles de la Comunidad Autónoma:

A las Consejerías que hayan de utilizarlos.

A la Consejería de Hacienda.

A la Dirección General de Patrimonio.

Al Consejo de Gobierno.

Según el artículo 78 de la Ley 4/1986, corresponde la celebración de contratos para la adquisición de bienes muebles de la Comunidad Autónoma:

Al Consejo de Gobierno.

A la Dirección General de Patrimonio.

A las Consejerías que hayan de utilizarlos.

A la Consejería de Hacienda.

La adquisición de bienes y derechos por las entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma se llevará a cabo, salvo que otra cosa disponga la legislación específica:

Por la Consejería de Hacienda.

Por el órgano que ostente su representación legal.

Por la Consejería de adscripción de la entidad.

Nada de lo anterior es correcto.

Las entidades públicas de la Comunidad Autónoma podrán adquirir bienes y derechos de la siguiente forma:

Mediante traspaso del Estado y otros entes, en la forma regulada al efecto.

Nada de lo anterior es correcto.

Mediante negocio jurídico, oneroso o gratuito, prescripción u ocupación.

Todo lo anterior es correcto.