Página 1 de 1

T 61 L33.03 01

Serán de aplicación directa a las Comunidades Autónomas, entidades que integran la Administración Local y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas:

Los artículos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, sin excepción.

Los artículos o partes de artículos de aplicación general de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

Todo lo anterior es correcto.

Los artículos o partes de artículos de carácter básico de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

En la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las Administraciones Públicas, se regula:

El régimen jurídico patrimonial de las Comunidades Autónomas.

El régimen jurídico patrimonial de la Administración General del Estado.

Todo lo anterior es correcto.

El régimen jurídico patrimonial de las entidades que integran la Administración Local.

El patrimonio de las Administraciones públicas está constituido:

Por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos, incluidos el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda

Por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.

Por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos, salvo el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda.

Por el conjunto de sus bienes y derechos adquiridos a título oneroso.

El Patrimonio del Estado está integrado:

Por el patrimonio de la Administración General del Estado.

Nada de lo anterior es correcto.

Por el patrimonio de la Administración General del Estado y los patrimonios de los organismos públicos y de las entidades de Derecho privado que se encuentren en relación de dependencia o vinculación con la misma.

Por el patrimonio de la Administración General del Estado y los patrimonios de los organismos públicos que se encuentren en relación de dependencia o vinculación con la misma.

Las playas son, en todo caso:

Bienes de dominio público estatal o de las Comunidades Autónomas.

Bienes públicos, demaniales o patrimoniales.

Bienes de dominio público estatal.

Bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas.

Se aplican exclusivamente a la Administración General del Estado:

Los preceptos de la Ley 33/2003 no declarados básicos.

Todo lo anterior es correcto.

Nada de lo anterior es correcto.

Los preceptos de la Ley 33/2003 no declarados de aplicación general.

Según la Ley 33/2003, en todo caso, deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular, al de la política de vivienda, en coordinación con las Administraciones competentes:

La gestión de los bienes públicos.

La gestión de los bienes de dominio público.

Nada de lo anterior es correcto

La gestión de los bienes patrimoniales.

Se consideran, en todo caso, bienes de dominio público de la Administración General del Estado:

Los derechos de arrendamiento de su titularidad.

Los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas.

Los inmuebles de su titularidad en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos.

Nada de lo anterior es correcto.

Los bienes y derechos de dominio público se regirán, en primer lugar:

Por la Ley 33/2003 y las disposiciones que la desarrollen o complementen.

Por las normas generales del Derecho Administrativo.

Por el Derecho privado.

Por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación.

Los bienes y derechos de dominio privado se regirán, en primer lugar:

Por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación.

Por las normas generales del Derecho Administrativo.

Por el Derecho privado.

Por la Ley 33/2003 y las disposiciones que la desarrollen o complementen.

Los inmuebles que carecen de dueño:

Todo lo anterior es correcto.

Pertenecen a la Comunidad Autónoma si radican en varios términos municipales.

Pertenecen al municipio en que se sitúen.

Pertenecen a la Administración General del Estado.

La toma de posesión de un inmueble vacante que es poseído en concepto de dueño:

Todo lo anterior es correcto.

Se puede realizar en vía administrativa.

Requiere entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil.

Requiere entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo.

Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos:

Con el carácter de patrimoniales.

Con el carácter de demaniales.

Nada de lo anterior es correcto.

Con el carácter de patrimoniales o demaniales.

Los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles estatales o de obligaciones emitidas por éstas:

Tendrán en todo caso la consideración de demaniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Tendrán en todo caso la consideración de demaniales cuando la sociedad mercantil satisfaga necesidades de interés general.

Tendrán la consideración de patrimoniales cuando su titularidad corresponda a entidades

Tendrán en todo caso la consideración de patrimoniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Según la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, las adquisiciones voluntarias a título oneroso de bienes y derechos se rigen:

Por la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Por las normas del derecho privado, civil o mercantil.

Por la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y supletoriamente las normas del derecho privado, civil o mercantil.

Por las normas del derecho privado, civil o mercantil, y supletoriamente por la propia Ley 33/2003.

Si una disposición gratuita se ha efectuado a favor de una Administración pública para el cumplimiento de fines o la realización de actividades que son de la competencia exclusiva de otra, ¿a quién corresponde formular la aceptación?:

A la Administración expresamente beneficiaria de la disposición.

En todo caso, a la Administración General del Estado.

A ambas Administraciones.

A la Administración que sea competente sobre tales fines.

Si una disposición gratuita se ha efectuado para la realización de fines de competencia de las Administraciones públicas sin designación precisa del beneficiario, dicha disposición se entiende efectuada:

A favor de la Administración de la Comunidad Autónoma.

A favor de la Administración municipal en cuyo término radique el bien, y de ser varios los términos municipales, a favor del Municipio correspondiente por razón del domicilio del causante.

A favor de la Administración General del Estado.

A favor de la Administración competente.

Si una disposición gratuita se ha efectuado para la realización de fines de competencia de las Administraciones públicas sin designación precisa del beneficiario y son varias las Administraciones con competencias concurrentes, dicha disposición se entiende efectuada:

A favor de la Administración de la Comunidad Autónoma.

A favor de la Administración competente de ámbito territorial superior de entre aquéllas a que pudiera corresponder por razón del domicilio del causante.

A favor de la Administración municipal en cuyo término radique el bien, y de ser varios los términos municipales, a favor del Municipio correspondiente por razón del domicilio del causante.

A favor de la Administración General del Estado.

En las adquisiciones que se produzcan en el ejercicio de la potestad de expropiación:

Los bienes expropiados se consideran patrimoniales hasta la afectación material del bien o derecho al uso general, al servicio público, o a fines y funciones de carácter público.

No será necesaria la declaración de utilidad pública o interés social.

La afectación del bien o derecho al uso general, al servicio público, o a fines y funciones de carácter público exime a la Administración expropiante de la declaración de utilidad pública o interés social.

La afectación del bien o derecho al uso general, al servicio público, o a fines y funciones de carácter público se entenderá implícita en la expropiación.

La posterior desafectación del bien o derecho expropiado o la mutación de su destino (no es mutación demanial necesariamente):

En ningún caso dará derecho al sujeto expropiado a instar su reversión.

Determinará la reversión del bien al sujeto expropiado, que deberá ser acordada de oficio por la Administración expropiante.

Dará en todo caso derecho al sujeto expropiado a instar su reversión.

Dará derecho al sujeto expropiado a instar su reversión, salvo en los supuestos regulados en la Ley de Expropiación Forzosa.