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T L 2002.02 AND GEST EMER (1º)

Señale la respuesta equivocada. Previa activación del correspondiente plan de emergencia, la autoridad competente podrá adoptar las medidas de emergencia establecidas y derivadas de éste y, con carácter general:

Ordenar la omisión de acciones y, en su caso, la prestación de servicios obligatorios de carácter personal. Dicha prestación se realizará de forma proporcional a la situación creada y a las capacidades de cada cual, y dará lugar, necesariamente, a indemnización.

Acordar la evacuación de personas desde las zonas de intervención y socorro.

Limitar y condicionar el uso de servicios públicos y el consumo de determinados bienes.

Ordenar la ocupación temporal, intervención o requisa de aquellos bienes y servicios que se considere estrictamente necesario, en la forma y supuestos previstos en las Leyes.

Los planes de emergencia constituyen el instrumento normativo mediante el que se establece el marco orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y coordinación, ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Responden a la siguiente tipología (señale la opción errónea):

Planes territoriales de emergencia.

Planes de emergencia exterior o de autoprotección.

Planes especiales y planes específicos.

Planes sectoriales.

Los planes territoriales de emergencia, de ámbito municipal, serán aprobados por:

El Alcalde de la respectiva Corporación Local, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

El Pleno de la respectiva Corporación Local, debiendo ser homologados por el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía.

El Alcalde de la respectiva Corporación Local, debiendo ser homologados por la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.

El Pleno de la respectiva Corporación Local, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

Corresponde al Consejo de Gobierno las competencias que le atribuyen la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y otras Leyes, y en especial (señale la opción errónea):

Fijar las directrices esenciales en materia de prevención, intervención y rehabilitación.

Aprobar el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y los planes especiales.

Ejercer las facultades de sanción de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía.

Proponer a la Administración del Estado la declaración de emergencia de interés general de Andalucía.

La máxima autoridad de protección civil en cada provincia y ejerce las funciones de dirección, coordinación, relación, ejecución, inspección y sanción que le sean atribuidas legal o reglamentariamente y, en particular, la superior dirección de la estructura provincial de coordinación de emergencias y la dirección de los planes de protección civil de su ámbito territorial, es:

El Director del Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía.

El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la Provincia.

El titular de la Consejería competente en materia de protección civil.

El Presidente de la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

El órgano colegiado de carácter deliberante y consultivo, de homologación, coordinación y participación de las Administraciones Públicas en materia de protección civil es:

La Comisión de Protección Civil de Andalucía.

El Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía.

La Consejería competente en materia de protección civil.

El Gobierno de la Junta de Andalucía.

Contarán con un servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, los municipios con población superior a:

Cuarenta mil habitantes.

Veinte mil habitantes.

Treinta mil habitantes.

Diez mil habitantes.

En relación con los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, corresponde a la Consejería competente en materia de protección civil:

Investigación e informe sobre las causas y desarrollo de siniestros.

Adopción de medidas excepcionales de protección y con carácter provisional hasta que se produzca la oportuna decisión de la autoridad competente, respetando en todo caso el principio de proporcionalidad.

Promover la realización de estudios técnicos sobre riesgos en Andalucía, a cuyas previsiones deberán adaptarse las características y despliegue de los parques, sus medios y recursos.

Estudio e investigación en materia de sistemas y técnicas de protección frente a incendios y salvamento.

Corresponde a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, el desarrollo de la siguiente función:

Propiciar la homogeneización de los distintos servicios en cuanto a medios y recursos necesarios para la eficacia de su cometido.

Coordinar la formación y capacitación del personal a través de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Homologar las Unidades Caninas de Rescate de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía.

Desarrollo de medidas preventivas y, en particular, la inspección en materia de cumplimiento de la normativa de protección frente a riesgos de su competencia.

Los sistemas de acceso a las distintas categorías de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento serán (indique la errónea):

Turno libre.

Movilidad.

Promoción interna.

Libre designación.

El pase a la situación de segunda actividad, por embarazo, o por disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de funciones operativas, vendrá determinado por el cumplimiento de la edad de:

Sesenta años para la Escala Directiva, de cincuenta y cinco para Escala Ejecutiva y de cincuenta y cinco para la Escala Básica.

Sesenta años para la Escala Directiva, de cincuenta y siete para Escala Ejecutiva y de cincuenta y cinco para la Escala Básica.

Setenta años para la Escala Directiva, de cincuenta y siete para Escala Ejecutiva y de cincuenta y cinco para la Escala Básica.

Sesenta años para la Escala Directiva, de cincuenta y siete para Escala Ejecutiva y de cincuenta y tres para la Escala Básica.

Con relación a los integrantes de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, tiene la consideración de falta grave, además de las establecidas con carácter general para los funcionarios públicos, la siguiente conducta:

Sustracción o alteración de documentos o material del servicio bajo custodia.

No acudir a las llamadas ante siniestros estando de servicio.

Incumplimiento de las obligaciones de dar cuenta a las autoridades y mandos de quienes dependan de cualquier asunto que requiera su conocimiento.

El maltrato grave a la ciudadanía, de palabra u obra, y la comisión de cualquier tipo de abuso en el ejercicio de sus atribuciones.

Al respecto de los bomberos voluntarios, señale la proposición errónea:

Dicha colaboración se prestará siempre bajo la dirección y supervisión de personal profesional.

En ningún caso disfrutarán de los derechos de los funcionarios públicos, ya que son personal laboral.

Son bomberos voluntarios aquellas personas que, previa superación del correspondiente curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, prestan su colaboración de forma voluntaria y altruista con dependencia de alguno de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Les será suministrado el equipamiento adecuado para el desempeño de sus funciones, gozando de la cobertura de un seguro de accidentes y responsabilidad civil en el ejercicio de sus funciones.

No es una de las funciones del Consejo Andaluz del Fuego:

Emitir directrices para la coordinación, cooperación y asistencia entre los distintos Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía.

Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente.

Emitir informe, con carácter preceptivo, en los supuestos previstos en el artículo 37.2 de la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía.

Proponer modificación de la normativa o adopción de medidas encaminadas a la prevención de riesgos.

Tiene la consideración de infracción muy grave, en materia de gestión de emergencias, la conducta consistente en:

La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de naturaleza grave, declarada por resolución firme.

No adoptar los instrumentos de planificación preceptivos en materia de emergencia interior o autoprotección; no respetar el contenido mínimo establecido o, en su caso, el procedimiento previsto para su homologación. Asimismo, no efectuar la revisión de los planes de emergencia interior o de autoprotección en el plazo previsto.

No comunicar al centro de coordinación de emergencias de ámbito territorial superior la activación de un plan de emergencia.

Denegar información a las autoridades de protección civil sobre los extremos previstos en la normativa de aplicación, así como impedir u obstaculizar las inspecciones llevadas a cabo por éstas.

Constituye infracción grave, en materia de gestión de emergencias, la conducta consistente en:

No adoptar o no respetar, en su caso, las medidas e instrucciones emanadas de la autoridad competente en la realización de simulacros.

Actuaciones en las que medie dolo o imprudencia temeraria que, producidas en situación de emergencia, originen graves daños a las personas o bienes, o que ocasionen prestación de servicios públicos.

Negarse a realizar, sin causa justificada, las prestaciones personales ordenadas por la autoridad competente en situaciones de activación de planes de emergencia.

No adoptar, quien estuviere obligado a ello, las medidas establecidas en los planes de emergencia activados cuando ello origine graves daños a las personas o a los bienes.

Las sanciones estarán sujetas a los siguientes límites por infracciones muy graves:

Multa desde 160.000,01 hasta 700.000 euros.

Multa desde 140.000,01 hasta 500.000 euros.

Multa desde 130.000,01 hasta 400.000 euros.

Multa desde 150.000,01 hasta 600.000 euros.

Las sanciones estarán sujetas a los siguientes límites por infracciones leves:

Multa desde 0,01 hasta 4.000 euros.

Multa desde 0,01 hasta 7.000 euros.

Multa desde 0,01 hasta 5.000 euros.

Multa desde 0,01 hasta 6.000 euros.

La imposición de sanciones corresponde a la autoridad competente por razón de la materia, previa incoación de expediente con audiencia al interesado. Así, al titular de la Delegación de la Consejería competente, por razón de la materia hasta:

30.000 euros.

40.000 euros.

50.000 euros.

60.000 euros.

La imposición de sanciones corresponde a la autoridad competente por razón de la materia, previa incoación de expediente con audiencia al interesado. Así, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, hasta un límite de:

400.000 euros.

300.000 euros.

500.000 euros.

600.000 euros.