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T L 2003.13 AND CONSUMID (1º)

Una de las siguientes Definiciones, que describe la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, es incorrecta:

Son órganos de defensa del consumidor los órganos administrativos que, en las Administraciones Públicas que tienen atribuidas competencias en materia de defensa y protección de los consumidores, ejercen dichas competencias.

Son consumidores y usuarios las personas físicas o jurídicas que, sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios con el fin de integrarlos en la organización o ejercicio de una actividad empresarial, profesional o de prestación de servicios, incluidos los públicos.

Son bienes de primera necesidad y servicios esenciales aquellos que por sus singulares características resulten básicos para los consumidores, o sean de uso o consumo común ordinario y generalizado.

Son bienes o servicios cualesquiera productos, actividades o funciones, utilizadas por los consumidores, independientemente del carácter individual o social, público o privado, de quienes los produzcan, suministren o los presten.

No son considerados destinatarios finales:

Las personas jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios destinados de forma desinteresada, gratuita o sin ánimo de lucro a sus trabajadores, socios o miembros o para ellas mismas.

las personas físicas que adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios cuya exclusiva finalidad sea el uso o disfrute personal, familiar o doméstico.

Las entidades asociativas, con personalidad jurídica, que adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios sin ánimo de lucro.

Todas lo son.

Complete la línea punteada. Es un derecho de los consumidores, en el ámbito de la aplicación de la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, la información ... sobre las operaciones y sobre los bienes y servicios susceptibles de uso y consumo, de acuerdo con la normativa vigente.

Veraz, suficiente, comprensible, razonable y lógica.

Veraz, contrastable, suficiente, comprensible e inequívoca.

Contrastable, suficiente, comprensible, inequívoca y racional.

Veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y racional.

Para la justa protección y adecuada satisfacción de los legítimos intereses de los consumidores, los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía adoptarán las medidas precisas para (señale la opción errónea):

Asegurar el reconocimiento y apoyo en la Comunidad Autónoma de Andalucía de las organizaciones o asociaciones de los consumidores, con vistas a su participación activa, representación y audiencia.

Solicitar de los órganos y autoridades competentes, encargados de controlar y sancionar la actividad publicitaria, el efectivo ejercicio de sus funciones conforme a la legislación vigente, de modo que los consumidores sean destinatarios de una publicidad sujeta a los principios de legalidad, veracidad y autenticidad.

Asistir a los consumidores en el ejercicio de su libre acceso a los bienes y servicios del mercado, en condiciones de equilibrio e igualdad, especialmente, en caso de posición de inferioridad en el mercado o cuando se trate de servicios esenciales.

Garantizar el justo equilibrio de prestaciones en las relaciones económicas de los consumidores con la Administración de la Junta de Andalucía o con entidades o empresas, públicas o privadas, gestoras de servicios públicos dependientes de la Junta de Andalucía.

El órgano administrativo de la Administración de la Junta de Andalucía, para la gestión del arbitraje institucional de consumo y la prestación de servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría, tanto a las partes como a las personas que desempeñan la función arbitral, recibe el nombre de:

Junta Arbitral de Consumo de Andalucía.

Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Consejo Andaluz de Consumo.

Oficina de información al consumidor.

Es una función, de las Oficinas de Información al Consumidor y Usuario, facilitar a los consumidores, así como a las organizaciones o asociaciones de éstos, los datos referentes a registro y autorización de bienes o servicios, así como de los que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su riesgo o peligrosidad, facilitar información sobre sanciones firmes, por infracciones contra los derechos de los consumidores y la regulación de los precios y condiciones de bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado, impuestas en el plazo de:

Ninguna es correcta.

Seis años.

Un año.

Cuatro años.

La Administración de la Junta de Andalucía fomentará, especialmente, la creación de Oficinas Municipales de Información al Consumidor en los distintos distritos municipales de las ciudades de más de:

Treinta mil habitantes.

Cincuenta mil habitantes.

Sesenta mil habitantes.

Cuarenta mil habitantes.

Indique la opción equivocada. Para la adecuada satisfacción de los derechos de educación y formación de los consumidores, las Administraciones Públicas de Andalucía organizarán, promoverán e incentivarán, en la forma que reglamentariamente se determine, programas de educación y formación a los consumidores en Andalucía para contribuir a:

La divulgación del conocimiento básico y elemental del funcionamiento del mercado, así como de los medios e instrumentos para ejercitar y satisfacer los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

El desarrollo de la conciencia individual y colectiva sobre la necesidad de supeditar la utilización racional de los recursos naturales a las pautas de consumo.

La divulgación con conocimientos sobre medidas de prevención de riesgos y daños que puedan derivarse del consumo de bienes o de la utilización de bienes y servicios.

El desarrollo de la capacidad de ejercer una elección libre y racional de los bienes y servicios ofertados, así como una correcta y más beneficiosa utilización de los mismos.

Se consideran organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios, a los efectos de la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, las entidades constituidas en Andalucía exclusivamente por consumidores, con arreglo a la Ley de Cooperativas Andaluzas que incluyan, dentro de su objeto social, en los Estatutos, la defensa, asistencia, información, educación y formación de sus miembros como consumidores, así como la formación de un fondo social integrado por las aportaciones de los socios y por el:

15%, como mínimo, de los resultados netos de cada ejercicio económico, destinado a la defensa, información, educación y formación de los socios, en materias relacionadas con el consumo.

15%, como mínimo, de los excedentes netos de cada ejercicio económico, destinado exclusivamente a la defensa, información, educación y formación de los socios, en materias relacionadas con el cooperativismo.

5%, como mínimo, de los excedentes netos de cada ejercicio económico, destinado exclusivamente a la defensa, información, educación y formación de los socios, en materias relacionadas con el consumo.

Es un derecho de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios en Andalucía:

Integrarse en agrupaciones o federaciones con distintos fines y de ámbito territorial más amplio.

Ejercer las correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales en defensa de los socios, de la asociación y de los intereses colectivos de los consumidores en general, de conformidad con la legislación aplicable.

Suplicar la rectificación pública de las comunicaciones e informaciones publicitarias engañosas o ilícitas.

Asesorar, pero nunca representar a los consumidores en los órganos de participación, consulta y concertación.

Con relación a la organización y funcionamiento de la Inspección de Consumo, indique la respuesta falsa:

Los inspectores de Consumo tendrán en el ejercicio de sus funciones las potestades que se les reconocen en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y habrán de ejercerlas, acreditando su condición, en todo caso, con la debida proporcionalidad y de manera que se perturbe, sólo en la medida necesaria, el desarrollo de la actividad inspeccionada y la de los sujetos privados que deban colaborar.

Los inspectores de Consumo serán funcionarios o personal laboral (según el caso) y, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la condición de agentes de la autoridad y las potestades y competencias que se prevén en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Su personal observará estrictamente el deber de sigilo profesional.

La Policía Local y la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Junta de Andalucía colaborarán en las funciones de Inspección de Consumo en los términos que se determine.

Al respecto de las Actas de inspección, el inspector puede hacer requerimiento para que:

En un plazo no superior a diez días sean subsanadas simples irregularidades que no causen perjuicio directo a los consumidores.

En un plazo no superior a veinte días sean subsanadas simples irregularidades que no causen perjuicio directo a los consumidores.

En un plazo no superior a diez días sean confirmadas irregularidades que causen perjuicio indirecto a los consumidores.

En un plazo no superior a diez días sean subsanadas irregularidades que causen perjuicio directo a los consumidores.

Para garantizar la necesaria coordinación de las actividades y colaboración entre los distintos servicios de inspección de la Junta de Andalucía, que asegure la eficaz y eficiente utilización de los recursos disponibles en beneficio de los consumidores, se creará:

La Comisión Coordinadora de las Inspecciones de Bienes y Servicios de la Junta de Andalucía.

La Comisión Inspectora para la protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

La Oficina de información al consumidor.

El Consejo Andaluz de Consumo.

Indique la respuesta equivocada. Serán infracciones por incumplimiento de requisitos y condiciones de elaboración y comercialización de bienes o por incumplimiento de las condiciones técnicas de la instalación o de la prestación del servicio:

Elaborar, distribuir, suministrar u ofertar bienes o servicios cumpliendo correctamente los deberes de información que impongan o regulen las leyes y los reglamentos en relación con cualquiera de los datos o menciones obligatorios o voluntarios y por cualquiera de los medios previstos para tal información.

Elaborar, distribuir u ofertar al público bienes prohibidos o con componentes o envases no permitidos o sin contar con las autorizaciones preceptivas u otros controles administrativos impuestos para la protección de los consumidores.

Realizar otras acciones u omisiones que, incluso sin infracción de normas de obligado cumplimiento, produzcan riesgo o daño efectivo para la salud o seguridad de los consumidores, si se realizan por falta de las precauciones exigibles en la actividad de que se trate.

Poner a disposición de los consumidores bienes de uso duradero sin existir piezas de repuesto en la forma obligada, así como el incumplimiento por quien en cada caso esté obligado del deber de fabricar o garantizar la existencia de repuestos en las condiciones establecidas por las leyes y reglamentos.

Señale la opción errónea. Serán infracciones en materia de documentación, transacciones comerciales y precios:

Carecer, no llevar o llevar incorrectamente la documentación, libros o registros establecidos obligatoriamente que afecten a la protección de los intereses de los consumidores.

Cobrar o intentar cobrar a los consumidores precios superiores a los anunciados, expuestos, o a los autorizados o impuestos por la Administración o comunicados a ésta.

Realizar trabajos de reparación, instalación o similares útiles al consumidor cuando hayan sido solicitados o autorizados por éste.

Negarse a elaborar presupuestos, cuando sea obligatorio, o imponer condiciones o precios por su confección si ello está prohibido, así como incrementar los precios previstos en el presupuesto sin la conformidad del consumidor.

Incrementar los precios de los repuestos o piezas al aplicarlos en las reparaciones o instalaciones de bienes, así como cargar injustificadamente por mano de obra, traslado o visita cantidades muy superiores a los costes medios estimados de cada sector, es una infracción:

En materia de documentación, transacciones comerciales y precios.

En materia de prácticas comerciales desleales con los consumidores cualquier acto de competencia desleal, de conformidad con la legislación estatal vigente en la materia.

Por alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios.

Por incumplimiento de requisitos y condiciones de elaboración y comercialización de bienes o por incumplimiento de las condiciones técnicas de la instalación o de la prestación del servicio.

Será una infracción por incumplimiento de los deberes de los sujetos inspeccionados:

El suministrar datos o a facilitar la información requerida por la Administración para el cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a las que hace referencia esta ley, así como suministrar información inexacta o documentación falsa.

Atender en tiempo y/o forma los requerimientos formulados por la Administración.

Resistirse u obstruir las actuaciones de la inspección, tanto por el inspeccionado como por terceros.

Manipular, trasladar o disponer, con autorización, de las muestras depositadas reglamentariamente.

Las infracciones calificadas como graves, tendrán la calificación de muy graves cuando concurra una de las siguientes circunstancias:

Haberse realizado aprovechando situaciones de necesidad de determinadas personas, así como originar tal situación, o bien recaer sobre bienes o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado.

Todas las respuestas son correctas.

Producir una alteración social grave, originando alarma o desconfianza en los consumidores o afectando desfavorablemente a un sector económico.

Haberse realizado explotando la especial situación de inferioridad o indefensión de determinados consumidores o grupos de ellos, como inmigrantes, menores, personas mayores o discapacitadas.

Las infracciones graves serán sancionadas con multas:

Entre 2.001 y 30.000 euros.

Entre 5.001 y 60.000 euros.

Entre 3.001 y 40.000 euros.

Entre 4.001 y 50.000 euros.

Con carácter excepcional, en los casos de infracciones muy graves y en los de infracciones graves en que concurran agravantes que lo justifiquen, podrá imponerse la sanción de cierre total o parcial, o no utilización por el responsable del establecimiento, instalación o local, o la de suspensión del servicio o de la actividad en la que se cometiera la infracción. En el caso de infracciones muy graves, estas sanciones no podrán ser impuestas por un plazo superior a:

Dos años.

Tres meses.

Seis meses.

Un año.