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T L 2011.07 AND ARCHIVOS (2º)

A efectos de la ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, se entiende por Archivo intermedio al:

Archivo cuya función es la gestión documental aplicada a los documentos de los organismos a los que están adscritos, transferidos desde las unidades productoras o desde los archivos de oficina, hasta su transferencia al archivo intermedio.

Archivo cuya función es la custodia y conservación de los documentos calificados como de conservación permanente.

Archivo que custodia, conserva, organiza y difunde los documentos, incluidos los electrónicos, en cualquier etapa de su producción o tratamiento, para la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.

Archivo cuya función es la gestión de los documentos transferidos, desde los archivos centrales, hasta su eliminación o transferencia a un archivo histórico, para su conservación definitiva.

Marque la respuesta errónea. La consecución de los objetivos de esta ley está inspirada por los siguientes principios:

Adaptación a las nuevas tecnologías con la promoción de la gestión documental electrónica.

Carácter transversal de las funciones archivísticas recogidas en el artículo 54.

Respeto al origen y al orden natural de los documentos aplicados a lo largo del ciclo vital de los mismos, teniendo en cuenta su productor.

Transparencia, accesibilidad e igualdad, de acuerdo con los derechos de la ciudadanía y las garantías de una sociedad democrática, respetando los derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

Indique la respuesta errónea. Los documentos de titularidad pública que forman parte del Patrimonio Documental de Andalucía son:.

Inembargables.

Imprescriptibles.

Inalienables.

Indisponibles.

Complete la línea de puntos. El procedimiento para la inclusión, en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía, de los documentos a que se refiere el artículo 15.2, se incoará de oficio por la consejería. Este procedimiento tendrá una duración máxima de ... desde la fecha de incoación, transcurridos los cuales sin que se haya dictado y notificado la resolución, este habrá caducado.

Ocho meses.

Diez meses.

Quince meses.

Doce meses.

Las personas privadas, físicas o jurídicas, propietarias, titulares de derechos o poseedoras de documentos constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, tienen la obligación de (señale la opción falsa):

Notificar a la consejería, con carácter previo, la transmisión onerosa de la propiedad, posesión o tenencia de los documentos, en los términos previstos en el artículo 20.

Facilitar la inspección de los documentos, y de los archivos en que estos se custodien, por parte de la consejería, sin limitaciones por el derecho a la intimidad y a la propia imagen.

Notificar a la consejería la transmisión a título de herencia, legado o donación de la propiedad, posesión o tenencia de los documentos en el plazo de tres meses, que se computará desde la fecha en que se haga efectiva la transmisión.

Comunicar a la consejería cualquier accidente o siniestro que motive la pérdida o destrucción de documentos dentro de las veinticuatro horas siguientes al suceso.

La resolución que autorice el traslado de los documentos, de titularidad privada integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, podrá imponer las condiciones que se estimen necesarias para garantizar la conservación de los mismos. La solicitud de autorización deberá ser resuelta y notificada en el plazo de:

Tres meses.

Cinco meses.

Un mes.

Dos meses.

Encuentre la respuesta falsa. Se podrá denegar la autorización para el traslado de los documentos, de titularidad privada integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz:

Cuando el traslado afecte, directa o indirectamente, a documentos vinculados a bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o afectados por inscripción en el mismo, y cuya disgregación o desvinculación influya positivamente en los valores propios de estos bienes.

Cuando las condiciones en que vaya a realizarse el traslado no garanticen la adecuada conservación de los documentos y el mantenimiento de los valores protegidos legalmente.

Cuando la persona solicitante impida o dificulte la inspección que, en caso de que fuera necesaria a efecto de autorizar o denegar el traslado, deba practicarse por la consejería, sin perjuicio de la sanción que pueda imponerse con arreglo a la legislación vigente que le sea de aplicación.

Cuando la nueva ubicación no garantice su adecuada conservación, investigación o difusión, o impida el mantenimiento de sus valores o el cumplimiento de las obligaciones legalmente impuestas.

El órgano colegiado de carácter técnico y de participación, al que corresponde la valoración de los documentos de titularidad pública y la aplicación del régimen de acceso material al patrimonio documental de Andalucía custodiado en los archivos del Sistema, recibe el nombre de:

Comisión Andaluza de Valoración y Acceso al Patrimonio.

Comisión Andaluza del Patrimonio Documental de Andalucía.

Sistema Archivístico de Andalucía.

Comisión Andaluza de Valoración de Documentos.

El órgano colegiado, consultivo y de participación de la Administración de la Junta de Andalucía en las materias relacionadas con el Sistema Archivístico de Andalucía.

La Comisión Andaluza de Valoración de Documentos.

La Comisión Andaluza de Archivos.

La Comisión Archivística Consultiva de Andalucía.

La Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía.

El Archivo General de Andalucía es considerado:

Archivos del Parlamento de Andalucía.

Archivos de titularidad y gestión de la Junta de Andalucía.

Archivos de titularidad estatal y gestión de la Junta de Andalucía.

Archivos de titularidad de la Junta de Andalucía y gestión estatal.

Los Archivos de la Administración de Justicia en Andalucía son considerados:

Archivos de titularidad estatal y gestión de la Junta de Andalucía.

Archivos de titularidad de la Junta de Andalucía y gestión estatal.

Archivos de titularidad y gestión de la Junta de Andalucía.

Archivos del Parlamento de Andalucía.

En el marco de esta ley, la gestión documental está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas a los documentos. Indique la respuesta falsa:

La identificación, la valoración y la organización.

El acceso y el servicio.

La descripción, la conservación y la custodia.

La protección, el intercambio y la búsqueda.

El instrumento necesario para el seguimiento y control de la producción y custodia de documentos electrónicos de la Administración de la Junta de Andalucía, así como de las obligaciones y responsabilidades que conlleva, se denomina:

El Registro General de los Sistemas de Información.

El Registro General para el seguimiento y control Informáticos.

El Registro General de los Documentos Electrónicos.

El Registro General de Documentos Informáticos.

Señale la respuesta equivocada, en relación al derecho de acceso a los documentos de titularidad pública:

Se denegará la consulta directa de los documentos originales a las personas que hayan sido condenadas por sentencia firme por la comisión de delitos contra la seguridad y conservación del Patrimonio Documental.

No se denegará la consulta directa de los documentos originales a las personas que hayan sido condenadas por sentencia firme por la comisión de delitos contra la seguridad y conservación del Patrimonio Documental, cuando se trate de la consulta de documentos pertenecientes a procedimientos en los que sean parte interesada.

El derecho de acceso sólo podrá ser restringido o denegado en aplicación de los límites y causas de inadmisión establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , y en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

El acceso material a los documentos no podrá ser denegado, aún cuando el estado de conservación de los mismos fuera delicado.

En caso de incumplimiento del requerimiento previsto en el artículo 23.1, la consejería podrá acordar la ejecución subsidiaria o la imposición de una multa coercitiva, por cada mes en que se mantenga dicha situación de desobediencia, por importe del:

10% del valor del bien o, si dicho valor no fuere conocido, por importe de hasta seis mil euros (6.000,00 €).

10% del valor del bien o, si dicho valor no fuere conocido, por importe de hasta mil euros (1.000,00 €).

10% del valor del bien o, si dicho valor no fuere conocido, por importe de hasta dos mil euros (2.000,00 €).

20% del valor del bien o, si dicho valor no fuere conocido, por importe de hasta cinco mil euros (5.000,00 €).

Tendrá la consideración de infracción grave, en materia de protección del Patrimonio Documental de Andalucía:

El incumplimiento de la obligación de comunicación prevista en artículo 20.2.

El incumplimiento de la obligación de entregar los documentos de titularidad pública de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.3.

Impedir el derecho de acceso de la ciudadanía a los archivos, contraviniendo los términos previstos en el artículo 65.

La reincidencia en la comisión de más de una infracción grave en el término de un año cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Las infracciones muy graves en materia de documentos de titularidad pública y del Patrimonio Documental de Andalucía se sancionarán con multas de:

Hasta cincuenta mil euros.

Hasta cien mil euros.

Cien mil euros.

Cien mil un euros a trescientos mil euros.

Las infracciones graves en materia de documentos de titularidad pública y del Patrimonio Documental de Andalucía se sancionarán con multas de:

Hasta cincuenta mil euros.

Cincuenta mil un euros.

Cincuenta mil un euros a cien mil euros.

Cien mil un euros a trescientos mil euros.

Con carácter accesorio, se podrá imponer la sanción de inhabilitación para el ejercicio de su profesión en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía del personal directivo, técnico o profesional responsable de acciones tipificadas como infracciones muy graves, durante:

Dos años.

Tres años.

Cinco años.

Un año.

La imposición de las sanciones previstas en esta ley corresponde a la persona titular de la delegación provincial de la consejería:

Multas desde cincuenta mil un euros (50.001 €) hasta cien mil euros (100.000 €).

Multas de hasta cincuenta mil euros (50.000 €).

Multas superiores a cien mil un euros (100.001 €).

Multas desde veinte mil un euros (20.001 €) hasta cien mil euros (100.000 €).