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T L 2011.36 JURISD SOCIAL (1º)

Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:

De las pretensiones cuyo conocimiento y decisión esté reservado por la Ley Concursal a la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso.

En materia de prevención de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades preventivas de riesgos laborales y entre cualquiera de los anteriores y los sujetos o entidades que hayan asumido frente a ellos, por cualquier título, la responsabilidad de organizar los servicios de prevención.

En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente.

De las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores.

Indique la respuesta errónea. Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán:

De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de su circunscripción.

En única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta Ley, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.

De los recursos de suplicación establecidos en esta Ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripción.

De los recursos de suplicación contra las resoluciones de los jueces de lo mercantil previstos en los artículos 64.8 y 197.8 de la Ley Concursal.

Instruirán los incidentes de recusación (marque la opción equivocada):

Cuando se recusare a todos los Magistrados de una Sala de Justicia, el Magistrado que corresponda por turno de antigüedad de los que integren el Tribunal correspondiente, siempre que no estuviere afectado por la recusación.

Cuando el recusado sea un Juez de lo Social, un Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad.

Cuando el recusado sea el Presidente o uno o más Magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, un Magistrado de la Sala a la que pertenezca el recusado, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad.

Cuando se recusare a todos los Magistrados que integran la Sala de lo Social del Tribunal correspondiente, el Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que corresponda por antigüedad.

Indique la respuesta equivocada, en relación a la intervención de abogado, graduado social colegiado o procurador:

La defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia.

En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado.

En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo será facultativa la defensa de abogado.

Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, lo hará constar en la demanda.

Complete la línea de puntos. En relación a las actuaciones procesales, cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las ... al del vencimiento del plazo en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial.

Quince horas del día hábil siguiente.

Catorce horas de los tres días hábiles siguientes.

Catorce horas del día hábil siguiente.

Quince horas del segundo día hábil siguiente.

Los jueces y tribunales de lo social adoptarán sus decisiones, en los casos y con las formalidades legalmente previstas, por medio de (indique la respuesta falsa):

Decretos.

Autos.

Providencias.

Sentencias.

Señale la opción errónea, en relación a las comunicaciones fuera de la oficina judicial:

No se podrá disponer que la comunicación se practique por el servicio de telégrafo, fax, correo electrónico, aunque los interesados facilitaran los datos indicativos para utilizarlos.

En el documento de acuse de recibo se hará constar la fecha de la entrega, y será firmado por el empleado de Correos y el receptor.

En el caso de que el receptor del correo certificado no fuera el interesado se consignará su nombre, documento de identificación, domicilio y su relación con el destinatario.

Las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede de la oficina judicial se harán, cualquiera que sea el destinatario, por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y uniéndose a ellos el acuse de recibo.

Las cédulas contendrán, ente otros, los siguientes requisitos (marque el erróneo):

La prevención de que si comparece le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

El nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento.

El objeto de la citación o emplazamiento.

El juez, tribunal o secretario judicial que haya dictado la resolución, la fecha de ésta y el asunto en que haya recaído.

En los procedimientos de impugnación de altas médicas en los que deba interponerse reclamación previa, el plazo para la contestación de la misma, entendiéndose desestimada una vez transcurrido dicho plazo, será de:

Cinco días.

Siete días.

Ocho días.

Seis días.

El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de X días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido; en concreto:

Siete días.

Veinte días.

Quince días.

Diez días.

Cuando el despido fuese declarado improcedente, por incumplimiento de los requisitos de forma establecidos, y se hubiese optado por la readmisión, podrá efectuarse un nuevo despido dentro del plazo, desde la notificación de la sentencia, de:

Quince días.

Veinte días

Siete días.

Diez días.

Complete la línea de puntos. Si, desde la fecha en que se tuvo por presentada la demanda por despido, hasta la sentencia del juzgado o tribunal que, por primera vez, declare su improcedencia, hubiesen transcurrido más de ... , el empresario, una vez firme la sentencia, podrá reclamar al Estado los salarios pagados al trabajador que excedan de dicho plazo.

Sesenta días hábiles.

Treinta días hábiles.

Noventa días hábiles.

Cuarenta y cinco días hábiles.

El procedimiento para la fijación individual o plural de la fecha de disfrute de las vacaciones se regirá por las reglas siguientes (señale la proposición correcta):

Si una vez iniciado el proceso se produjera la fijación de las fechas de disfrute de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se interrumpirá la continuación del procedimiento.

Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, éstos no deberán ser demandados.

Cuando la fecha esté precisada en convenio colectivo, o por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, o hubiera sido fijada unilateralmente por aquél, el trabajador dispondrá de un plazo de veinte días, a partir de aquel en que tuviera conocimiento de dicha fecha, para presentar la demanda en el Juzgado de lo Social.

Cuando no estuviera señalada la fecha de disfrute de las vacaciones, la demanda deberá presentarse, al menos, con tres meses de antelación a la fecha de disfrute pretendida por el trabajador.

El proceso de impugnación de alta médica tendrá las siguientes especialidades (marque la opción equivocada):

El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda, y la sentencia, que no tendrá recurso, se dictará en el plazo de tres días y sus efectos se limitarán al alta médica impugnada, sin condicionar otros procesos diversos, sea en lo relativo a la contingencia, a la base reguladora, a las prestaciones derivadas o a cualquier otro extremo.

Podrán acumularse otras acciones, como la reclamación de diferencias de prestación económica por incapacidad temporal.

La demanda se dirigirá exclusivamente contra la Entidad gestora y, en su caso, contra la colaboradora en la gestión. No existirá necesidad de demandar al servicio público de salud, salvo cuando se impugne el alta emitida por los servicios médicos del mismo, ni a la empresa salvo cuando se cuestione la contingencia.

Será urgente y se le dará tramitación preferente.

Indique la proposición equivocada. La sentencia, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas:

Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera.

Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada.

Declarará la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad respetados, según su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes.

Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.

No procederá recurso de suplicación en los procesos relativos, entre otras, a las siguientes materias (marque la respuesta equivocada):

Impugnación de sanción por falta que no sea grave, así como por falta muy grave no confirmada judicialmente.

Procesos relativos a la fecha de disfrute de las vacaciones.

Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros.

Impugnación de alta médica cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador.

El recurso de casación podrá fundarse en alguno de los siguientes motivos (indique el erróneo):

Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción.

Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, aunque, en este último caso, no se haya producido indefensión para la parte.

Error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Señale la respuesta falsa. El secretario judicial concederá a la parte recurrente, con carácter previo a que se resuelva sobre el anuncio o preparación, un plazo de cinco días para la subsanación de los defectos advertidos, si el recurrente hubiera incurrido en defectos consistentes en:

Falta de aportación, en el momento del anuncio o preparación del recurso, de los justificantes de la consignación o del aseguramiento, siempre que el requisito se hubiera cumplimentado dentro del plazo de anuncio o preparación.

Defecto, omisión o error en la constitución del depósito o en la justificación documental del mismo.

Insuficiencia de la consignación o del aseguramiento efectuados, incluidas las especialidades en materia de Seguridad Social.

Acreditación suficiente de la representación necesaria o de cualquier requisito formal, necesario para el anuncio o preparación.

Frente a la parte que dejare transcurrir injustificadamente el plazo concedido sin efectuar lo ordenado, y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento específico, el secretario judicial podrá imponer apremios pecuniarios cuando ejecute obligaciones de dar, hacer o no hacer o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una resolución judicial. La cantidad fijada al efecto no podrá exceder, por cada día de atraso en el cumplimiento, de la suma de:

Doscientos euros.

Trescientos euros.

Ninguna respuesta es correcta.

Cien euros.

La ejecución únicamente podrá ser suspendida, cuando así lo establezca la Ley o a petición del ejecutante o de ambas partes por un máximo (salvo que la ejecución derive de un procedimiento de oficio) de:

Tres meses.

Dos meses.

Cinco meses.

Cuatro meses.