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T L 2015.39 PAC (2º)

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene por objeto:

Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

Todas las respuestas son correctas.

Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.

El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.

¿Cuál de las siguientes, no se aplica? La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se aplica al sector público que comprende:

Las Entidades que integran la Administración Local.

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

Las Universidades públicas y privadas vinculadas a las Administraciones Públicas.

El sector público institucional.

A los efectos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

Las personas jurídicas que no ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

En todos los casos, todas las uniones sin personalidad jurídica.

Los menores incapacitados, aún sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad.

Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

Marque la opción errónea. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Los posibles derecho-habientes.

Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

Con relación a la representación, señale la alternativa errada:

La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.

Los interesados con capacidad de obrar, no podrán actuar por medio de representante.

La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de:

Siete días.

Veinte días.

Quince días.

Diez días.

En el ámbito estatal, el registro electrónico general de apoderamiento será el:

Registro Estatal Electrónico de Apoderamientos de la Administración General.

Registro Electrónico Estatal de Apoderamientos de la Administración General.

Registro de Apoderamientos Electrónico de la Administración Estatal.

Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Con respecto a los Registros electrónicos de apoderamientos,¿cuál opción es equivocada?

Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo.

Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí.

No todos los Organismos podrán disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos.

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado.

Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de ... a contar desde la fecha de inscripción.

Cuatro años.

Cinco años.

Tres años.

Seis años.

Con respecto a los nuevos interesados en el procedimiento, señale la opción correcta:

Si durante la instrucción de un procedimiento que haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se esperará a que la administración comunicare a dichas personas la tramitación del procedimiento.

Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.

Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se esperará a que la administración comunicare a dichas personas la tramitación del procedimiento.

Si durante la instrucción de un procedimiento que haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, no se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes:

Sistemas de clave concertada expedida en todo caso por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.

Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.

Señale la respuesta equivocada. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:

Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’

Sistemas de sello electrónico reconocido no cualificado basado en certificados electrónicos no reconocidos pero cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.

Encuentra la alternativa falsa, en relación con la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados:

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada.

En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los documentos que son autenticados en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.

Los registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

Identifique la proposición incorrecta. Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas de los siguientes derechos:

Al acceso a la información privada, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

Señale el enunciado incorrecto. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, entre otros:

Quienes representen a un interesado, aunque éste no se encuentre obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

Las personas jurídicas.

Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.

Las entidades sin personalidad jurídica.

En relación a la lengua de los procedimientos, ubique la proposición equivocada:

En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano.

Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, el procedimiento siempre se tramitará en castellano.

Marque la alternativa incorrecta. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse entre otros en:

Las oficinas de cualquier empresa de mensajería.

Las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

Las oficinas de asistencia en materia de registros.

Las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

Encuentra la afirmación cierta, en relación a la comparecencia de las personas:

Todas las afirmaciones son ciertas.

La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.

Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite.

En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla.

Encuentra la opción errónea. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos:

No serán los responsables directos de su tramitación.

Dispondrán lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

Adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan su tramitación.

Adoptarán las medidas sobre aquello que dificulte o retrase el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos.

Señale la característica equivocada. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen, entre otros, la:

Autenticidad.

Calidad.

Confidencialidad.

Integralidad.