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TEST REPASO TEMA 10

Los principios generales del procedimiento administrativo aparecen regulados en la Ley 39/2015 en:

Art. 2 ""Principios generales del procedimiento administrativo".

Art. 2 "Principios generales del procedimiento administrativo".

Ninguna de la anteriores.

Art. 3 "Principios rectores del procedimiento administrativo".

De acuerdo con lo anterior, los principios del procedimiento administrativo son:

Oficialidad, celeridad, simplificación administrativa, contradicción, proximidad a la ciudadanía y efecto no suspensivo de cuestiones incidentales.

Oficialidad, celeridad, simplificación administrativa, contradicción, transparencia y efecto no suspensivo de cuestiones incidentales.

Oficialidad, celeridad, simplificación administrativa, contradicción y efecto no suspensivo de cuestiones incidentales.

Oficialidad, celeridad, simplificación administrativa, contradicción, transparencia, proximidad a la ciudadanía y efecto no suspensivo de cuestiones incidentales.

En virtud del principio de oficilidad, el procedimiento se impulsará:

Necesariamente por una Administración Pública, por tanto, con carácter oficial.

Se impulsará de oficio o bien a solicitud del interesado, en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

Ninguna de las anteriores.

Se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

Las fases del procedimiento administrativo son:

Iniciación, ordenación, instrucción y finalización.

Iniciación, instrucción y finalización.

Iniciación, ordenación, instrucción y resolución.

Iniciación, ordenación, instrucción, resolución y ejecución.

Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, se podrán adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas:

en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados

Dichas medidas deberan ser confirmadas, modificados o levantadas en el plazo de 15 dias siguientes a su adopción, pudiendo ser motivadamente prorrogadas.

Respuesta a) y el órgano competente para adoptarlas es aquel que también lo sea para inciar e instruir el procedimiento.

En los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados.

Todas son correctas.

¿Cúal de estas medidas provisionales no contemple la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil?

Todas están incluidas.

Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.

La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.

Suspensión temporal de actividades.

De acuerdo con el artículo 56 LPAC, los procedimientos se iniciarán de oficio:

Por acuerdo del órgano competente para instruirlo, bien por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia.

Por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia.

Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia.

En toda caso, por acuerdo del órgano competente o a solicitud del interesado.

En los procedimientos iniciados de oficio por petición razonada de otros órganos, la petición de los mismos:

No vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, no siendo necesario comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación.

Vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, debiendo además comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación.

No vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento.

No vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho.

Todas son correctas.

Las denuncias no deberán expresar necesariamente la identidad de la persona o personas que las presentan, pero si el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración

La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento:

Podrá reducir al denunciante el importe de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

Ninguna de las anteriores es correcta.

Podrá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

Deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:

Apremio sobre el patrimonio.

Embargo preventivo.

Multa pecuniaria.

Todas son correctas

Según el artículo 70 de la LPAC, se entiende por expediente administrativo:

El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

El conjunto ordenado de documentos, actuaciones e informes internos que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Asimismo, también formará parte del mismo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo.

Respuesta A) teniendo necesariamente que tener formato electrónico.

El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Asimismo, también formará parte del mismo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo.

La definición del expediente administrativo (artículo 70 LPAC) se encuentra dentro de la fase de:

Ordenación.

Iniciación.

Finalización.

Instrucción.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, las solicitudes que se formulen deberán contener:

Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

Todo lo anterior forma parte del contenido.

Nombre y apellidos del interesado.

Lugar y fecha.

En caso de no reunir los requisitos de contenidos de la pregunta anterior, ¿Cuál es el plazo para que el interesado subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición?

10 días.

15 días.

10 días, ampliables motivadamente en 5 más.

No menos de 10 ni más de 15 días.

Según lo establecido en el artículo 69.2, una declaración jurada sería:

El documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita.

Ninguna de las anteriores.

Aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

El documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita.

Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas:

Las medidas provisionales sólo se pueden adoptar de oficio, nunca a instancia de parte.

Para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad, debiendo ser confirmadas dentro de los 15 dias siguientes a su adopción.

Para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, debiendo ser dichas medidas necesarias y proporcionadas.

Los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:

En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución definitiva.

En cualquier momento del procedimiento antes de redactar la propuesta de resolución.

En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

En cualquier momento del procedimiento.

Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo:

No superior a treinta días ni inferior a quince. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a quince días.

No superior a treinta días ni inferior a diez.Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días.

No superior a treinta días ni inferior a quince.

No superior a treinta días ni inferior a diez.

Los documentos formalizados por los funcionarios, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario:

Sólo en aquellos casos en los que se le reconozca la condición de autoridad.

Dicha presunción de veracidad la tiene cualquier personal al servicio de las Administraciones públicas.

Siempre.

Nunca, salvo que una ley lo comtemple expresamente.

Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

Preceptivos y vinculantes.

Facultativos.

Facultativos y vinculantes.

Preceptivos y no vinculantes.

Los informes serán emitidos:

Preferentemente a través de medios electrónicos y en el plazo de diez días.

A través de medios electrónicos y en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

Preferentemente a través de medios electrónicos y en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

A través de medios electrónicos y, en todo caso, en el plazo de diez días.

En lo referente a la participación de los interesados, el plazo para el trámite de audiencia será de:

No inferior a diez días ni superior a treinta.

No inferior a diez días.

15 días.

No inferior a diez días ni superior a quince.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia:

Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Cuando el órgano competente para resolver acuerde no abrirlo en un procedimiento.

En ningún caso, siendo un trámite imprescindible en cualquier procedimiento.

Cuando el órgano competente para instruir y resolver lo acuerde motivadamente.

El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento podrá acordar un período de información pública:

No es el órgano competente para resolverlo, sino aquel que lo inicia e instruye.

Cuando la naturaleza de éste lo requiera.

Cuando sea necesario por tratarse de materias que afecten a una colectividad.

Cuando el superior jerárquico lo estime conveniente.

Del periodo de información pública se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde, por un plazo:

20 días.

No inferior a 15 días.

No menos de 10 ni más de 30 días.

No inferior a 20 días.

Los interesados podrán en cualquier momento renunciar a sus derechos:

Siempre, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico.

Siempre, debiendo necesariamente motivarlo.

En todo caso.

En ningún caso, salvo que no esté prohibido por el ordenamiento jurídico.

En el caso de desestieminto y renuncia la Administración:

La aceptará de plano en cualquier caso.

Podrá oponerse motivadamente a la misma.

La aceptará de plano, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

Se opondrá a la misma y continuará con la tramitación del procedimiento si estima que no concurren razones sufientes para ello.

¿Cuál de los siguientes es sólo un derecho de los interesados pero no del resto personas que se relacionan con las administraciones públicas?

A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

En caso de recusación, si el recusado niega la causa de la misma, el superior jerárquico resolverá en el plazo de:

2 días, previo informes y comprobaciones que considere oportunos.

3 días, previo informes y comprobaciones que considere oportunos.

5 días, previo informes y comprobaciones que considere oportunos.

10 días, pudiendo prorrogarse 5 días más.