Página 1 de 1

TRLGHP. (1º). P.I. A2

Corresponde, según dispone el artículo 13 de la Ley General de Hacienda a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda:

La tutela financiera de los entes locales y la colaboración entre estos Entes y la Comunidad Autónoma.

Acordar la redacción del proyecto de Ley del Presupuesto y su remisión al Parlamento.

Autorizar los gastos que no sean competencia del Consejo de Gobierno y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia.

Una vez acordadas por la Consejería respectiva las modificaciones presupuestarias previstas en el artículo 45 de la Ley General de la Hacienda Pública consistentes en transferencias entre créditos del mismo o distintos programas a su cargo, dentro de una misma sección y capítulo, se remitirán:

A la Consejería competente en materia de Hacienda, para su contabilización.

Al Parlamento de Andalucía, para su autorización.

A la Intervención General de la Junta, para su fiscalización.

La persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda podrá concertar las operaciones de crédito a que se refiere el presente artículo fijando sus características, con la limitación de que la suma total de los importes de las operaciones formalizadas vigentes:

no supere el 12 por ciento de los créditos iniciales que autorice el Presupuesto.

no supere el 15 por ciento de los créditos iniciales que autorice el Presupuesto.

no supere el 10 por ciento de los créditos iniciales que autorice el Presupuesto.

Conforme al artículo 34 de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, el estado de gastos del presupuesto aplicará la clasificación:

Orgánica, económica, funcional por programas.

Servicio, sección y provincia.

Orgánica, funcional y por programas, con exclusividad.

La Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, respecto del régimen jurídico de las subvenciones, contiene:

No contiene ninguna regulación, puesto que el Título VIII fue derogado por la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

Toda su regulación, siendo la única ley vigente sobre la materia.

Diversos preceptos, que constituyen su Título VII.

En materia de subvenciones y ayudas públicas, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en el caso de incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá:

Previamente, al menos, que se haya iniciado el procedimiento administrativo, antes de la propuesta de resolución, tendente a acreditar el incumplimiento por parte del beneficiario de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligado.

Previamente que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte del beneficiario de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligado.

Previamente y por la Consejería competente en materia de protección del medio ambiente se hubiese acreditado el incumplimiento por parte del beneficiario de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligado y solicitado la reposición medioambiental del daño causado.

Si el órgano al que afecta el reparo formulado por la Intervención no estuviera conforme con el mismo, se procederá de la siguiente forma:

Cuando haya sido formulado por una intervención delegada, corresponderá su resolución a la Comisión General de Viceconsejeros y/o Viceconsejeras, siendo su resolución obligatoria para aquélla.

Cuando haya sido formulado por una intervención delegada, corresponderá a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo su resolución obligatoria para aquélla.

Cuando haya sido formulado por una intervención delegada, corresponderá a la Intervención General conocer de la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquélla.

En las empresas de la Junta de Andalucía que se encuentren sometidas a control financiero permanente, a las que hace referencia el artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, éste se llevará a cabo mediante procedimientos y técnicas de:

Intervención previa.

Reposición.

Auditoría.

¿Puede proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Agencias?

No, en ningún caso.

Sí, en el caso de que mediante resolución motivada se exceptuara por el titular de la competencia para la concesión de subvenciones, así como el competente para proponer el pago.

Sólo en el caso de que lo autorice el Consejo de Gobierno.

Los gastos que se comprometan en el ejercicio en que se inicia su ejecución, y se extiendan en otros posteriores a aquél son gastos:

De tramitación anticipada.

De ejercicios futuros.

De carácter plurianual.

En los contratos de obras de carácter plurianual se efectuará una retención adicional de crédito por valor del:

10% del importe de licitación.

10% del importe de adjudicación.

15% del importe de licitación.

El órgano al que corresponde realizar la resolución de reparos, cuando el importe del gasto propuesto no exceda de 150.000 euros y el reparo emane de la Intervención General es:

La Comisión de Reparos adscrita a la Intervención General.

La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.

El Consejo de Gobierno.

De conformidad con el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las transferencias de crédito no podrán suponer, en el conjunto del ejercicio, una variación, en más o en menos:

Del 20% del crédito inicial del capítulo afectado dentro de una sección.

Del 10% del crédito inicial del capítulo afectado dentro de un programa.

Del 20% del crédito inicial del capítulo afectado dentro de un programa.

Serán objeto de fiscalización previa del gasto, entre otros:

El reconocimiento de gasto.

El compromiso o disposición de gasto.

La autorización de la obligación.

La estructura del estado de ingresos del Presupuesto de la Junta de Andalucía aplicará la clasificación:

Orgánica, funcional por programas y económica.

Orgánica y funcional por programas.

Orgánica y económica.

El proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año siguiente y su documentación anexa se remitirán al Parlamento de Andalucía:

Al menos 1 mes antes de la expiración del Presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación.

Al menos 3 meses antes de la expiración del Presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación.

Al menos 2 meses antes de la expiración del Presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación.

El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será:

El 5 por ciento.

El interés legal del dinero incrementado en un 20 por ciento.

El interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento.

. Según el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, ¿quiénes son los órganos competentes para conceder subvenciones y ayudas públicas, previa consignación presupuestaria para ese fin?:

Los Directores Generales en los créditos de los programa presupuestarios que gestionen.

Los Titulares de las Consejerías y los Presidentes o Directores de las Agencias, en sus respectivos ámbitos competenciales.

Los Delegados Provinciales en los créditos de los programas presupuestarios que gestionen dentro de su provincia.

De acuerdo con el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía:

El estado de ingresos aplicará la clasificación orgánica, funcional por programas y económica.

El estado de gastos aplicará la clasificación orgánica, funcional por programas y económica. Los gastos de inversión se clasificarán territorialmente. El Estado de ingreso aplicará la clasificación orgánica y económica.

El estado de gastos aplicará la clasificación orgánica, funcional por programas y económica. Los gastos se clasificarán territorialmente.